Canarias y el expresidente Zapatero, conectados en la investigación del rescate de Plus Ultra

Durante años, el nombre de la compañía Plus Ultra pasó desapercibido para buena parte del gran público español. La compañía aérea desarrolló una actividad centrada sobre todo en rutas entre España y América Latina y mantuvo presencia en Canarias, especialmente vinculada a operaciones desde Tenerife como parte de su estrategia de amplio recorrido. Sin embargo, a partir del año 2021 dejó de ser conocida por sus vuelos y comenzó a ocupar titulares por una cuestión completamente distinta: el controvertido rescate público de 53 millones de euros aprobado durante la pandemia.

Cinco años después de aquella decisión, la aerolínea vuelve a estar de actualidad por el avance de distintas investigaciones judiciales que han reabierto el debate sobre si la compañía cumplía realmente las condiciones exigidas para acceder a ayudas estatales y si existieron influencias externas en el proceso. La historia de Plus Ultra está ligada al transporte aéreo de larga distancia. Fundada en España y orientada principalmente al mercado latinoamericano, la empresa buscó posicionarse conectando destinos donde detectaba demanda entre comunidades residentes y viajeros de negocios.

Dentro de esa estrategia, Canarias tuvo un papel relevante por su condición de plataforma entre Europa, África y América. La compañía llegó a operar rutas vinculadas con el Archipiélago y utilizó sobre todo la isla de Tenerife como uno de sus puntos de actividad hacia Latinoamérica en determinados periodos de expansión.

Aunque nunca tuvo el tamaño ni la cuota de mercado de las grandes aerolíneas españolas o europeas, su presencia en Canarias generó interés por la posibilidad de reforzar conexiones internacionales desde las islas sin pasar necesariamente por Madrid o Barcelona. Sin embargo, la actividad de la compañía fue limitada en comparación con otros operadores y estuvo marcada por ajustes de rutas y dificultades financieras.

Una compañía pequeña que acabó recibiendo una gran ayuda pública

El punto de inflexión llegó en marzo de 2021. En plena salida de la crisis provocada por la COVID-19, el Gobierno español aprobó una ayuda de 53 millones de euros para Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI.

La operación se dividió en dos instrumentos: un préstamo ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones. El objetivo oficial era evitar la desaparición de empresas consideradas estratégicas para el tejido económico. Desde el primer momento surgieron preguntas: ¿era realmente estratégica una aerolínea de tamaño reducido?, ¿cumplía las condiciones financieras exigidas?, ¿tenía capacidad real para devolver el dinero?

Las claves de la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra

El Gobierno defendió entonces que el expediente se había tramitado conforme a los criterios establecidos y sostuvo que no se trataba de subvenciones directas sino de financiación recuperable. A pesar de todo, el rescate no tardó en llegar a los tribunales y durante estos años el caso ha atravesado diferentes fases. Hubo procedimientos que quedaron archivados, pero posteriormente aparecieron nuevas líneas de investigación relacionadas con la situación financiera de la empresa y con el destino de determinados fondos. Eso provocó que el asunto regresara al foco judicial.

Las investigaciones actuales analizan si la compañía habría presentado información inexacta o insuficiente durante el proceso para acceder al rescate y si existieron posibles intermediaciones o actuaciones irregulares alrededor de la concesión de la ayuda. Según resoluciones e informaciones conocidas recientemente, el juez instructor examina aspectos relacionados con presunto tráfico de influencias, falsedad documental, posibles movimientos financieros y el cumplimiento de los requisitos exigidos por el fondo estatal. Conviene subrayar que el procedimiento continúa abierto y que las responsabilidades judiciales no están determinadas.

¿Dónde entra Canarias?

La conexión de Canarias con el caso Plus Ultra aparece cuando se realizó el transporte aéreo del material sanitario desde China a Canarias, durante la pandemia. El Gobierno canario recurrió a One Airways para organizar tres vuelos en plena emergencia sanitaria, y esa empresa terminó utilizando aviones de Plus Ultra porque hacían falta aeronaves de largo radio capaces de cubrir la ruta directa Shanghái-Canarias. En la comisión parlamentaria, el responsable de One Airways explicó que Plus Ultra operó esos vuelos a 375.000 euros por trayecto y que el material llegó en un momento de colapso mundial. Sin embargo, la investigación ha apuntado a posibles ramificaciones económicas con presencia en Tenerife, dentro de las pesquisas sobre el origen y el destino de determinados fondos relacionados con la aerolínea.

A esa parte se suma la deriva política en Canarias: la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso ha provocado reacción de los partidos canarios. El PP de Canarias pidió elecciones anticipadas y el PSOE canario defendió la presunción de inocencia. Hoy se conocía que el juez Calama atribuye a Zapatero presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencias vinculados al rescate de Plus Ultra, mientras el entorno socialista niega responsabilidad y pide respeto al procedimiento.

El nombre del lanzaroteño Manuel Aarón Fajardo García, de 37 años, hijo del senador socialista por Lanzarote y exsecretario general del PSOE insular Manuel Fajardo Palarea, emerge como una de las referencias recurrentes en el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama Teixeira que ha llevado a citar como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio, por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Según la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y otros informes policiales integrados en la causa, Manuel Aarón Fajardo García es descrito por los propios investigados como "el hombre de Zapatero en Venezuela" y la "pieza de ZP" en dicho país. Los informes revelan que su ámbito de actuación se centraba específicamente en Venezuela, donde actuaba como puente para facilitar contactos al más alto nivel institucional.

El Gobierno apela a la presunción de inocencia de Zapatero y defiende la pulcritud y trasparencia del rescate de Plus Ultra

La razón principal por la que el nombre de Plus Ultra ha regresado a la primera línea informativa está relacionada con los últimos movimientos de la investigación judicial. La Audiencia Nacional asumió la instrucción del procedimiento y en las últimas semanas se han producido nuevas actuaciones que han ampliado el alcance del caso y han reactivado el interés político y mediático. Entre los elementos que más atención han generado se encuentra la investigación sobre presuntas gestiones e influencias realizadas durante la tramitación del rescate y la aparición de documentación y testimonios incorporados al procedimiento.

También han adquirido relevancia declaraciones relacionadas con la situación económica previa de la empresa. En comparecencias recientes se ha señalado que existían advertencias sobre la liquidez y la capacidad financiera de la aerolínea antes incluso de la pandemia, un punto especialmente sensible porque uno de los requisitos del fondo era precisamente apoyar compañías afectadas por la crisis sanitaria y no negocios que ya estuvieran en una situación comprometida con anterioridad.

El caso Plus Ultra también ha abierto una discusión más amplia sobre los criterios utilizados para determinar qué empresas deben recibir apoyo estatal en momentos de crisis y cómo supervisar posteriormente esos fondos. Mientras tanto, la compañía continúa asociada en la opinión pública menos a sus rutas aéreas que a un expediente que, años después de aprobarse, sigue generando titulares y que todavía espera respuestas definitivas en sede judicial.

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