El Parlamento convalida el decreto canario anticrisis pero rechaza ampliar sus medidas al no tramitarlo como ley

Dos meses y un día después del comienzo de la guerra en Oriente Medio, el Parlamento de Canarias convalidó este miércoles por unanimidad el decreto autonómico que pretende paliar los efectos económicos negativos del conflicto bélico. Una norma que caduca el 30 de junio -quedan 62 días de vigencia- y que permanece inalterada porque los grupos que apoyan al Gobierno (CC, PP, ASG y AHI) no aceptaron tramitarlo como ley para introducir “mejoras sociales y ayudas directas a las familias”, como exigieron sin éxito el PSOE y NC-Bc.

El cuatripartito que sustenta al Ejecutivo no se movió ni un ápice de los argumentos esgrimidos desde hace un mes, cuando el Consejo de Gobierno aprobó el decreto: tramitarlo como ley podría en realidad obstaculizar la agilidad en la adopción de nuevas normas extraordinarias, como resumió el nacionalista José Miguel Barragán.

No fueron ni el presidente Fernando Clavijo ni su ‘número dos’ y consejero de Economía, Manuel Domínguez, los encargados de defender este escudo anticrisis autonómico, y dejaron en manos de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, la apología de las medidas adoptadas: el coste de las ayudas es de 29,8 millones hasta el 30 de junio, que subiría hasta los 46,7 millones si se extendieran a todo 2026 y a 68,9 millones si se prorrogaran por un año.

El coste de las ayudas asciende a 29,8 millones hasta junio y a 46,7 millones si duran todo el año 2026

"Pese a que los impuestos que a nivel nacional se han reducido no nos afectan, sí repercute en el sistema de financiación autonómico, ya que que la minoración afecta a las transferencias horizontales que recibirá Canarias, porque serán menores", afirmó Asián.

La oposición asegura que la norma llega "tarde y mal"

Por ello, adelantó que en caso de prolongarse la guerra y el Estado prorrogase sus ayudas, Canarias planteará una compensación de 150 millones de euros anuales por los efectos de la merma recaudatoria en la financiación autonómica. Además, solicitará que los transportistas canarios sean incluidos en las ayudas estatales con un descuento equivalente a 20 céntims de euro por litro.

El socialista Sebastián Franquis insistió en que el decreto "llega tarde, mal y con una alarmante falta de sensibilidad social" y afeó la "ausencia en este debate" del vicepresidente Domínguez.

El portavoz socialista comparó la actuación de Canarias con la de otros territorios, como el País Vasco, que ha movilizado más de 1.047 millones de euros, o Cataluña y la Comunidad Valenciana, con paquetes de 400 millones, y Galicia, con 150 millones. Frente a ello, criticó que Canarias, con mayores tasas de paro, pobreza y desigualdad, haya respondido con una cuantía muy inferior: "Allí se actúa; aquí se aparenta".

Canarias pedirá al Estado una compensación de 150 millones anuales si la guerra se prolonga

Las familias han sido ignoradas

En parecidos términos, Luis Campos (NC-Bc) consideró "irrisoria" la cifra de 29,8 millones de euros del paquete gubernamental, de los que de fondos propios del Ejecutivo canario son apenas 14,5 millones para hacer frente a una situación que "impacta directamente en las familias desde el primer día y lo seguirá haciendo durante meses".

"Estamos hablando de apenas siete millones de euros que ha puesto el Gobierno para atender a los sectores productivos y a las familias con menos recursos, que han sido ignoradas", denunció.

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