La ULPGC y la ULL alzan la voz contra la falta de financiación: "No pedimos un favor, lo que reclamamos es el cumplimiento de una obligación"

Las universidades públicas canarias alzan la voz contra una financiación pública que consideran insuficiente e inestable. Los catedráticos José Suay, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y José Luis Rivero, de la Universidad de La Laguna (ULL), abanderan una iniciativa social que se presentó este martes: la Plataforma en Defensa de las Universidades Públicas de Canarias (UUPP Canarias), bajo la demanda de mantener un crecimiento constante en los presupuestos destinados a ambas instituciones educativas hasta alcanzar que, para 2030, la inversión llegue al 1% del PIB regional.

Su manifiesto creacional establece que esta exigencia sólo busca hacer cumplir la legislación vigente, en el marco establecido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), y que se trata de una cuestión que no sólo afecta al Archipiélago: la inversión para la educación superior española debe llegar también al 1% del PIB nacional. «No pedimos un favor, lo que reclamamos es el cumplimiento de una obligación», explicó el catedrático Suay durante el acto de presentación.

Defender la universidad pública canaria es defender el futuro de nuestra región

Ana Crespo

— Presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas

La plataforma ciudadana, que cuenta con el apoyo de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País (RSEAP) de Gran Canaria y Tenerife, arrancó con un acto de presentación simultáneo en ambas islas capitalinas que fue secundado, entre otros, por los rectores de la ULPGC y la ULL, Lluís Serra y Francisco García -respectivamente-; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, o el Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. De manera telemática, también intervino la presidenta de la Real Academia de Ciencias, Ana Crespo.

Suay definió la universidad pública como un «reflejo del pluralismo ideológico que está en la base de toda sociedad auténticamente libre» y que la carencia en su financiación no sólo afectan a las instituciones educativas, sino que merma «las posibilidades de desarrollo de la sociedad a la que sirve».

En palabras del catedrático Rivero, a pesar de que durante los 230 años de existencia de los estudios universitarios públicos en Canarias se ha generado una «riqueza extraordinaria» ejemplificada en las tasas de empleo de los graduados universitarios, «las más altas de todos los segmentos poblacionales del Archipiélago», se está experimentando «una caída del interés» por parte de «los poderes públicos» por apoyar a estas instituciones educativas.

Recortes en la educación

El presidente del vértice grancanario de la RSEAP, José Díaz de Aguilar, aprovechó la ocasión para recordar que, en la década entre 2010 y 2020, el gasto público en la educación superior sufrió un recorte dos veces superior al «gasto general educativo y tres veces más que el gasto en la no universitaria».

Por su parte, el presidente de la RSEAP tinerfeña, José Gómez, aseguró que el futuro de las Islas pasa «ineludiblemente por superar la brecha del conocimiento» que las separa «de las sociedades más avanzadas» y que confía en que «las autoridades canarias competentes estén a la altura del reto».

"Defender la universidad pública canaria es defender el futuro de nuestra región". Bajo esa afirmación, la presidenta Crespo reclamó la existencia de un pacto social y político que blinde las instituciones educativas superiores y sea garante de fondos "estables y suficientes" que le permitan "seguir cumpliendo su misión" para el común de la sociedad.

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, apoyó esta iniciativa y la comparó con el movimiento social que se generó durante los años ochenta en Gran Canaria para crear la universidad que dirige. También reveló que, en la actualidad, la ULPGC y la ULL reciben una inversión que representa el 0,63% del PIB autonómico.

Manifiesto

El manifiesto de esta iniciativa, a la que la ciudadanía puede adherirse a través de su página web, pone en valor el papel de las universidades públicas como motor social y de progreso, que más allá de contribuir al nivel formativo de los canarios, multiplican la inversión en investigación "a nivel de productividad, empleo cualificado y cohesión social".

Así, especifica que tanto la ULL como la ULPGC han actuado como un "poderoso ascensor social" que, por ejemplo, permitió que miles de mujeres encontraran en sus aulas "el único espacio en el que su talento no dependía de su apellido ni género" y que continua generando profesionales de alta cualificación que ponen sus servicios y conocimientos al servicio de la sociedad canaria.

La iniciativa denuncia que, actualmente, se vive un clima de "descrédito y ataque" al sector universitario, "tanto a nivel internacional como nacional", en el que se concibe a estas instituciones públicas como "un gasto superfluo" y se cuestiona su valor. Ante esto, defiende que se trata de "un pilar de la democracia y el progreso social" y que "no puede permanecer por más tiempo incumplido el mandato legal" que exige que se garantice la suficiencia financiera de las universidades públicas.

Las personas o entidades interesadas en adherirse a la iniciativa pueden hacerlo desde este martes a través de su página web.

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