La huelga de docentes interinos en Canarias: "No somos una plaza, somos personas"

El reloj marca las seis de la tarde y una aglomeración de docentes interinos se congregó ayer frente a la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. Alrededor de un centenar de personas portaban carteles, silbatos, tambores y megáfonos para reivindicar una cuestión común: una salida legal al «abuso de la temporalidad» tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que cuestiona la eficacia de las medidas aplicadas en España para la estabilización del empleo público. En este caso, la movilización se convocó por el sindicato Docentes de Canarias- Insucan, con motivo de la huelga nacional del profesorado no universitario que tuvo lugar ayer. «Los docentes no somos una plaza, somos personas», critica Juan Serafín Marrero, vicecoordinador de la asociación.

Tres décadas de contratos temporales

Salvador Vizcaíno, profesor de viola de conservatorio, lleva tres décadas enlazando contratos temporales. Treinta veranos «con la incertidumbre, angustia y preocupación de no saber si vas a trabajar el curso que viene», cuenta el músico. La falta de estabilización laboral acarrea múltiples consecuencias para su vida, como la imposibilidad de hacer «una planificación familiar ordenada», la cuestión de «no saber si tener uno o dos hijos por no saber si podrá sostenerlos» o pedir una hipoteca, encontrándose con «condiciones abusivas por tener un empleo temporal».

En el caso de esta especialización, Vizcaíno denuncia que «la administración canaria nunca ha celebrado oposiciones para el cuerpo de música de conservatorio», un añadido respecto al resto de docentes que se encuentran en la misma situación. En esta especialidad, el porcentaje de profesores que viven encadenando contratos temporales «es del 100%», según el músico.

Experiencias como las de Vizcaíno, para Víctor Sánchez, representante sindical, sacan a relucir «una paradoja» en la que «el propio Gobierno legisla mediante una reforma laboral» y obliga a las empresas privadas «a hacer contratos indefinidos pasado cierto tiempo, pero esa propia administración es la que luego no lo hace».

Miedo a no tener plaza

La situación de tener que ser despedido a final de curso y ser contratado de nuevo al inicio genera que muchos profesionales se vean empujados a irse a las islas no capitalinas por temor a no tener plaza en Gran Canaria o Tenerife. Elisabeth Hernández, maestra de audición y lenguaje, tuvo que hacer las maletas y partir para Fuerteventura, a pesar de tener toda su vida en la capital oriental. «Todos tenemos familia y circunstancias personales, pero, si te cierras a las islas capitalinas, puede que no tengas trabajo a curso completo», relata la maestra, que añade que, si bien no tiene problemas en su puesto de trabajo, se le cierra la posibilidad de estar donde quiere estar, junto a su familia.

A pesar de esto, los problemas no se acaban al abrir el horizonte laboral hacia las islas menores, sino que se acrecientan otros, como el acceso a la vivienda. En palabras de Daniel Morales, representante sindical de Insucan, «cada curso escolar, te despiden a 31 de agosto y te contratan a 1 de septiembre, previo procedimiento de adjudicación de destino». En este sentido, especifica que, a lo mejor un curso escolar estás en Fuerteventura, otro en El Hierro y otro en Lanzarote. «Eso, sumado al problema habitacional que existe en las Islas, se convierte en un problema añadido».

1600 euros anuales

Existe un caso de especial relevancia: los destinados a La Graciosa. El vicecoordinador de Insucan, Juan Serafín Marrero, revela el caso de trabajadores que tienen que pagar de su bolsillo el barco hasta la octava isla, al no poder llegar en coche. «Estamos hablando de 160 euros mensuales, que son 1600 euros anuales sólo por ir a trabajar», critica Marrero.

Los datos de la afluencia a la huelga enviados por la Consejería de Educación señalan que, tras consultar al 78% de todos los centros de Canarias, a las 16.00 horas de ayer secundaron la huelga un 4,53% (769 personas) del personal funcionario y laboral docente de los centros públicos no universitarios del Archipiélago. A este respecto, Marrero afirma que se ha encontrado con testimonios de docentes que se plantean no acudir a la huelga «por miedo a que se les sancione y no se les vuelva a contratar».

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