Investigación parlamentaria de los contratos sanitarios durante la pandemia
La ‘comisión covid’ de Canarias exige más control sobre los contratos públicos en futuras emergencias
La propuesta de dictamen del órgano parlamentario reclama un "Registro Cronológico de Decisiones" y más información al Parlamento
Gente con mascarilla pasea por Santa Cruz de Tenerife. / E.D. / L.P.
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La comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre las posibles irregularidades en los contratos sanitarios públicos durante la pandemia no se centra solo en las responsabilidades políticas, sino que incluye recomendaciones para que la gestión en futuras crisis no vuelva a moverse entre improvisación y controles débiles.
El texto admite que la pandemia exigió "respuestas rápidas y decisiones inmediatas", pero advierte de que esa excepcionalidad "no puede justificar déficits de planificación, falta de trazabilidad, insuficiente delimitación de responsabilidades, debilidad de los controles o carencias de transparencia y rendición de cuentas".
Gustavo Santana (i), Raúl Acosta (c) y Luz Reverón (d) integran la Mesa de la comisión de investigación. / Andrés Gutiérrez
Dossier mínimo de trazabilidad
Por ello, la primera medida pide al Gobierno canario aprobar una norma para el sector público autonómico que ordene la contratación de emergencia y fije un "mínimo común de motivación, documentación, publicidad, control" y criterios para volver a la vía ordinaria cuando la urgencia desaparezca. Cada expediente deberá incorporar un "dossier mínimo de trazabilidad" en un plazo "no superior a un mes".
Además, considera el texto que el Parlamento debería recibir informes periódicos sobre contratos, ejecución, pagos e incidencias y reclama delimitar responsabilidades en cada fase: "Quién propone, quién decide, quién valida técnicamente, quién autoriza el gasto, quién selecciona al proveedor, quién recibe la prestación y quién conforma el pago".
Varias personas con mascarillas conversan en una calle. / Europa Press
Registro Cronológico de Decisiones
Para evitar zonas opacas, propone un "Registro Cronológico de Decisiones" y un "test de encaje" que reserve la emergencia como "última ratio". Las recomendaciones incluyen controles sobre anticipos y pagos, una "plataforma única de seguimiento de gastos y contratos de emergencia" y más medios para la Intervención General. En Sanidad, se plantean catálogos de productos críticos, proveedores validados y precios de referencia.
Por último, se insta a reformar la legislación estatal para reforzar el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público y facilitar información tributaria cuando sea "proporcional al objeto de la investigación" y con cautelas de reserva.
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