¿Extranjero o no residente?: el dilema para limitar la venta de casas en Canarias

La discusión política sobre lograr que la Unión Europea (UE) permita a Canarias restringir la compra de casas a los no residentes, además del trasfondo político y jurídico, conlleva una pregunta que los distintos partidos políticos aún no han resuelto: ¿de quién hablamos exactamente y qué es lo que se va a limitar?

Dos diputadas de ideologías diferentes –Patricia Hernández (PSOE) y Jennifer Curbelo (PP)– pusieron el dedo en la llaga en la última sesión parlamentaria celebrada el 27 de abril. Socialista y conservadora coincidieron en la necesidad de "centrar el tiro" a la hora de entablar un debate poliédrico que se enfrenta a una maquinaria legal europea compleja.

"¿A qué no residentes nos referimos?", planteó Curbelo. "¿A los que vienen de Venezuela y no habían residido antes aquí en Canarias? ¿A nuestros hijos que se han marchado, han vivido en varios lugares del país o del mundo y quieren volver para comprar una vivienda?"

Evitar apoyos indeseados por no tener claros los conceptos

Hernández coincidió con la diputada del PP en la necesidad de "fijar los conceptos y saber de qué estamos hablando" porque cuando las palabras se mezclan demasiado, advirtió, pueden abrir la puerta a apoyos indeseados o a enfoques que nada tienen que ver con el objetivo inicial. "De repente, se nos puede colar el apoyo de Vox porque los conceptos los estamos mezclando tanto que se pueden difuminar", señaló.

La exalcaldesa de Santa Cruz afinó la diferencia: la cuestión no es perseguir al extranjero por ser foráneo –como defiende Vox con su concepto de "prioridad nacional"–, sino limitar compras de casas que no son para vivir. "¿Nos molesta que los trabajadores italianos de un supermercado compren una casa? Eso sería una discriminación por nacionalidad", planteó.

Tanto Hernández como Curbelo recordaron que en Canarias se puede ser extranjero, trabajar durante años en esta tierra y, conforme al Estatuto de Autonomía, ser considerado canario y llegar incluso a ser diputado. Por eso, ambas insistieron en que "una cosa es ser extranjero y otra es ser no residente".

Razones imperiosas de interés general

El artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) -que viene a ser la Constitución europea- prohíbe, con carácter general, las restricciones a los movimientos de capitales, incluidas las relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles por nacionales de la UE no residentes. Bruselas ya ha advertido de que una limitación de este tipo solo podría abrirse camino si se justifica por "razones imperiosas de interés general" y si supera el filtro de proporcionalidad.

Ahí situó Curbelo una de sus cautelas: pedir a la UE "una medida tan extraordinaria" cuando Canarias apenas dispone de un parque público de vivienda del 1% obliga, como mínimo, a preguntarse si se está empezando la casa por el tejado. La diputada popular no negó el problema, pero rechazó el camino de la proscripción como respuesta automática. "No creemos en una política ni del castigo ni de la prohibición", resumió.

El consejero Pablo Rodríguez insiste en que el Gobierno busca proteger "a los que vivimos aquí, hayamos nacido donde hayamos nacido"

La precisión no es baladí. Si el debate se formula como una restricción a extranjeros, se desliza hacia una discriminación por nacionalidad difícilmente compatible con el derecho europeo. Si se orienta, en cambio, hacia la compra de casas por no residentes cuando no tiene como destino el uso de vivienda habitual, la conversación cambia de terreno: deja de mirar el pasaporte y empieza a mirar el uso del inmueble.

Esa es la línea que defendió el consejero Pablo Rodríguez. La propuesta de Canarias, aseguró, "no será nunca discriminatoria", porque no pretende señalar a nadie por su origen, sino limitar la compra de vivienda por no residentes cuando no sea para uso habitual y se utilice con finalidad especulativa, como alquiler vacacional o explotación turística.

"Es una protección para los que vivimos aquí, hayamos nacido donde hayamos nacido", sostuvo.

¿Vivir o invertir?

El planteamiento que se abre paso combina tres frentes: límites a la segunda residencia, control del alquiler vacacional y medidas fiscales. Se trataría, por tanto, de distinguir entre vivir e invertir; entre residencia y rentabilidad; entre arraigo y extracción de valor en un territorio limitado, fragmentado y con suelo escaso.

David Toledo, desde CC, fue quien forzó este último debate en el Parlamento y lo encapsuló en una frase de trazo grueso: "La garantía de que vivir en Canarias sigue siendo posible para los canarios, ni más ni menos. Si no se entiende eso es que no se entiende nada". Aunque no especificó, como sí hizo el consejero, quienes son considerados canarios en esa ecuación.

El reto es dejar de mirar el pasaporte y centrarse en el uso que se va a dar al inmueble

La tesis del nacionalista conecta con una inquietud extendida desde el año 2000 en el argumentario de los nacionalistas en Archipiélago: que las Islas acaben siendo un lugar rentable para comprar, visitar o explotar, pero cada vez menos posible para residir.

Canarias apela a su condición de región ultraperiférica, a la presión demográfica, a la fragilidad territorial y al impacto de la turistificación. El Ejecutivo autonómico ha elevado su estrategia a foros europeos vinculados a territorios insulares, defendiendo que las singularidades de las Islas justifican medidas específicas.

Impedir la expulsión residencial

La dificultad, sin embargo, está en demostrar que la medida es necesaria, proporcionada y no discriminatoria. No bastará con decir que la vivienda está cara. Habrá que probar que la compra de casas por no residentes destinada a usos no habitacionales contribuye de forma relevante a la expulsión residencial, y que no existen alternativas menos restrictivas para lograr el mismo objetivo.

La pregunta final, entonces, no es si Canarias puede prohibir por prohibir. La pregunta es si puede construir una medida quirúrgica, defendible ante Bruselas y justa para quienes habitan las Islas. Una medida que no castigue al que viene a trabajar, al que regresa o al que echa raíces, pero que sí ponga límites a la conversión de la vivienda en simple activo de temporada.

"No será sencillo, no será fácil, pero es posible", concluyó el consejero Rodríguez.

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