Crisis migratoria
Canarias reclama participar en el seguimiento del plan nacional del Pacto Europeo de Migración y Asilo
La consejera Candelaria Delgado advierte de que las Islas no pueden asumir solas los efectos de ser un "territorio de retención"
Un grupo de migrantes llegado en patera a un puerto de Canarias. / Elvira Urquijo / Efe
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Canarias ha elevado el tono ante la inminente aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y exige al Estado participar en los mecanismos de seguimiento del plan nacional, en especial en el control de las condiciones de acogida, por temor a que el Archipiélago acabe convertido en "territorio de retención por la prolongación de los plazos de espera" de los migrantes que lleguen a las costas de las Islas.
El Consejo de Gobierno aprobó este lunes el informe presentado por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, que denuncia la falta de información a pocos días de la entrada en vigor del nuevo marco, prevista para el 12 de junio."Canarias no ha sido tomada en cuenta ni informada sobre cómo afectará a las islas", advirtió Delgado, que recordó que desconoce las condiciones del despliegue del pacto en España.
El presidente Fernando Clavijo ya trasladó esta inquietud a su homólogo en Moncloa, Pedro Sánchez, en una carta remitida el 26 de mayo, en la que pidió una reunión urgente con las comunidades autónomas. El Gobierno canario reclama conocer los recursos previstos y exige que no se detraigan medios de sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, empleo o seguridad.
Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia. / María Pisaca
Presión migratoria muy elevada
"Ante esta situación, el Ejecutivo canario pide a las instituciones competentes, principalmente al Ministerio de Inclusión y al Ministerio de Interior y demás departamentos con dependencias afectadas, información sobre la dotación de recursos que se prevén para cubrir las demandas específicas", insistió la consejera.
Delgado subrayó que entre 2020 y 2025 llegaron a Canarias 165.562 personas en 3.216 embarcaciones y que el Archipiélago tutela a 2.989 menores no acompañados. "La presión sobre el sistema autonómico de protección es muy elevada", afirmó. Por ello, la consejera insistió en que la participación del Ejecutivo "no debe entenderse como una cuestión meramente consultiva", sino como una "condición necesaria para anticipar impactos, coordinar respuestas y preservar la cohesión social".
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