La diputada del Común exige un organismo específico y transversal para afrontar la crisis de la infancia en Canarias

La diputada del Común, Lola Padrón, reclamó este jueves la creación de un organismo "específico y transversal" capaz de afrontar la crisis de la infancia en Canarias, una realidad que, a su juicio, ya no puede abordarse con "instrumentos del siglo pasado" ni con estructuras administrativas pensadas para otro tiempo. La petición llega respaldada por los datos del informe anual de la institución -entregado este lunes a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez-, que dibuja un escenario de pobreza infantil estructural, saturación del sistema de protección y graves carencias de coordinación entre administraciones.

Padrón defendió, tras presentar el informe, que Canarias debe "retomar todos los instrumentos" y modernizar las políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia. A su juicio, la transversalidad no se garantiza únicamente situando esta materia bajo el paraguas de Presidencia -dentro del organigrama del Gobierno de Canarias-, ya que los problemas que afectan a niños y adolescentes atraviesan de forma simultánea áreas como la sanidad, la salud mental, la educación, la vivienda o los servicios sociales. "Una sociedad inclusiva no se puede permitir tener un 40% de pobreza infantil porque embargamos el futuro de Canarias", afirmó la titular de la Diputación del Común.

Un fenómeno más amplio

El informe constata que el 31,2% de la población canaria, cerca de 700.000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Sin embargo, el impacto golpea con especial dureza a la infancia, donde el porcentaje asciende hasta el 40,2%. La Diputación del Común advierte de que detrás de esas cifras hay menores que crecen en hogares incapaces de afrontar gastos básicos, familias atrapadas por el coste de la vivienda y niños que ven condicionados aspectos esenciales de su desarrollo, desde la alimentación hasta el acceso a actividades educativas o sanitarias. La institución plantea así que la infancia vulnerable no puede limitarse únicamente al ámbito de los menores tutelados o migrantes, sino que debe entenderse como un fenómeno mucho más amplio, estrechamente vinculado a la pobreza, la precariedad residencial y las desigualdades sociales. El informe insiste en que la falta de una vivienda adecuada repercute directamente en la salud, la educación y el bienestar emocional de niños y adolescentes.

En ese contexto, el documento vuelve a poner el foco sobre la situación de los menores migrantes no acompañados tutelados por la comunidad autónoma. Canarias tutela actualmente a unos 5.800 menores, una cifra que, según la Diputación del Común, desborda por completo la capacidad ordinaria del sistema autonómico, diseñada para unas 773 plazas. El informe describe un sistema de protección "colapsado", con episodios de hacinamiento, tensiones permanentes en centros saturados y consecuencias directas sobre la salud mental de los menores, además de procesos de revictimización derivados de la sobrecarga asistencial.

Casi tres décadas

La Diputación del Común considera además que Canarias sigue afrontando los desafíos actuales de la infancia con una arquitectura normativa y administrativa "desfasada". El informe denuncia que la Ley 1/1997 de Atención Integral a los Menores continúa sin actualizarse después de casi tres décadas de vigencia y reprocha también la ausencia del II Plan de Infancia y Adolescencia de Canarias, comprometido en el Pacto Canario por la Infancia desde noviembre de 2014 y aún pendiente once años después. "Es necesario habilitar instrumentos modernos para la sociedad del siglo XXI, los instrumentos actuales son del siglo pasado y no nos sirven", insistió Padrón.

Ese retraso normativo, unido a la fragmentación administrativa, aparece de forma recurrente a lo largo del documento. La institución detecta disfunciones en expedientes relacionados con situaciones de riesgo y desprotección, con demoras en informes, dificultades de coordinación entre administraciones y una limitada trazabilidad de las actuaciones. Según el informe, esas carencias ralentizan la intervención temprana y dificultan respuestas coherentes centradas en el interés superior del menor. La tesis que atraviesa el documento es que la infancia se ha convertido en un espacio donde confluyen múltiples crisis simultáneas. Pobreza, vivienda, salud mental, fracaso escolar, dependencia, migración o acoso escolar aparecen interrelacionados en una realidad que, según la Diputación del Común, exige "políticas públicas coordinadas y una estructura capaz de actuar de forma integral".

Aunque la infancia ocupa buena parte del informe, la institución también alerta de la situación de la vivienda en Canarias, definida directamente como una “emergencia habitacional”. El documento sostiene que el acceso a una vivienda digna debe convertirse en una prioridad estratégica debido a factores estructurales como la insularidad, la lejanía, la presión territorial y la condición ultraperiférica del Archipiélago. La Diputación del Común estima en unas 40.000 viviendas el déficit existente en Canarias y vincula esa situación a la escasez de construcción pública y privada, el crecimiento demográfico y la pérdida de inmuebles destinados al alquiler residencial.

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