Gran Canaria y Tenerife planean suspender juicios no urgentes ante la visita del Papa León XIV

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, ha dictado este miércoles 3 de junio un acuerdo por el que se solicita a los órganos judiciales de Gran Canaria y Tenerife que los días 11 y 12 de junio de 2026 -específicamente el 11 en Gran Canaria y el 12 en Tenerife- deben evitar "en la medida de lo posible" la celebración de actuaciones judiciales presenciales no urgentes "cuando su práctica pueda verse comprometida por las restricciones de movilidad previstas con motivo de la visita del papa León XIV".

La medida se adopta tras la reunión de la Comisión de Seguimiento prevista en el protocolo organizativo aprobado por la Sala de Gobierno del TSJC el pasado 8 de mayo, y después de la comunicación remitida por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias sobre la prealerta por evento multitudinario.

El acuerdo insta a las presidencias de tribunales, secciones, audiencias y salas a revisar con antelación los señalamientos de esas fechas, reordenarlos cuando proceda y priorizar la celebración anticipada de actuaciones urgentes.

Alienta, siempre que sea legal y técnicamente posible, el uso de medios telemáticos para reducir desplazamientos

También alienta, siempre que sea legal y técnicamente posible, el uso de medios telemáticos para reducir desplazamientos y facilitar el normal funcionamiento judicial durante esos dos días.

El TSJC subraya que deben mantenerse en todo caso los servicios esenciales, entre ellos el servicio de guardia, la presentación de personas detenidas, las decisiones urgentes de instrucción, la tutela de derechos fundamentales, los asuntos que afecten a personas vulnerables, las medidas cautelarísimas, la protección de menores y de víctimas de violencia de género, la expedición de licencias de enterramiento y cualquier otra actuación judicial inaplazable.

Razones de fuerza mayor

Además, señala que, cuando una actuación procesal presencial no pueda celebrarse o quede gravemente dificultada, deberán adoptarse en cada procedimiento las decisiones que correspondan conforme a la legislación procesal aplicable, con referencia expresa a la fuerza mayor prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Aunque la comunicación previa del Gobierno de Canarias se dirigía a determinados partidos judiciales, el acuerdo del presidente del TSJC extiende la valoración organizativa al conjunto de órganos judiciales de cada una de las islas afectadas, al considerar que las restricciones de movilidad pueden comprometer el acceso ordinario a cualquier sede judicial de Gran Canaria y Tenerife.