Canarias afea a la ministra Sira Rego que plantee el fin de la contingencia migratoria: "Siguen llegando menores"

El Gobierno de Canarias ha elevado el tono de su enfrentamiento con el Ministerio de Juventud e Infancia al considerar "inaceptable" que su dirigente, Sira Rego, haya abierto el debate sobre el posible fin de la contingencia migratoria sin haber consultado previamente con las comunidades directamente afectadas. El Ejecutivo autonómico sostiene que la situación que vive el Archipiélago dista mucho de haberse normalizado y rechaza siquiera plantear la desactivación de este mecanismo extraordinario de distribución de menores migrantes no acompañados mientras continúe muy por encima de su capacidad de acogida.

La reacción llega después de que Rego anunciara durante una reciente visita a Lanzarote que el Ministerio pretende abordar en una próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el momento adecuado para levantar la contingencia migratoria. Posteriormente, la ministra defendió en sus redes sociales que el procedimiento "está recogido en la ley", acusó al Gobierno canario de "confundir a la opinión pública" con declaraciones "irresponsables" y sostuvo que el Ejecutivo autonómico conoce perfectamente cómo funciona el sistema.

Respuesta del Gobierno de Canarias

La respuesta de Canarias no se hizo esperar. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, rechazó de plano las manifestaciones de la ministra y censuró que se plantee públicamente el fin de la contingencia sin haber mantenido antes una reunión con Canarias, Ceuta y Melilla, los tres territorios donde se ha aplicado este mecanismo excepcional. A su juicio, resulta "inaceptable" que una decisión de esta trascendencia se anuncie sin contrastar previamente la situación real de las comunidades que soportan la mayor presión migratoria.

Delgado considera que el debate no responde a la realidad actual del sistema de protección en Canarias y avanzó que el Ejecutivo autonómico solicitará explicaciones al Ministerio durante la próxima Conferencia Sectorial. La consejera entiende que cualquier revisión del mecanismo debe hacerse desde el diálogo institucional y atendiendo a los datos objetivos de ocupación del sistema, no mediante anuncios públicos.

"No sabemos cuál es la prisa"

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, fue aún más explícito al cuestionar el planteamiento del Estado. A su juicio, no se entiende el interés del Ministerio por comenzar a hablar del final de la contingencia cuando las circunstancias que justificaron su activación siguen plenamente vigentes. "No sabemos cuál es la prisa", expone el responsable autonómico, que recuerda que este mecanismo fue fruto de años de negociación entre Canarias y el Estado para dar respuesta a una situación de colapso que todavía no ha desaparecido.

500 niños por encima del umbral que marca la ley

El principal argumento del Gobierno canario son las cifras. La capacidad ordinaria del sistema de protección del Archipiélago ronda las 700 plazas, mientras que la legislación establece que una comunidad entra en situación de contingencia cuando supera tres veces esa capacidad, es decir, alrededor de 2.210 menores. En la actualidad, Canarias mantiene bajo su tutela a más de 2.700 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, cerca de 500 por encima del umbral que marca la propia norma para mantener activado el mecanismo extraordinario.

Para Candil, ese dato por sí solo demuestra que no existen razones para plantear el final de la contingencia. Aunque reconoce que la situación ha mejorado respecto a los momentos de mayor presión gracias a la entrada en vigor del nuevo sistema de distribución, insiste en que el Archipiélago continúa "en el filo de la norma" y que el sistema de protección sigue funcionando muy por encima de su capacidad estructural.

Derivaciones de menores a otras comunidades

El viceconsejero recordó que desde la aplicación del nuevo modelo se han derivado a otras comunidades autónomas más de 2.000 menores migrantes no acompañados, una medida que ha permitido aliviar parcialmente la presión sobre la red de acogida canaria. Sin embargo, lamentó que los traslados no se estén realizando con la rapidez prevista en la legislación. La norma fija un plazo máximo de quince días para efectuar las derivaciones, pero, según explicó, muchos expedientes tardan varios meses en completarse, lo que obliga a Canarias a seguir atendiendo durante ese tiempo a los menores que deberían haber sido redistribuidos.

Centros más pequeños

Candil también rechazó uno de los argumentos utilizados por el Ministerio para defender que la situación ha mejorado. Explicó que el cierre de algunos grandes dispositivos de acogida no significa que el sistema haya recuperado la normalidad, sino que responde a una reorganización de la red tras las derivaciones y al objetivo de abandonar progresivamente los grandes recursos de emergencia para sustituirlos por centros más pequeños, especializados y con mejores condiciones para los menores. Aun así, insistió en que Canarias continúa triplicando ampliamente su capacidad ordinaria y que la presión asistencial sigue siendo muy elevada.

Continúan las llegadas de menores

El Gobierno autonómico subraya además que las llegadas de menores continúan produciéndose. Como ejemplo, Candil recordó que solo durante el pasado fin de semana llegaron otros once menores no acompañados a bordo de dos embarcaciones, una circunstancia que evidencia, a su juicio, que la ruta atlántica sigue activa y que la presión migratoria dista mucho de haber desaparecido.

Otra de las preocupaciones expresadas por el Ejecutivo canario es el riesgo de que la desactivación de la contingencia pueda traducirse en una reducción del respaldo del Estado a la gestión de la crisis migratoria. El viceconsejero sí reconoció que la financiación comprometida por el Estado para atender a los menores tutelados ya ha llegado, aunque recordó que esos recursos se recibieron "tarde y mal". En este contexto, recordó que conseguir el apoyo estatal "costó años" y defendió que carece de sentido hablar ahora del final de un mecanismo que todavía sigue siendo necesario para garantizar una respuesta solidaria del conjunto de las comunidades autónomas.

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