Zapata solicita más altura de miras y menos electoralismo para solventar la 'crisis del amianto' que angustia a Canarias

Canarias tiene un problema con el amianto. Tras el portazo de Andalucía, comunidad autónoma que venía recogiendo los desechos de este producto para la construcción, el Archipiélago tiene que encontrar un lugar en el que encargarse del enterramiento del conocido más técnicamente como fibrocemento.

Y nadie quiere asumir el coste político de convertir a su isla en la que se ocupe de esta labor. El tiempo corre y la comunidad autónoma se enfrenta al primer episodio grave por las carencias en gestión de residuos que debe abordar.

"Cuestiones políticas"

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, admitió ayer el muro con el que se ha encontrado «algún proyecto privado» en Gran Canaria que, según sus palabras, cumplía con lo que la ley exige.

«No ha salido adelante por cuestiones políticas», aseguró, por lo que demandó de todas las administraciones «ir de frente y juntos, con altura de miras» y aparcando cualquier consideración de índole electoral.

Vertidos ilegales y peligrosos

De lo contrario, la imposibilidad para deshacerse de la temida uralita, estable mientras está entera y de alta toxicidad cuando se quiebra, puede mutar en una proliferación de vertidos ilegales altamente peligrosos para la población. Su retirada –cañerías o bidones, por ejemplo– estaba controlada cuando había dónde llevarlo.

Una empresa gestora lo encapsulaba y lo remitía por barco a Andalucía, pero ahora, además de retrasar, en el mejor de los casos, o paralizar obras necesarias, se convierte en un elemento peligroso susceptible de no contar con el manejo adecuado.

Comisión parlamentaria

Zapata, durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica y Energía del Parlamento de Canarias y a preguntas de la nacionalista Natalia Évora (CC) y el ultraderechista Nicasio Galván (Vox), explicó que su departamento trabaja en tres líneas para solventar el problema. En el corto plazo, el Gobierno de Canarias ha decidido prolongar el tiempo máximo de estancia en los depósitos de las empresas gestoras del amianto retirado. Era de seis meses y ahora llega a un año.

No contestó a Galván cuando este preguntó sobre la posibilidad de que haya que ampliar de nuevo el plazo ante el atasco que ha generado Andalucía al dar carta de naturaleza a la ley estatal que traspone el mandato europeo de que sea cada territorio el que se haga cargo de los residuos que genera.

Nuevos vertederos

Sí explicó el consejero, en cambio, que en paralelo, y también en el presente más inmediato, se trabaja con las patronales provinciales del metal en buscar nuevos vertederos en la Península que sí admitan la llegada del amianto retirado en las Islas. Los problemas en ese caso son dos: los nuevos destinos están más lejos –Toledo, por ejemplo–, lo que encarece el proceso de traslado, y no son capaces de asumir la cantidad de fibrocemento que recogía Andalucía.

Esta circunstancia, sobre todo la segunda de ellas provoca que el «ritmo de sustitución, que venía incrementándose de manera continua en los últimos años», expuso Natalia Évora, retroceda de manera abrupta, como de hecho está ya ocurriendo.

Sin obras

El efecto arrastre que esto genera impide asimismo obras en las cubiertas de miles de viviendas en toda la comunidad autónoma, lo que se traduce en casos en la imposibilidad de instalar placas fotovoltaicas para el autoconsumo eléctrico. Es decir, los problemas de gestión del amianto tienen derivadas que suman contra la sostenibilidad.

De ahí también la altura de miras instada por el consejero. Además en sentido amplio, no solo para que no eludan el coste político quienes tienen responsabilidad de gobierno, sino también para desterrar la tentación de un uso partidista por parte de los partidos que ejercen en cada institución funciones de oposición.

Fecha límite

En 2028 no debe quedar amianto en ninguno de los elementos públicos de mayor riesgo, como pueden ser los colectores de aguas residuales. Esa proximidad de la fecha ha generado el acelerón en la retirada a la que se refirió la parlamentaria nacionalista. En 2022, las empresas gestoras recogieron 1.058 toneladas, y 1.079 un año más tarde.

En 2024, el salto llegó hasta las 4.145 toneladas, según datos de la propia Consejería de Transición Ecológica y Energía autonómica. El año pasado, solo el mayor de los cuatro operadores autorizados para esta labor recolectó 7.600 toneladas.

Uso y prohibición

El amianto, fibrocemento o uralita se utilizó en las últimas décadas del siglo pasado hasta que estudios científicos demostraron que al quebrarse liberaba unas fibras microscópicas que, tras inhalase, pueden permanecer en los pulmones durante cuarenta años y provocar cáncer.

De ahí que su empleo quedara totalmente prohibido en España desde 2002.

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