La Asociación Canaria de Psicología Clínica denuncia la contratación de psicólogos sin especialidad para funciones clínicas en el Sistema Canario de Salud

La Asociación Canaria de Psicología Clínica (ACPC) ha denunciado la contratación continuada de psicólogos sin la especialidad en Psicología Clínica para desempeñar funciones asistenciales en los servicios de salud mental del Servicio Canario de la Salud (SCS), una práctica que, según la organización, vulnera la normativa sanitaria y pone en riesgo la calidad de la atención a los pacientes.

La denuncia llega meses después de que el propio SCS admitiera públicamente, en diciembre de 2025, que recurriría a la contratación de psicólogos sin especialidad para hacer frente a la falta de profesionales disponibles y a la creciente demanda de atención psicológica en Canarias. Entonces, la administración sanitaria defendió la medida alegando la escasez de especialistas en todo el país y la necesidad de cubrir plazas vacantes en los servicios de salud mental.

Ahora, la ACPC sostiene que aquella decisión no fue una medida puntual, sino una práctica que continúa desarrollándose en distintas áreas sanitarias del Archipiélago. Según la asociación, profesionales sin el título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica están accediendo a puestos con funciones clínicas mediante contratos genéricos, procesos selectivos que no exigen la especialidad o reasignaciones internas.

El colectivo recuerda que la especialidad de Psicología Clínica, obtenida principalmente a través de la formación PIR (Psicólogo Interno Residente), es la vía reconocida para el ejercicio de funciones clínicas especializadas dentro del Sistema Nacional de Salud. En este sentido, advierte de que la atención a pacientes con trastornos mentales graves, problemas de salud mental infantojuvenil, conductas suicidas o trastornos del neurodesarrollo requiere una formación específica que no poseen los psicólogos generalistas.

Según la ACPC, encomendar estas funciones a profesionales sin especialización puede aumentar el riesgo de errores diagnósticos, reducir la eficacia de los tratamientos y generar una mayor variabilidad en la atención prestada. Además, sostiene que esta situación genera inseguridad jurídica tanto para los profesionales contratados como para los propios pacientes.

La asociación vincula este problema a la falta de especialistas disponibles en la sanidad pública canaria, una situación que ya fue reconocida por la Consejería de Sanidad cuando justificó estas contrataciones extraordinarias a finales de 2025. En aquel momento, diversas organizaciones profesionales del ámbito de la Psicología Clínica mostraron su rechazo a la medida y reclamaron un aumento de las plazas PIR para garantizar la incorporación de especialistas al sistema sanitario.

La ACPC considera que, en lugar de reforzar la formación especializada y mejorar las condiciones laborales para atraer y retener profesionales, el SCS está optando por una solución que califica de "cortoplacista, arriesgada y contraria a la normativa sanitaria".

La organización recuerda además que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) establece los requisitos para el ejercicio de funciones clínicas especializadas y asegura que algunas de estas contrataciones ya están siendo impugnadas. Asimismo, advierte de que podría acudir a los tribunales si la administración sanitaria no rectifica.

Entre sus principales reivindicaciones, la asociación reclama el cese inmediato de la asignación de funciones clínicas a profesionales sin especialidad, la revisión de las contrataciones realizadas, un incremento urgente de plazas PIR en Canarias, mejoras laborales para evitar la fuga de especialistas y una mayor transparencia en los procesos de selección.

La controversia reabre el debate sobre la falta de profesionales de salud mental en Canarias y sobre cómo afrontar una demanda asistencial cada vez mayor sin rebajar, según denuncian los especialistas, los estándares de cualificación exigidos en la atención sanitaria pública.