Sindicatos de Canarias denuncian bloqueo y agravio en la carrera profesional de 12.000 empleados públicos
El Archipiélago queda rezagado en la progresión profesional del personal de la Administración General, según las organizaciones

Trabajadores del Gobierno de Canarias saliendo de Usos Múltiples I. / LP / DLP

Los sindicatos de la Administración General de Canarias han denunciado el bloqueo de la carrera profesional y el "agravio" que, aseguran, sufren desde hace décadas más de 12.000 empleados públicos. Representantes de CCOO, Co.bas, Intersindical Canaria y Sepca recordaron este jueves, durante una rueda de prensa, que el Estatuto Básico del Empleado Público reconoció hace veinte años el derecho del personal público a progresar profesionalmente. Sin embargo, advirtieron de que la carrera profesional continúa siendo una asignatura pendiente en la Administración General de la comunidad autónoma.
Las organizaciones sindicales señalaron que el pasado 17 de junio se constituyó la Mesa Técnica de la Carrera Profesional, aunque expresaron sus dudas sobre la voluntad real del Gobierno de Canarias para atender sus reivindicaciones. A su juicio, existe el riesgo de que este órgano se convierta en una "maniobra dilatoria".
La Administración ha planteado vincular el desarrollo de la carrera profesional a un sistema de evaluación del desempeño cuya puesta en marcha podría demorarse hasta dos años. Los sindicatos rechazan cualquier condicionante que, según afirman, suponga retrasar de forma innecesaria el reconocimiento efectivo de este derecho. En este sentido, sostienen que la Administración General no puede seguir siendo el único sector excluido de este reconocimiento profesional y retributivo, frente a otros ámbitos públicos como el Servicio Canario de la Salud, la docencia o la justicia, donde sí está implantado.
Los sindicatos consideran que esta situación sitúa a Canarias "a la cola del Estado", en un contexto en el que comunidades autónomas de distinto signo político, como Andalucía o Madrid, han aprobado en los últimos años normativas específicas para implantar de forma gradual la carrera profesional, tal y como contempla el Estatuto Básico del Empleado Público.
Asimismo, defienden que el coste estimado de su puesta en marcha, cifrado en unos 40 millones de euros, es asumible para el Gobierno de Canarias, al que reprochan que destine recursos a otros fines mientras mantiene pendiente esta reivindicación.
De cara a la próxima reunión, prevista para el 2 de julio, las organizaciones sindicales exigen "un compromiso claro" para acelerar los plazos y evitar nuevas demoras en la implantación efectiva de la carrera profesional. También reclaman garantías jurídicas y presupuestarias para que las modificaciones legales y las previsiones económicas se traduzcan "en hechos inmediatos y no en meras declaraciones de intenciones".
Los sindicatos recuerdan que en 2024 ya entregaron al Gobierno de Canarias una propuesta técnica para la implantación definitiva de la Carrera Profesional Horizontal en la Administración General. Además, han intensificado su ronda de contactos en el ámbito legislativo y han mantenido encuentros con distintos grupos parlamentarios para trasladarles sus planteamientos.
Como parte de sus movilizaciones, las organizaciones sindicales han convocado una concentración el próximo 30 de junio, de 10.00 a 12.00 horas, frente a la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria. Además, no descartan nuevas protestas si no se atienden sus reivindicaciones.
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