Confrontación institucional inédita: el Ejecutivo central impone el fondeo del crucero del hantavirus en Tenerife al arrebatar las competencias a Canarias

La decisión del Gobierno central, adoptada la madrugada de este domingo 10 de mayo de 2026, de retirar las competencias sanitarias al Gobierno de Canarias e imponer el fondeo en el Puerto de Granadilla del crucero del hantavirus MV Hondius es inédita por el nivel de confrontación institucional y el uso de la autoridad estatal para imponer una medida contra la voluntad expresada por el presidente canario, Fernando Clavijo.

Desde que las competencias sanitarias empezaron a transferirse a las regiones a partir de 1981 y el Archipiélago las recibe en 1994 -el traspaso se formalizó mediante el Real Decreto 446/1994, dando lugar a la creación del Servicio Canario de la Salud (SCS)-, no había ocurrido una situación como la provocada por el barco del hantavirus, procedente de la Patagonia argentina y que fondeó dentro del muelle industrial granadillero la madrugada de este domingo procedente de Cabo Verde.

Tres muertos y ocho contagiados

Hay que recordar que el brote del hantavirus en el crucero ha provocado la muerte de tres pasajeros y el contagio de otras ocho personas, un virus que tiene una capacidad de propagación mucho menor que el covid-19 pero una letalidad mucho mayor.

La imposición del fondeo por parte de Madrid ha ocurrido a pesar de que Canarias tiene un largo historial de gestión eficiente de crisis sanitarias internacionales, como ocurrió con el primer caso de covid registrado en España en 2020, un turista de nacionalidad alemana que se encontraba de vacaciones en Hermigua, en la isla de La Gomera.

Esta situación carece de precedentes en la historia. Solo hay otro episodio en el que el Estado pasara por encima de las competencias autonómicas, aunque hay muchas diferencias con lo ocurrido con el crucero: la aplicación entre 2017 y 2018 del artículo 155 de la Constitución española, un mecanismo que permite al Gobierno central adoptar medidas coercitivas contra una comunidad autónoma, en Cataluña frente al referéndum independentista. La comunidad catalana permaneció intervenida 208 días.

La orden estatal llegó la madrugada de este domingo después de que Fernando Clavijo, al filo de la medianoche, lo prohibiera. El Gobierno estatal le acababa de anunciar que el fondeo y la evacuación de los pasajeros se iba a extender hasta este lunes por el retraso en la llegada de dos de los aviones movilizados para la evacuación de los pasajeros del crucero.

Clavijo alegó que el Ejecutivo estatal ha actuado en toda esta crisis "de manera unilateral" y sin compartir los informes y protocolos que el Ejecutivo autonómico lleva días reclamando. Incluso, propuso una solución para que el fondeo dure el menor tiempo posible y se reduzca la exposición al riesgo sanitario.

Alternativas propuestas por Clavijo

Entre las medidas planteadas el presidente canario propuso que los pasajeros pendientes de traslado fueran evacuados en un avión del Gobierno de los Países Bajos o en una aeronave del Gobierno de España, que contaban con plazas disponibles para hacer los traslados en condiciones de seguridad.

Ante la negativa a estas opciones, también sugirió el envío de un avión militar o que el barco continuara su travesía si el estado de salud de los pasajeros lo permitía. «No queremos ser cómplices de algo que puede poner en riesgo la seguridad de nuestra población», aclaró Clavijo.

Clavijo expresó su temor a que “dado que un vector de contagio del virus pueden ser los roedores, tenemos reparos a que pueda bajar algún roedor del barco y que ponga en peligro la seguridad de los canarios”.

La respuesta del Gobierno central, ya con tres ministros (Mónica García, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres) y el director general de la Organización Mundial de la Salud (Tedros Ghebreyesus) en la Isla coordinando el 'operativo Hondius', no tardó una hora. La directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco, firmaba una resolución administrativa que anula de facto el veto canario al fondeo de la embarcación en Granadilla e impone la acogida del barco.

Los argumentos del Estado para la imposición

El Estado imponía de esta manera la acogida del buque MV Hondius en el sur de Tenerife bajo los argumentos de "una necesidad de asistencia sanitaria a bordo, con limitaciones operativas para mantener a las personas en el buque durante más tiempo" y "un eventual deterioro meteorológico".

El escrito de la directora general de la Marina Mercante detalla que "desde un punto de vista sanitario, las autoridades sanitarias españolas, en coordinación con las de otros países, han organizado un operativo sanitario especial para el desembarco controlado en frente al puerto de Granadilla".

En este dispositivo, se lee en la orden, "se han coordinado distintos organismos, como son la Capitanía Marítima de Tenerife, Sanidad Exterior, Autoridad Portuaria y Protección Civil". "En este sentido, las autoridades competentes han determinado que el control sanitario es más eficaz en un puerto preparado que manteniendo indefinidamente el buque en alta mar", matiza el escrito.

Madrid se ampara en su competencia exclusiva en Sanidad Exterior, la cual entiende que tiene prioridad jerárquica sobre las facultades de gestión ordinaria de las comunidades autónomas. Bajo este prisma, Canarias mantiene sus competencias para gestionar la red hospitalaria y la atención primaria, pero en este escenario queda supeditada a las imposiciones estatales, como ha ocurrido con el barco del virus.

Falta de información

Fernando Clavijo ha manifestado su rechazo a este fondeo tal y como se está haciendo y ha criticado la "falta de información técnica". Su estrategia se centra ahora en exigir que el tiempo de permanencia en las islas sea el mínimo posible, condicionando el desembarco a que los aviones de evacuación estén ya en la pista del aeropuerto Tenerife Sur, que se encuentra a unos 10 minutos en vehículo del muelle granadillero, antes de que los pasajeros bajen del barco.

La directora general de la Marina Mercante alega, en el escrito en el que ordena el fondeo pese a la negativa del Gobierno de Canarias, que "el puerto de la Granadilla tiene características de puerto industrial relativamente aislado, con menor interacción con población civil y amplias zonas operativas para las actuaciones necesarias en este caso".

"Se considera justificada la acogida del buque MV Hondius desde la óptica de seguridad marítima y protección de la vida humana", explica Ana Núñez Velasco. Es una consideración que según el alto cargo estatal "se refuerza ante el eventual empeoramiento meteorológico"." Esta acogida no implica necesariamente atraque normal, sino que puede articularse mediante fondeo controlado".

Solo en una ocasión el Estado estuvo a punto de aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir Canarias. Fue en el año 1989, siendo presidente Lorenzo Olarte y con motivo de unas diferencias de calado económico con el Gobierno de Felipe González, lo que provoca una rebelión fiscal en Canarias donde se decide, ante las exigencias del Gobierno central, no aplicar en el Archipiélago el desarme arancelario del 15 por ciento sobre las mercancías europeas.

Este propósito de incumplir la normativa europea llevaba implícito reclamar por parte de Canarias 11.000 millones de pesetas (66 millones de euros) por la pérdida de ingresos en los 3 últimos años, dado que las Islas se integraron en Europa tres años más tarde que la Península.

Ante la rebeldía fiscal canaria, el Gobierno español dio un mes de plazo para el cumplimiento de lo establecido si las Islas querían evitar la aplicación del 155. El Gobierno central lo resolvió prometiendo que el Archipiélago fuese integrado plenamente en Europa, considerando a las Islas como una región ultraperiférica europea, por lo que el articulo 155 se quedó guardado en un cajón y Canarias no fue intervenida. Pero nunca, como ahora con el crucero del Hondius, había retirado las competencias a Canarias por una situación extraordinaria.

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