Choque entre Ascav y Turismo por la ley de vivienda vacacional

La controversia sobre la futura ley de vivienda vacacional en Canarias ha escalado tras el cruce de declaraciones entre la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) y la Consejería de Turismo del Gobierno autonómico, a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ascav sostiene que la sentencia no entra a valorar la legalidad ni la calidad del proceso de consulta mientras que la Consejería interpreta que el tribunal sí reconoce la corrección y transparencia de su actuación.

En un comunicado difundido esta mañana, Ascav acusa directamente a la Consejería de "haber faltado a la verdad de manera palmaria, consciente y con el único ánimo de confundir a la opinión pública". La asociación sostiene que la sentencia no valida el proceso de consulta pública, como habría trasladado el Ejecutivo, sino que se limita a un aspecto procedimental. Según explican, "ni la justicia ha avalado la consulta pública, ni la sentencia se pronuncia sobre el desarrollo normal o anormal, ni sobre la existencia o no de irregularidades".

El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2023, cuando la ascociación solicitó acceso a los datos de la consulta pública en base a la ley de transparencia. Tras la negativa inicial de la Consejería, la asociación acudió a los tribunales. Sin embargo, durante el proceso judicial, la propia Administración entregó la información, lo que llevó a una situación jurídica concreta. "Lo que ha ocurrido es una ‘carencia sobrevenida del objeto’, es decir, no hay necesidad de dictar sentencia estimando o desestimando", dice el comunicado. Así, para Ascav, esto demuestra que no hubo pronunciamiento judicial sobre el fondo del proceso, sino simplemente la resolución de un acceso a información. La asociación concluye denunciando un "uso torticero de una resolución judicial".

Transparencia en el proceso

Por su parte, la consejera de turismo, Jéssica de León (PP), aseguró al ser preguntada durante la presentación de la nueva campaña de Turismo de las Islas que "el Tribunal avala la transparencia del proceso". Frente a esta interpretación, de León defendió públicamente una lectura opuesta de la sentencia, explicando que el fallo respalda la actuación del Gobierno. Según afirmó, "el Tribunal dice no solo que el proceso de consulta fue transparente, sino que la Administración cumplió en tiempo y forma".

La consejera argumenta que Ascav presentó la demanda antes de que finalizara el proceso administrativo. Además, justificó el retraso en la entrega de datos por la necesidad de cumplir con la normativa de protección de datos, "teníamos que impulsar la anonimización de esas alegaciones para no vulnerar la ley". En este sentido, aseguró que finalmente se entregaron todas las aportaciones. Incluso defendió que la actuación del Gobierno fue más allá de lo exigido y que la Administración "no solo atendió 5.075 alegaciones, sino que introdujo algunas otras fuera de plazo y también las contestó".

Suscríbete para seguir leyendo