Canarias y Estado ‘acuerdan’ un pacto de no agresión por el incumplimiento de la regla de gasto

La batalla política abierta entre Canarias y el Estado por asuntos como la financiación autonómica, el traslado de menores migrantes o el ingreso de partidas pendientes no sumará, al menos por ahora, un nuevo frente. El Gobierno canario ha remitido ya al Ministerio de Hacienda el plan económico financiero derivado del incumplimiento de la regla de gasto de 2024 y el mensaje trasladado este martes desde el Parlamento autonómico apunta más hacia el entendimiento que hacia la confrontación institucional. La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, confirmó durante el pleno de esta mañana que su departamento ya ha entregado ese documento y avanzó que espera su aprobación definitiva en el marco del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque el Ministerio "está de acuerdo" con su contenido.

La cuestión surgió a raíz de una pregunta formulada por la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista Esther González, quien planteó si el Ejecutivo autonómico estaba aplicando un plan de ajuste que implicase reducir el gasto computable en 445 millones de euros durante este ejercicio. La consejera rechazó ese planteamiento y sostuvo que existe una "confusión de fondo" entre ambos conceptos. Según explicó, el incumplimiento de la regla de gasto no obliga automáticamente a ejecutar recortes o a activar planes de ajuste en el sentido tradicional del término. Asián defendió que una comunidad puede incumplir la regla de gasto y, al mismo tiempo, mantener unas cuentas saneadas. De hecho, insistió en que incumplir la regla de gasto no supone reducir automáticamente el nivel de gasto, sino que fija una nueva referencia sobre la que se calcularán los ejercicios posteriores.

La explicación no convenció a la diputada de NC, que advirtió que el incumplimiento de la regla de gasto no fue un episodio puntual. Según señaló, la situación volvió a repetirse en 2025 y las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, apuntan a nuevos incumplimientos durante los próximos años. A juicio de González, esa situación puede terminar afectando a la estabilidad de las cuentas públicas y a las políticas dirigidas a los ciudadanos.

Lectura política

Sin embargo, más allá del cruce parlamentario, el debate dejó una lectura política de fondo. La propia consejera deslizó durante su intervención la paradoja que supone exigir un plan económico financiero a administraciones que cerraron el ejercicio con superávit mientras la Administración central sostiene haber cumplido con la regla de gasto. El caso de Canarias presenta además una singularidad añadida. La comunidad autónoma mantiene uno de los menores niveles de endeudamiento del país en relación con su riqueza. La deuda canaria equivalía al cierre del primer trimestre al 10,5% de su producto interior bruto, una ratio que continúa situándose entre las más bajas del sistema autonómico y muy alejada de los niveles del conjunto de las administraciones públicas españolas.

Ese contexto explica el tono sarcástico empleado por Asián durante su respuesta a las dudas de González. La responsable del área evitó presentar el episodio como un conflicto abierto con el Estado y trasladó la idea de que el procedimiento responde más a una exigencia técnica derivada de las reglas fiscales que a una corrección de unas cuentas desequilibradas.

Todo ello se produce además en un escenario de cambios en las reglas fiscales europeas y de adaptación de sus criterios al marco nacional, un proceso que sigue en desarrollo y que añade complejidad al encaje técnico de algunos procedimientos presupuestarios.

Asián lo dejó claro hoy, Canarias tendrá que cumplir el procedimiento y tramitar el plan económico financiero por el desvío registrado en 2024, pero, al menos por ahora, el expediente parece discurrir por una vía de acuerdo y no por una nueva disputa política entre ambas administraciones.

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