El Estado abre la puerta a un acuerdo sobre el plus de Canarias a las pensiones no contributivas

Principio de acuerdo entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma para mantener el complemento del Ejecutivo regional de 400 euros a las pensiones no contributivas. La discusión entre ambos gobiernos es jurídica para evitar que los beneficiarios pierdan la paga si la suma entre ambas cantidades supera el tope de ingresos anuales establecido en los Presupuestos Generales del Estado. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, advierte que "hay que buscar una interpretación del texto que asegure que las familias no van a perder ninguna cantidad, lo que queremos es dar seguridad jurídica a los pensionistas". Ayer tuvo lugar una reunión técnica entre representantes del Gobierno central y del Ejecutivo regional para acercar posiciones tras el aviso del Estado de los visos de inconstitucionalidad de varios preceptos de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2026, entre ellos la disposición que incluye el complemento de 400 euros en dos pagas a ingresar en mayo y noviembre.

Según valora la Consejería de Bienestar Social "en la primera reunión técnica, el Estado se ha mostrado interesado en desbloquear la ayuda y, a falta de la concreción en un documento que plasme los acuerdos y su ratificación legal, ha mostrado su intención de no presentar recurso de inconstitucionalidad sobre el suplemento canario".

Aportación autonómica

Torres recordó que en la pasada legislatura el Gobierno del pacto de las flores ya aprobó un plus autonómico de forma extraordinaria y aseguró que el Gobierno central está a favor de que las comunidades autónomas complementen, pero que el PP se ha opuesto en las Cortes. "Tenemos el problema de que la suma de las dos cantidades no pueden sumar más del tope establecido en la ley de presupuestos porque si no el pensionista perdería la prestación, es lo que tenemos que resolver desde el punto de vista jurídico", aclaró el ministro, que reiteró que la voluntad del Gobierno es que los beneficiarios no pierdan ni un euro, por lo que hay que dar seguridad jurídica a la norma para evitar problemas.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explica que “hemos trasladado al Estado una propuesta muy concreta: modificar el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para que se pueda contemplar el desarrollo de un complemento a las PNC en Canarias, como región ultraperiférica, sin que compute como ingreso; e incluir entre las rentas exentas de cómputo los complementos que puedan establecer las comunidades autónomas”. “En nuestra comunidad, según los datos del Imserso, hay 25.621 pensiones no contributivas de jubilación y 16.197 de incapacidad, lo que hace un total de 41.818 personas que viven con ingresos muy ajustados en un territorio insular, con costes de vida más altos y más dificultades de acceso a servicios”.

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