Queja formal de Canarias y Euskadi contra España ante Bruselas por la gestión del pacto migratorio

Canarias y Euskadi elevan a Bruselas sus dudas sobre la aplicación del pacto migratorio europeo. Los gobiernos de ambas comunidades han trasladado una queja formal, en forma de carta, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por la falta de participación autonómica en la puesta en marcha del nuevo marco comunitario de Migración y Asilo (que entró en vigor el 12 de junio) impulsado por la Unión Europea (UE). En la misiva, el presidente canario, Fernando Clavijo, y el lendakari, Imanol Pradales, trasladan su "preocupación" por la ausencia de diálogo, coordinación y planificación previa con el Gobierno de España.

La iniciativa parte de dos comunidades que mantienen una relación política fluida desde hace años y que, pese a responder a realidades territoriales distintas, han coincidido de manera reiterada en la defensa de posiciones comunes en asuntos vinculados a la migración, el autogobierno y la gestión territorial. Canarias y Euskadi sostienen ahora que el despliegue del nuevo pacto europeo no puede desarrollarse sin contar con las administraciones que tendrán que gestionar buena parte de sus efectos prácticos. Ambos ejecutivos consideran que las comunidades autónomas han quedado fuera de espacios de trabajo que consideran esenciales para conocer la estrategia estatal de implementación y anticipar sus consecuencias operativas.

Ambos gobiernos piden información oficial sobre centros, recursos, financiación y reparto de responsabilidades

"Canarias es la frontera sur de Europa y la mayor receptora de la ruta más peligrosa. Y Euskadi es frontera del norte del Estado y territorio de tránsito hacia otros países europeos", afirmó esta mañana la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, en calidad de portavoz del Gobierno tras la reunión del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo autonómico entiende que precisamente esa posición geográfica obliga a que exista una planificación compartida y una participación directa de los territorios afectados. Desde el Ejecutivo autonómico se insiste en que la gestión migratoria ya no puede abordarse mediante respuestas puntuales o coyunturales, sino mediante "instrumentos estables" que permitan anticipar escenarios y repartir responsabilidades.

Elementos esenciales

La carta remitida a la Comisión Europea pone el foco en cuestiones prácticas vinculadas a la aplicación del nuevo pacto. Canarias y Euskadi sostienen que desconocen elementos esenciales sobre cómo pretende actuar el Estado y consideran necesario disponer de información oficial sobre instalaciones previstas, recursos asociados, capacidad de acogida, financiación o funciones concretas de cada administración.

Las dudas trasladadas por ambos gobiernos sobre la aplicación del nuevo marco europeo coinciden además con las críticas expresadas esta mañana por el presidente canario, Fernando Clavijo, quien durante la visita oficial a Argentina pidió una reflexión sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo al considerar que algunos de sus mecanismos pueden generar situaciones de vulnerabilidad para las personas migrantes. El jefe del Ejecutivo autonómico defendió que la gestión migratoria debe desarrollarse desde criterios de dignidad y advirtió de que las respuestas centradas exclusivamente en el control o en el endurecimiento administrativo no resuelven el problema de fondo.

Los gobiernos de Canarias y Euskadi sostienen, además, que la solidaridad prevista entre los Estados miembros dentro del pacto europeo debe trasladarse también al ámbito interno español. A su juicio, los territorios más expuestos a la presión migratoria no pueden asumir una carga desproporcionada sin instrumentos de apoyo, recursos suficientes ni mecanismos de cooperación permanentes.

Clavijo y Pradales advierten de que los territorios de frontera no pueden quedar fuera de la toma de decisiones

La protección de la infancia migrante ocupa igualmente una parte relevante de la iniciativa trasladada a Bruselas. Canarias y Euskadi entienden que el nuevo marco europeo no resuelve por sí solo la presión que soportan determinadas comunidades y defienden que la atención a menores requiere estructuras de cooperación y criterios homogéneos de actuación. La preocupación trasladada a la Comisión Europea coincide además con un nuevo frente abierto entre Canarias y el Estado tras el anuncio realizado por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sobre la supresión de la contingencia migratoria. Y Canarias ya ha encendido las alarmas ante esa posibilidad.

2.700 niños

El Gobierno autonómico rechazó este lunes la decisión anunciada desde el Ejecutivo central al considerar que la situación que atraviesa el Archipiélago continúa lejos de estar normalizada y que retirar ese mecanismo llega en un momento en el que las islas siguen soportando una presión asistencial muy superior a su capacidad ordinaria. El Ejecutivo canario sostiene que la propuesta anunciada por la ministra no se ajusta a la realidad actual de las islas, donde permanecen acogidos 2.700 niños, niñas y jóvenes migrantes no acompañados. Esa cifra supera ampliamente la capacidad ordinaria fijada para Canarias, establecida en 737 plazas y que representa poco más de una tercera parte de la carga asistencial que actualmente soporta el sistema. Barreto señaló además que la llegada de menores continúa produciéndose y recordó que en los últimos días se incorporaron otros 20 menores al sistema de acogida. A juicio del Gobierno autonómico, eliminar este mecanismo no sería una medida "ni responsable ni solidaria" mientras existan comunidades autónomas que todavía no han alcanzado sus niveles de capacidad ordinaria.

Las Islas mantienen bajo tutela a 2.700 niños migrantes, frente a una capacidad ordinaria de 737 plazas

Barreto aseguró además que Canarias ha mantenido durante estos años una posición basada en la "responsabilidad", la "lealtad institucional" y la "humanidad" en la atención a los menores migrantes y reclamó la misma implicación por parte del resto de administraciones. La consejera señaló también que las declaraciones realizadas por la ministra todavía no se han traducido en una medida formal y avanzó que la Consejería de Bienestar Social estudia cuál será la respuesta del Ejecutivo autonómico cuando la propuesta se concrete oficialmente.

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