¿Cuánto dinero costaría acabar con la pobreza en Canarias?

Eliminar la pobreza ya tiene una cifra. Acabar con esta realidad en Canarias costaría 1.620 millones de euros anuales, el equivalente al 3% del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago. A escala nacional, el importe ascendería a 24.000 millones de euros al año, un 1,8% del PIB español. La cuantificación llega en un momento de crecimiento económico, marcado por el aumento del empleo y la subida del salario mínimo. Sin embargo, esa expansión no logra contener la pobreza. El motivo apunta a un fenómeno estructural, atravesado por factores como la precariedad laboral, el encarecimiento de la vivienda o la desigualdad social, que siguen limitando el impacto del crecimiento económico sobre las condiciones de vida de una parte de la población.

En el caso de Canarias, los datos reflejan la persistencia de esta problemática. Si en 2015 la tasa de riesgo de pobreza se situaba en el 28,5%, diez años después, en 2025, el porcentaje descendía hasta el 22,9%. Pese a la mejora registrada durante la última década, la cifra continúa situando al Archipiélago entre las comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad social del país. El resultado es una realidad que continúa consolidándose pese al crecimiento económico y a la mejora de algunos indicadores laborales. Así se desprende del estudio Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios, elaborado por la Fundación Ramón Areces y el Ivie, que analiza la evolución de la desigualdad y la vulnerabilidad social tanto en el conjunto del país como en las distintas comunidades autónomas.

Las Islas responden, además, a un contexto mucho más amplio en el que históricamente se han situado a la cola en indicadores de calidad de vida en España. Aunque el imaginario colectivo proyecta Canarias como un destino paradisíaco, los datos dibujan una realidad muy distinta y sitúan al Archipiélago entre las comunidades con mayores dificultades socioeconómicas del país. El resultado es una combinación marcada por salarios bajos, precariedad laboral y un elevado coste de vida. Una paradoja que tensiona la economía de miles de familias y empuja a buena parte de la población hacia situaciones de vulnerabilidad o al límite del umbral de pobreza.

Una combinación de factores

En este sentido, destinar un 3% del PIB a erradicar la pobreza puede parecer, sobre el papel, una medida asumible e incluso una meta alcanzable. Los resultados podrían ser hasta utópicos. Pero en la práctica implicaría intervenir de forma simultánea en distintos frentes estructurales. "En el caso de Canarias, la situación tiene una dimensión particular. Se combinan factores como el modelo productivo, las debilidades del mercado laboral y el acceso desigual a recursos básicos como la vivienda", explica el sociólogo y vicedecano de Ciencias Sociales de la Universidad Europea de Canarias, José Serrano. La conclusión es clara: "Existe una desconexión evidente entre el crecimiento económico y el bienestar social".

Pero, ¿cómo se categoriza a una persona como pobre? El estudio toma como referencia la renta mediana - el punto en el que el 50% de la población está por encima y el otro 50% por debajo - y fija el umbral de pobreza en el 60% de esa mediana. A partir de ahí, se considera en situación de riesgo de pobreza a aquellas unidades familiares cuyos ingresos se sitúan por debajo de ese límite. En este escenario, siempre existirá un porcentaje de población por debajo de ese 60%, ya que se trata de una medida relativa que evoluciona con el conjunto de la sociedad. Erradicar por completo la pobreza no resulta un objetivo sencillo.

La pobreza laboral

Otro de los grandes retos para Canarias es la distribución de la riqueza. "Generamos riqueza, pero su reparto es limitado, especialmente a través del salario", apunta Serrano. Esta realidad, lejos de ser un fenómeno aislado, se traduce en una elevada incidencia de la pobreza laboral: es decir, personas que, pese a tener empleo, se encuentran en riesgo de pobreza. Tener un trabajo ya no garantiza alcanzar ingresos suficientes para asegurar unas condiciones de vida adecuadas. El propio estudio subraya esta situación y señala que aproximadamente un tercio de la población en situación de pobreza trabaja. Se trata, en muchos casos, de empleos a tiempo parcial, de carácter discontinuo o con remuneraciones muy bajas, lo que impide salir de la vulnerabilidad económica, explica uno de los autores del informe, Antonio Villar, que ha elaborado el estudio junto a los expertos Carmen Herrero y Carlos Albert.

El caso del Archipiélago resulta especialmente revelador. El mercado laboral canario se caracteriza, según Serrano, por una fuerte segmentación y por "un peso elevado de empleos de baja cualificación, alta rotación y escasas posibilidades de mejora salarial". Aunque la economía insular - altamente vinculada al turismo - tiende a generar empleo, ese crecimiento no siempre se traduce en puestos de trabajo de calidad para quienes los ocupan. El resultado es una realidad cada vez más visible: el empleo pierde capacidad como herramienta de integración social y deja de funcionar, por sí solo, como garantía para escapar de la vulnerabilidad. Una idea clave para comprender hasta qué punto la erradicación de la pobreza es posible.

¿Son eficaces las políticas públicas?

Entre los principales desafíos se encuentra la eficacia de las políticas públicas, que no solo deben centrarse en la mejora de los salarios, sino también en cuestiones como la reducción de la precariedad, el acceso a la vivienda y el refuerzo de los mecanismos de protección social. El riesgo de no actuar sobre todos estos frentes, advierte el sociólogo, es cronificar situaciones de vulnerabilidad que difícilmente podrán revertirse si se abordan "desde un único prisma". A ello se suma la necesidad de fortalecer el capital humano y favorecer la movilidad social, especialmente entre la población joven. La formación y la cualificación aparecen así como herramientas fundamentales para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. "Sin movilidad social, el problema se va a perpetuar", subraya Serrano.

El desafío no es menor. Aunque las políticas públicas han demostrado una capacidad clara de contención, su efectividad para reducir la pobreza depende de múltiples factores. El estudio Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios pone el foco, precisamente, en el impacto del Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, uno de los autores del informe, Carlos Albert, advierte de que todavía no existe una serie temporal lo suficientemente amplia como para medir con precisión su efecto sobre la reducción de la pobreza.

¿Cuáles son los retos para acabar con la pobreza?

Aun así, el investigador observa una tendencia significativa. "Sí parece que la tasa de pobreza se reduce en estos años más rápidamente que en etapas anteriores, pero todavía no somos capaces de asegurar que eso se deba directamente a la implantación del Ingreso Mínimo Vital". La lectura, no obstante, apunta a que este tipo de herramientas sí pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de los hogares más vulnerables. "Cualquier política pública que ayude a mejorar las condiciones económicas debería tener un impacto en la reducción de la pobreza. Se intuye que va a tener un efecto positivo sobre las personas", recalca Albert.

Sin embargo, Villar introduce un matiz importante: no toda la población logra acceder a estas ayudas. "Las subvenciones que se destinan a combatir la pobreza muchas veces no llegan a quienes las necesitan, porque hay personas que no saben cómo solicitarlas o cómo gestionar los trámites", explica. La realidad evidencia que la eficacia de las políticas sociales no depende únicamente de su existencia, sino también de la capacidad de hacerlas accesibles y comprensibles para los sectores más vulnerables de la población.

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