Dos excepciones irrelevantes

Ayer miércoles, segundo día del pleno, el Gobierno perdió una votación. Al Ejecutivo de Pedro Sánchez le ha pasado mucho, pero en el mundo del exterior de la M30 resulta bastante inhabitual. Los socialistas habían presentado una proposición no de ley en la que se rechazaba el cierre de las escuelas infantiles unitarias que prestan servicio en Anaga y Las Folías por parte de la Consejería de Educación, y asombrosamente ganaron la votación, 31 votos frente a 29, para regocijo de los docentes y sindicalistas desde la tribuna del público. La hipótesis es que la AHI y la Agrupación Socialista Gomera no unieron sus votos a la mayoría en esta ocasión -no les gusta el cierre de las escuelas unitarias- y a eso se le sumó la ausencia de algunos diputados de CC y PP, que ganduleaban por las cercanías. Los socialistas estaban singularmente complacidos, como los diputados de Nueva Canarias, aunque para ganar contaron con los votos de Vox, a los que por supuesto no hicieron ascos. A la señora Paula Jover, en particular, no parecía que le hubiera hecho mucha gracia votarle una PNL a los rojos, que jamás votarán una PNL de Vox.

Otro hecho muy poco frecuente: mientras en la Cámara regional Coalición y el PP siguen a partir un piñón, como un matrimonio sin pasión pero que comparten sofá gubernamental y mantita presupuestaria y no piensan divorciarse jamás, en el Congreso de los Diputados los conservadores afeaban a los nacionalistas el apoyo de Cristina Valido al decreto anticrisis de Pedro Sánchez, «al mismo tiempo que recriminaba al Gobierno socialista no atender las particularidades de Canarias en el contexto de esta crisis energética», según apuntó la diputada del PP por Las Palmas Jimena Delgado. Cree uno que el Partido Popular debería ser más comprensivo. Después de que en mayo de 2023 CC recuperara la centralidad política -contando además de forma cuasiestructural con AHI y ASG- puede hablar de sus intereses con todo el mundo. Me cuesta incluso imaginar que Fernando Clavijo y Manuel Domínguez hablen de un asunto tan fútil como los comentarios laterales de doña Jimena.

En las comparecencias no fue muy tranquilizador lo de las reservas estratégicas de productos petrolíferos con que cuenta Canarias. Diga lo que diga el vicepresidente Domínguez, las reservas en territorio canario son ridículas y se agotarían en pocos días, incluso en el caso de imponer restricciones de consumo. Los protagonistas de cualquier película de apocalipsis zombi tendrían más probabilidades de sobrevivir que los canarios si por los puertos de las islas no entrara una gota de gasolina o fuel durante más de quince días. El propio Domínguez, muy probablemente, se transformaría en zombi si se quedara sin coche oficial por falta de gasofa. Después se habló de viviendas. Más o menos la misma fraseología para idénticos diagnósticos, ocurrencias, monotonías argumentales, esperanzas y escepticismos. Después aterrizó en el salón de plenos, sonriente y severa, morena y estilosa, eficaz y contenida, inmediata y remota, Jéssica de León, la consejera de Turismo y Empleo, que es una estajanovista de comparecencias y preguntas. De León ofrece a menudo la actitud de un médico que recorre aldeas en medio de la selva más peligrosa para informar lacónicamente a los pacientes de su enfermedad, pincharles una estadística y salir corriendo a otra aldea. Siempre está donde debe estar y, sin embargo, apenas sale de sí misma, lo que se proyecta en un estilo parlamentario poco común en esta Cámara. La comparecencia más delicada, solicitada por el PSOE y NC, pretendía que la titular de Turismo explicara los expedientes sancionadores que su departamento ha abierto a familias que residen en viviendas consideradas legalmente turísticas, un efecto perverso de un conjunto de torpezas jurídicas de las que nadie se responsabiliza, sencillamente porque todos los grandes partidos son responsables. De León pidió disculpas a los sancionados pero explicó que sus inspectores tenían que cumplir y hacer cumplir la ley. Preguntó a los socialistas por qué no modificaron la normativa en sus cuatro años de mandato. Y garantizó que estaba manteniendo reuniones para superar esta situación, técnicamente compleja por la espesa urdimbre legal que se entrecruza en este caso. El diputado socialista Gustavo Santana intentó hacer pupa, pero no lo consiguió del todo. Esther González montó en la tribuna su habitual exorcismo portátil contra la mala entraña de la derecha y su placer en humillar a los pobres. De León la escrutaba desde su escaño con un pizco de asombro, como Lévi-Strauss observaba a los nambikwara durante sus danzas rituales.

Si alguien creía que la crisis de la vivienda había desaparecido es un ingenuo. Volvió a brotar como un feo champiñón tras una lluvia de alarmas, digresiones e indignaciones de horas antes cuando se pasaron a debatir las interpelaciones. Una pesadilla. ¿Qué sentido tiene interpelar a un consejero que ya ofreció su información y sus propósitos en una comparecencia? Pero la Mesa de la Cámara -la Alta Mesa, que diría John Wick- es indescifrable. Y sobre todo, la oposición tiene su corazoncito. Al ser minoría numérica debe aprovechar todos los mecanismos plenarios para multiplicar su presencia y aumentar (supuestamente) la fiscalización del Gobierno. Con todo, la interpelación más interesante fue la dirigida a Matilde Asián, sacerdotisa de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la UE, para que explique cómo pretende el Gobierno mejorar el grado de ejecución presupuestaria de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El diputado Manuel Hernández Cerezo estuvo solvente y contundente cuando alertó el efecto desastroso de la baja ejecución. Por el momento, la comunidad autónoma deberá devolver más de 200 millones de euros por incumplir el plazo para materializar el gasto/inversión de los fondos. En lo que se equivoca Hernández Cerezo es en eso de que para el Gobierno autonómico «todo son excusas». Parece harto dudoso que si continuara el PSOE al frente del Ejecutivo canario las cosas serían sustancialmente distintas. Hace tres años los porcentajes de ejecución del Gobierno español eran muy aceptables, ahora alcanzan el 55%, y no es una mala cifra en el contexto europeo. Cuantos más fondos llegan, más difícil es gastarlos. No es primordialmente una cuestión de competencia política, sino de capacidad técnico-administrativa para gestionar un volumen de recursos extraordinario. Canarias finalizará el año con una ejecución que se aproximará mucho al 54%, según la consejera de Hacienda. Quizás sea optimista. En todo caso lo que evidencia esta situación es la necesidad perentoria de mejorar unas administraciones públicas más eficientes y más eficaces, más interconectadas y más rápidas.

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