Jaime Serrano-Jover, de la lucha contra la corrupción a la Fiscalía Superior de Canarias
El fiscal de Santa Cruz de Tenerife, conocido por su intervención en asuntos tan mediáticos como el 'caso Mediador', asumirá el cargo que dejó vacante María Farnés

El fiscal Jaime Serrano-Jover. / LP/DLP

La Fiscalía Superior de Canarias ya tiene nuevo rostro, vinculado, una vez más, a la lucha contra los delitos económicos –especialmente los que implican a funcionarios públicos–, blanqueo de capitales y crimen organizado. El Consejo Fiscal ha elegido este jueves al delegado del área de Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, Jaime Serrano-Jover, para asumir la máxima representación del Ministerio Público en el Archipiélago. La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, avaló la propuesta, que ahora elevará al Gobierno para hacer efectiva la designación.
Asume el cargo tras el ascenso de su predecesora María Farnés Martínez-Frigola, quien también persiguió conocidas tramas corruptas de Tenerife como el caso Las Teresitas, a fiscal de sala jefa del Tribunal Supremo, donde ejercerá en la sección penal.
Peramato valoró para la propuesta de Serrano-Jover su "profundo conocimiento jurídico, capacidad de trabajo, habilidad para generar equipos y actividad docente". Además, señala que su plan de actuación demuestra "un conocimiento profundo del Archipiélago y de los problemas de las Fiscalías en el territorio". Optaba también al cargo la jefa de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Beatriz Sánchez Carreras.
Peramato destaca su "conocimiento profundo" de los problemas de los fiscales en las Islas
La designación incluye como teniente fiscal de la comunidad autónoma de Canarias a Ernesto José Vieira. Este profesional ingresó en la carrera fiscal en 1985 y fue designado inicialmente en Badajoz. Más adelante, en 1987, se incorporó a la Fiscalía Provincial de Las Palmas y ejerció como coordinador del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 1991, antes de empezar como fiscal coordinador en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria.
Vieira fue nombrado teniente fiscal de Las Palmas en 2008 y recaló en 2016 en Santa Cruz de Tenerife para asumir la función de delegado de Protección de Datos. La Fiscal General del Estado resaltó su "intensa actividad formativa y su capacidad multidisciplinar", así como su "comprensión de las formas de delincuencia del entorno geográfico insular".
El nuevo fiscal superior es conocido por su participación en algunos de los asuntos más mediáticos de las Islas, como el caso Mediador, el caso Arona o el caso Áridos. Licenciado en Derecho en 1998 por la Universidad San Pablo C.E.U., aprobó en mayo de 2003 la oposición para acceder a la Carrera Judicial y Fiscal, aunque finalmente encontró su lugar en este último ámbito. Su primer destino recaló en Santa Cruz de La Palma, donde asumió el cargo de fiscal coordinador en 2004.
Experiencias previas
Después, en 2005, se incorporó a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y quedó adscrito en un primer momento a los juzgados de violencia sobre la mujer. También ejerció en especialidades de Extranjería, Civil, Social y prevención de delitos relacionados con la corrupción. Llevó a cabo, a su vez, destacadas cuestiones de inconstitucionalidad e incidentes de nulidad.
Cuenta con formación destacada sobre delitos urbanísticos, corrupción política, fraudes a la administración pública y está especializado en ilícitos económicos. Tras una reconocida etapa en el área de Medio Ambiente y Urbanismo, fue nombrado en 2022 delegado de la sección contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, donde tomó, una vez más, el relevo de Farnés después de que esta pasase a la Fiscalía Superior de Canarias.
El único en postularse
Serrano-Jover aportó su currículum profesional y fue el único fiscal en postularse para una de las áreas más sensibles del Ministerio Público en Tenerife. Además, su propuesta contó con el visto bueno de la fiscal jefa provincial en ese momento, Carmen Almendral, y del fiscal de Sala jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón Cánovas.
Durante años ha perseguido con rigor a criminales y mandatarios de las administraciones públicas locales e insulares de la provincia por diversos delitos de prevaricación administrativa urbanística y contratación pública. Sin embargo, su nombre empezó a sonar con más fuerza tras asumir el caso Mediador.
En enero de este año, el fiscal decidió mantener la acusación por cohecho contra los tres encausados en esta primera pieza de la trama corrupta. Finalmente, todos ellos fueron condenados en base al veredicto del jurado popular, que determinó que eran culpables después del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
La propuesta incluye como teniente fiscal de Canarias a Ernesto José Vieira
La causa principal se juzgará, previsiblemente, a principios de 2027. Pero, ya durante la fase de instrucción, Serrano-Jover reclamó la prisión provisional para el general retirado Francisco Javier Espinosa Navas porque apreciaba riesgo de fuga y una posible ocultación o destrucción de pruebas.
De la misma forma, jugó un papel destacado en la petición de la Policía para registrar el despacho en el Congreso del exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo. El representante del Ministerio Público se opuso, por la inviolabilidad de las Cortes, al acceso sin restricciones, si bien planteó acudir a la Cámara Baja para recabar datos de dispositivos y efectos del investigado.
Etapa formativa
Por otro lado, Serrano-Jover ha impartido clases a policías locales y agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria en las instalaciones que tiene la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias en la capital tinerfeña. Participó, igualmente, en unas jornadas sobre el uso de armas de fuego por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, un encuentro en el que expuso las cuestiones legales en el uso de la fuerza durante las intervenciones policiales.
Entre sus actuaciones más destacadas, ejerció la acusación pública contra un exalcalde del municipio tinerfeño de Candelaria, Gumersindo García, y un exedil de Urbanismo, Domingo Ramos, por un delito de prevaricación administrativa. Puso el foco en la adjudicación sin concurso a una sociedad del empresario Antonio Plasencia para las obras de reforma de varias instalaciones del campo de fútbol del núcleo de Barranco Hondo. Los trabajos generaron un gasto para las arcas municipales de 243.000 euros.
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