El PP impulsa desde Canarias la reforma de la ley estatal de Costas para blindar los núcleos tradicionales

El PP y el PSOE, que suman una amplísima mayoría en el Congreso -a la que se añade la absoluta que los conservadores tienen en el Senado-, se unieron este martes en el Parlamento de Canarias para promover la modificación de la ley estatal de Costas de 1988. Una situación no muy común, máxime porque la iniciativa parte de la bancada del PP, que argumentó que la norma vigente ha provocado durante décadas una situación de inseguridad jurídica a numerosos núcleos tradicionales del Archipiélago afectados por el dominio público marítimo-terrestre.

De hecho, la diputada de NC Carmen Hernández valoró que tanto PP como PSOE expresen ahora la voluntad de modificar una ley que calificó de "injusta".

La propuesta, defendida por la diputada popular Jennifer Curbelo, sitúa a Canarias como punto de partida de una reforma estatal que el PP considera necesaria para corregir los efectos de una ley que, a su juicio, no atendió a las singularidades territoriales, sociales y culturales de las islas.

Curbelo sostuvo que acometer esa modificación es “de justicia y de coherencia” y evitó plantear el debate en términos de reproche partidista: “No es una cuestión de quién tiene la culpa sino de dar respuesta a personas que han visto comprometidas sus viviendas, su modo de vida y la propia identidad del Archipiélago.

"Un calvario judicial"

En su intervención, Curbelo puso el acento en las personas que, durante 38 años, afrontaron “un calvario judicial para salvar sus casas” por la aplicación de una ley que, denunció, “dibuja líneas sin criterio, con dientes de sierra injustificados”, y que ha puesto en jaque la seguridad jurídica de muchos vecinos de la costa canaria.

El PSOE apoyó la iniciativa, aunque introdujo una enmienda para reclamar al Gobierno de Canarias que no se limite a mirar hacia Madrid. El diputado Rafael Nogales defendió que la solución exige también desarrollar las competencias transferidas mediante una ley autonómica. “Esta situación no nace hoy, ni se resolverá únicamente con una declaración de intenciones remitida al Estado”, advirtió, antes de reprochar al PP que, cuando tuvo mayoría absoluta en el Congreso, “no hizo nada”.

La iniciativa salió adelante con el respaldo de todos los grupos en su punto central: instar al Estado a reformar la Ley de Costas. Además, la Cámara acordó solicitar que se culmine de forma definitiva la transferencia de las competencias en materia de Costas, recogida en el Estatuto de Autonomía, y que Canarias elabore y apruebe su propia ley autonómica. En este extremo, Vox se desmarcó y votó en contra.

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