El viaje forzado de Aliou: "No quería irme de Canarias"

Fue en septiembre de 2023 cuando Aliou Ba, con apenas 15 años, llegó a El Hierro a bordo de un cayuco procedente de Senegal. Permaneció un mes en la isla antes de ser trasladado a Gran Canaria, donde se instaló en un centro de menores migrantes. Allí vivió durante dos años, hasta que su vida volvió a dar un giro inesperado: el proceso de traslados de menores no acompañados lo obligó a marcharse y empezar de nuevo en un entorno desconocido, pese a haber expresado en repetidas ocasiones su deseo de permanecer en el Archipiélago.

Cuando Aliou recibió –junto a un compañero– una citación de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, le quedaban apenas dos meses para cumplir la mayoría de edad y uno para iniciar sus prácticas formativas, tras haber comenzado sus estudios de electricidad. «En la Isla lo tenía todo», relata. Sin embargo, al acudir a la cita –sin conocer el motivo– le comunicaron que debía trasladarse a Madrid porque en el Archipiélago «había muchos niños y tenían que marcharse a la Península». La noticia lo dejó desconcertado: «Me sorprendió mucho, porque yo no quería ir a ningún lado. Quería terminar mis estudios». Intentó hacer cambiar la decisión hablando con los responsables: «Les dije: ‘yo no me quiero ir de aquí’».

Trató de alegar arraigo, pero la respuesta por parte de la Dirección General, relata, fue tajante: «Me dijeron que era algo obligatorio, que tenía que irme sí o sí». En el plazo de un mes tuvo que recoger sus pertenencias del centro en el que había vivido durante dos años, subirse a un avión e iniciar una nueva vida –sin haberlo decidido ni aprobado– en un lugar desconocido, dejando atrás todo lo que había comenzado a construir en Canarias. Hasta el momento, no ha podido graduarse en sus estudios. La derivación truncó buena parte de sus aspiraciones a corto plazo.

El día del viaje

Esta es la otra cara de los traslados de menores migrantes no acompañados a la Península. El proceso, iniciado el pasado mes de agosto, se plantea sobre el papel como un mecanismo garantista en el que intervienen distintos actores, entre ellos la Fiscalía. Sin embargo, su desarrollo no ha estado exento de dificultades: la negativa de varias comunidades autónomas –principalmente las gobernadas por el Partido Popular–, las críticas de algunos centros de acogida que lo consideran precipitado y las tensiones entre las diferentes administraciones han marcado su evolución, dejando a numerosos menores en una situación de incertidumbre durante semanas.

El día de su traslado a Madrid, recuerda Aliou, viajó acompañado de otro compañero –que tampoco quería abandonar Canarias– y de una educadora social. Antes de salir hacia la Península tuvo que firmar un documento que, según entiende, acreditaba que había recibido información sobre el funcionamiento de los traslados.

Ya en la capital, el joven fue alojado en un centro de menores donde convivían cerca de 80 chicos. Algunos procedían también de Canarias; otros, de Ceuta y Melilla. Todos habían sido derivados desde estos territorios con el objetivo de aliviar la saturación de los recursos de acogida. «Al principio nos dijeron que podríamos estudiar», explica. Pero retomar su formación no resultó sencillo. Su intención era continuar los estudios de electricidad que había iniciado en el Archipiélago, algo que finalmente no pudo hacer.

El viaje a Madrid

Su estancia en la ciudad fue breve. La recuerda con precisión: dos meses y veinte días. Al mes cumplió los 18 años, con todo lo que ello implica: la salida del sistema de protección de menores y la obligación de empezar a valerse por sí mismo, sin tutela administrativa ni un recurso de acogida garantizado. Aun así, su objetivo estaba claro: regresar a Canarias lo antes posible. En el centro donde residía ya les habían advertido, a él y al resto de jóvenes, de que quienes estuvieran próximos a la mayoría de edad debían encontrar un empleo porque, de lo contrario, «podías quedarte en la calle, muchos chicos llegaron a quedarse sin nada en la calle». Desde que salió del centro hasta que logró volver a Gran Canaria pasaron apenas cinco días. Antes, consiguió un trabajo en hostelería que le permitió reunir el dinero necesario para regresar a la Isla.

A Aliou nadie lo ayudó a encontrar trabajo en la Península. No recibió información, apoyo ni orientación. Entendió que la única manera de conseguirlo era buscársela por sí mismo en una ciudad que desconocía por completo. «Siempre tuve miedo a cumplir la mayoría de edad. No nos ayudaban en nada. Te dicen que te tienes que buscar la vida solo», reflexiona el joven. Denuncia que, durante todo este proceso –que, a su juicio, podría haberse evitado con un procedimiento ‘en el que se escuchase de verdad’a los chicos implicados– se sintió «muy mal y engañado». «Nos mandaron a un sitio en el que nos trataban peor, todo era mucho más difícil y yo ya estaba integrado en Gran Canaria», lamenta. El arraigo era uno de los factores que, en principio, podía frenar la derivación de un menor a otra comunidad. «Era mentira», critica.

En estos casos, es la Fiscalía la encargada de resolver los expedientes de los menores y determinar si concurren o no circunstancias como el arraigo que puedan frenar un traslado. Cuando existe discrepancia o el menor se opone a la derivación, corresponde al Ministerio Fiscal valorar la situación y adoptar una decisión. Si la Fiscalía concluye que no existe un arraigo suficiente en el territorio, el traslado puede llevarse a cabo, incluso aunque el menor haya manifestado su voluntad de permanecer.

Ahora, el joven vive en Fuerteventura, donde además a encontrado un trabajo estable. A corto plazo, espera terminar lo poco que le queda para graduarse en electricidad. Asegura que actualmente se encuentra «contento y tranquilo», aunque insiste en que el proceso llevado a cabo por las administraciones fue precipitado. «Deben tener en cuenta a los menores que están aquí, no pueden obligarles a hacer lo que no quieren. Tienen que mejorar eso. No nos han escuchado y eso nos ha dolido», concluye.

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