El Parlamento de Canarias avala levantar un 'muro' de 300 metros entre el juego y los centros educativos

El Parlamento, con la abstención de la oposición -PSOE, NC y Vox- avaló este jueves la nueva planificación del juego en Canarias, cuyo objetivo, como aseguró la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, es "blindar los centros educativos y de menores y a las personas vulnerables" frente a una actividad económica que, como ella misma subrayó, "tiene también una profunda incidencia social".

Barreto incidió durante toda su intervención en que la protección de menores es la base de todo el decreto y, por ello, la distancia de 300 metros se extenderá ahora a todas las etapas educativas. Hasta este momento, la 'distancia de seguridad' se centraba en Secundaria y Bachillerato, pero la nueva planificación incluirá también Infantil y Primaria, además de los centros de menores dados de alta en Educación o en Bienestar Social.

La norma tendrá una vigencia de cinco años, prorrogable por otros cinco, y busca cerrar los huecos que, según el Gobierno, han permitido situaciones indeseadas alrededor de colegios e institutos.

"A partir de ahora tendremos blindada la protección de los menores y de los colectivos vulnerables", insistió la consejera.

La protección de los colectivos vulnerables también tendrá reflejo en el registro de autoexclusión. Las personas con ludopatía que se inscriban en él deberán permanecer al menos seis meses, con el fin de evitar entradas y salidas inmediatas que resten eficacia a la medida.

29 infractores

Un blindaje más que necesario porque un total de 29 casas de juegos y apuestas abrieron en las Islas sin respetar la distancia mínima de 300 metros respecto a centros educativos. De ellas, 26 se encuentran en Gran Canaria y las otras tres en Puerto de la Cruz en Tenerife, La Palma y Fuerteventura.

Barreto insistió en que esas infracciones ocurrieron pese a que una disposición adicional del decreto de medidas sobre la temporalidad en el empleo público, aprobada por su departamento en diciembre de 2023, ya prohibía este tipo de aperturas desde el 1 de enero de 2024. Una retroactividad que se introdujo precisamente para que no hubiera "ni un solo día" en el que los operadores pudieran abrir estos negocios "donde les diera la gana".

Sin embargo, el Ejecutivo tuvo que abrir expedientes de cierre en todos los casos y los operadores acudieron a los tribunales, aunque la consejera recalcó que la primera decisión judicial ha sido favorable al Gobierno de Canarias.

Control de acceso para evitar "picarescas"

El decreto no se limita a fijar distancias. También cambia la forma de entrar en estos establecimientos. El actual servicio de admisión dará paso a un control de acceso en el que habrá que acreditar la mayoría de edad. La intención es evitar que los menores puedan acceder a las zonas de juego o aprovechar resquicios en locales con cafetería.

Para impedir esas “picarescas”, como las definió la consejera, las cafeterías de las salas no podrán estar conectadas con la zona de juego, ni siquiera para pasar al baño. Los establecimientos dispondrán de un plazo de 12 meses para ejecutar las obras necesarias.

Otra de las barreras que introduce la norma es la distancia mínima de 200 metros entre salas de juego y salas de bingo. Además, se incorporan medios de pago electrónicos, una medida que Barreto vinculó a la seguridad tras los atracos registrados recientemente en varios establecimientos de este tipo en Canarias.

El peligro del juego online

La comparecencia dejó un respaldo general de los grupos al decreto, salvo Vox, que expresó sus dudas y reclamó más acciones de prevención de la ludopatía. Desde el PP y el PSOE se puso el acento en otro frente: el juego online. La conservadora Mónica Muñoz y el socialista Gustavo Matos coincidieron en que la gran amenaza ya no está solo en los locales físicos, "sino en el móvil", pues el gran desafío está en el entorno digital.

La diputada de CC Jana González puso cifras a la preocupación al alertar de que un 12% de los adolescentes en Canarias reconoce tener problemas con los juegos de azar, lo que equivale a casi 10.000 jóvenes, y que un 8,4% presenta adicción a las apuestas, en algunos casos con gastos diarios de hasta 300 euros.

Barreto admitió que "la gran adicción" se encuentra ahora en el juego en línea, pero recordó que esa materia corresponde al Estado. Aun así, defendió la necesidad de trabajar de forma coordinada y mencionó la colaboración con la Consejería de Educación mediante charlas en las aulas sobre el uso responsable de las pantallas.

La consejera también miró hacia los ayuntamientos, pues el Gobierno ha pedido colaboración a la Federación Canaria de Municipios -Fecam- para que las corporaciones actúen sobre la imagen exterior de las casas de apuestas mediante ordenanzas municipales, pues existen carteles especialmente llamativos, con "lucecitas que parecen de Navidad" y defendió que esa publicidad deje de ser un reclamo visual, sobre todo en entornos sensibles.

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