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Creaban empresas pantalla para estafar más de 140.000 euros a proveedores en Canarias

Dos personas afrontan tres años y medio de cárcel por compras fraudulentas de mercancía

Archivo - Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria / EUROPA PRESS - Archivo

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Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el martes a dos hombres acusados de liderar una trama de empresas ficticias con la que habrían estafado más de 140.000 euros a proveedores de distintos puntos de España entre los años 2010 y 2015. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos una pena de tres años y cinco meses de prisión por un presunto delito continuado de estafa.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los procesados actuaban "de común acuerdo" y con el objetivo de obtener un "beneficio patrimonial ilícito". Para ello, supuestamente captaban en Las Palmas de Gran Canaria a personas con dificultades económicas y les ofrecían dinero a cambio de figurar como administradores únicos de sociedades mercantiles creadas expresamente para desarrollar la actividad fraudulenta.

La acusación sostiene que las personas utilizadas como testaferros desconocían el verdadero propósito de estas empresas y que no existía connivencia con los acusados. Las sociedades eran constituidas ante notario con domicilios sociales ficticios y elevados capitales sociales. En algunos casos, además, se abrían cuentas bancarias para operar comercialmente.

Pedidos de mercancía

A través de estas mercantiles, los acusados habrían realizado pedidos de mercancías a numerosas empresas de alimentación, bebidas, papel, plásticos o suministros industriales, entre otros sectores, sin llegar nunca a pagar los productos recibidos. Según el relato fiscal, la mercancía era almacenada en una nave situada en la calle Los Avellanos, en la capital grancanaria.

Entre las sociedades presuntamente utilizadas figuran Distribuciones Melián y Estévez S.L., Disathami S.L., Canamar Import Export S.L., Provisiones Insulares Suárez Pérez S.L., Consumibles Maripino S.L., Exclusivas Carrillo S.L., Exportaciones Insulares Exporcansa S.L., Grupo Machín 2005 S.L. y Frandez Alimentación S.L.

Indemnizaciones pagadas

La Fiscalía cifra en 137.230 euros la cantidad que reclama la aseguradora Crédito y Caución, que indemnizó a buena parte de las empresas afectadas. Además, solicita que los acusados paguen 1.090 euros a Productos y Consumos del Sur S.L. y con 5.828,40 euros a Hortícola Albacete S.A.

El procedimiento judicial se inició a raíz de un atestado policial fechado el 28 de noviembre de 2016. La causa fue declarada compleja en julio de 2018 y no fue hasta agosto de 2024 cuando se acordó continuar la tramitación por el procedimiento abreviado. Precisamente por ese retraso, el Ministerio Público aprecia la atenuante de dilaciones indebidas. Además, interesa una multa de ocho meses con una cuota diaria de diez euros, así como el pago de las costas procesales.

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