Aviso de multa de la UE a España por la alta temporalidad en el sector público

Canarias formará parte de un grupo de trabajo con otras comunidades autónomas y el Ministerio de Función Pública para analizar con urgencia posibles cambios en la legislación y otras alternativas para reducir la temporalidad en el empleo público, que sigue siendo elevada pese a los procesos de estabilización de interinos que se han desarrollado en los últimos cuatro años. Las prisas han surgido a raíz de la nueva amenaza de la Comisión Europea de llevar a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para sancionarla por incumplir la directiva sobre el trabajo de duración determinada. El Gobierno central tiene dos meses para responder a Bruselas y explicar qué medidas va a poner en marcha ya que, en caso contrario, continuará el procedimiento para que la Justicia comunitaria se pronuncie antes de imponer la sanción definitiva.

La Comisión Europea remitió al Gobierno español dos dictámenes motivados el pasado 29 de abril y en uno de ellos considera «insatisfactoria» la respuesta del Estado al uso abusivo de contratos sucesivos de duración determinada a los trabajadores del sector público. Desde 2015 Bruselas ha reclamado a España que establezca medidas para evitar el abuso de la temporalidad en el sector público y sanciones suficientes para la administración que lo haga, de tal forma que en ese año ya le apercibió con una infracción en forma de multa o incluso una posible retención de fondos europeos.

Como consecuencia el Gobierno aprobó la ley 20/2021 para reducir la temporalidad poniendo en marcha los procesos de estabilización que se han realizado en los últimos años. En el caso de Canarias estaban llamados a consolidar sus puestos unos 20.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma, de los que se han estabilizado los 3.500 de la Administración General, mientras que en Sanidad y Educación no están cerrados los procesos y es donde está el principal grueso de plantilla interina o contratada. Los dictámenes de Bruselas se han enviado tras la última sentencia del TJUE en la que ratificó que esta ley ha dado una respuesta insuficiente para cortar el problema. «Las explicaciones facilitadas siguen siendo insatisfactorias», advierte la Comisión.

Nuevas medidas e iniciativas

Tras recibir los dictámenes, el Ministerio de Función Pública convocó de urgencia a las comunidades autónomas el pasado jueves para estudiar nuevas medidas e iniciativas, ya que la Administración del Estado considera que el problema de la temporalidad pública está concentrada principalmente en las comunidades con una tasa del 40% de media frente al 4,7% del Estado, especialmente en los sectores de Educación y Sanidad, con tasas de temporalidad del 40% y 43%, respectivamente. En el caso de Canarias el Ejecutivo regional no ha concretado en qué porcentaje queda la tasa de interinidad tras la estabilización, aunque Función Pública admite que en ningún caso se llegará al 8% pactado entre España y Bruselas. Los sindicatos aseguran que la tasa estará por encima del 20% a expensas de cómo acaben los procesos selectivos en Sanidad y Educación.

Las Islas se integran en un grupo de trabajo con otras autonomías y el Ejecutivo estatal para analizar la situación

Función Pública y las comunidades han creado un grupo de trabajo para estudiar cambios normativos que introduzcan medidas para agilizar los procesos selectivos y sanciones para las administraciones que abusen de la temporalidad. Asimismo el Ministerio ha pedido a las comunidades que actualicen y hagan llegar sus cifras para tener una fotografía completa de los puestos temporales que se han convertido en fijos tras los procesos de estabilización que se han desarrollado y que, pese a que la ley establecía cerrar en 2024, a día de hoy todavía siguen su curso sin que haya habido consecuencias para las administraciones.

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