Las trabas burocráticas impiden a los menores acceder a sus derechos

Trabas administrativas, demoras burocráticas y obstáculos para acceder a derechos básicos. La realidad de muchos menores migrantes en España -y en Canarias especialmente dada su estrecha vinculación con los fenómenos migratorios- está marcada por estas dinámicas. Una situación que afecta tanto a sus procesos de integración como al acceso efectivo a la documentación. El resultado es un escenario cada vez más visible: niños y adolescentes que encuentran dificultades para acceder a recursos esenciales como la sanidad, la educación o la justicia, pese a que, en el caso de los menores no acompañados, se encuentran bajo tutela de la Administración.

La situación evidencia una contradicción de fondo. Los menores migrantes no acompañados que llegan a territorios como Canarias -principal puerta de entrada a la Unión Europea a través de la ruta atlántica, una de las más letales y peligrosas del mundo- no están jurídicamente en situación irregular. Desde el momento en que son identificados como posibles menores pasan automáticamente al sistema de protección y su condición de infancia prevalece legalmente sobre la de extranjeros. Sin embargo, el reconocimiento formal de ese derecho no siempre se traduce en un acceso rápido y garantizado a la documentación y a los recursos que deberían acompañar su tutela.

El escenario adquiere una dimensión aún más compleja en el caso de los hijos de familias migrantes, que heredan la situación administrativa de sus padres. «Incluso cuando los progenitores están regularizados, puede existir un desfase temporal entre el momento en que obtienen su permiso de residencia y aquel en el que logran transmitírselo a sus hijos», explica la experta en migraciones de Save the Children, Jennifer Zuppiroli. ¿El motivo principal de esto? Las familias para regularizar también a los menores deben cumplir algunos requisitos vinculados al acceso a la vivienda o a la situación económica.

El impacto de esta situación atraviesa de lleno la vida cotidiana de los menores. En el caso de los niños que viven con sus familias, muchas de ellas se encuentran además en riesgo de pobreza y exclusión social, con todo lo que eso implica para el desarrollo y bienestar de los menores. En este contexto, explica Zuppiroli, los niños no disfrutan de una verdadera igualdad de oportunidades. Aunque puedan acceder a la escolarización, muchos encuentran dificultades para participar en actividades extraescolares, acudir a excursiones con sus compañeros de clase, acceder a un diploma académico, viajar, realizar las prácticas formativas, empadronarse, conseguir citas previas en el médico o acceder más adelante a un empleo estable que les permita independizarse o acceder a una vivienda. «Son barreras que impiden disfrutar de una infancia con normalidad», resume la experta de Save the Children.

El impacto en la vida diaria

La lectura es, en este sentido, clara: tanto los menores migrantes no acompañados como los niños que llegan junto a sus familias afrontan importantes obstáculos. La principal diferencia entre ambos colectivos es que la Ley de Extranjería contempla un régimen específico para la infancia no acompañada, con permisos de residencia propios que reconocen su situación de vulnerabilidad y les otorgan una situación administrativa regular. Pero en la práctica, los retrasos para obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero -el documento que acredita esa regularidad- continúan siendo frecuentes.

En este escenario, «una de las vulneraciones más graves que genera el procedimiento actual es el proceso de determinación de la edad», explica la técnica de incidencia política de la Plataforma de Infancia, Irene Graiño. Estas pruebas solo deberían realizarse en aquellos casos en los que no sea posible acreditar la minoría de edad del joven mediante la documentación oficial. Pero muchas veces los menores sí pueden acceder a un pasaporte a través de sus consulados, aunque los trámites se prolongan durante meses. «El problema es que los consulados tardan en expedir los pasaportes y la Administración prefiere recurrir a las pruebas de determinación de la edad antes que esperar un tiempo para documentarlos a través de su embajada o consulado», agrega Jennifer Zuppiroli.

El resultado es un recorrido jurídico que puede alargarse más de lo previsto. Mientras tanto, muchos niños y adolescentes quedan atrapados en una especie de limbo administrativo y jurídico: cuentan con la documentación necesaria de sus países de origen que acredita que son menores de edad, pero al mismo tiempo conviven con decretos emitidos por la Fiscalía que, en determinados casos, implican que sean tratados como adultos hasta que finalice el procedimiento.

Todo ello tiene además una dimensión vinculada a la protección y al acceso a la justicia. Dada su situación, los chicos migrantes «pueden sentir más recelo a la hora de acudir a la Policía si sufren algún episodio de violencia o cualquier otro problema relacionado, por ejemplo, con la explotación u otro tipo de violencia», apunta Zuppiroli. Un escenario que termina dejando huella también en la salud mental de muchos jóvenes. «Hablamos de niños que parten de una situación de inseguridad social y que desarrollan problemas de autoestima o de empoderamiento por no poder participar en igualdad de condiciones que el resto de los niños y niñas», indica la experta.

La solución pasa por «reformar» la Ley de Extranjería para que «todos los niños y jóvenes de origen migrantes sean considerados regulares». ¿El objetivo de esto? Reducir su vulnerabilidad y su dependencia administrativa, además de garantizar un acceso pleno y efectivo a sus derechos básicos.

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