Los impuestos sobre transmisiones de vivienda en Canarias crecen un 20% en tres años

Comprarse una vivienda supone un desembolso para el comprador que no ha hecho otra cosa que engordar en los últimos años. Las continuas subidas de precios no solo han afectado a lo que se debe abonar por el pago mismo de la propiedad que se quiere poner a nuestro nombre, sino que también ha engrosado el dinero que se debe pagar a la administración pública por realizar esta operación. La recaudación de dos de los principales tributos que se aplican en el momento en el que un inmueble cambia de manos casi un 20% en los últimos tres años. Justamente el periodo en el que la emergencia habitacional se ha agudizado en Canarias a través de una vertiginosa escalada de los precios.

De esta manera, el incremento del precio de la vivienda tiene por un lado a unos grandes perjudicados, los ciudadanos canarios que ven muy complicado poder acceder a un techo. Pero, por otro, el fisco es el gran beneficiado ya que, a mayor número de operaciones y más cuantiosas, los ingresos para las arcas públicas son más numerosos.

De hecho, la vivienda tiene asociada –tanto cuando cambia de manos como por su simple existencia– varios tributos que engordan los ingresos de la Hacienda pública. Tanto es así que un reciente informe de Ernst & Young señala que la acumulación de figuras fiscales en España vinculadas a la promoción, construcción, tenencia y transmisión de vivienda es uno de los factores que contribuye a su encarecimiento y constituye toda una anomalía en la Unión Europea (UE).

88 millones a través de ITP

Uno de ellos es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que grava también la adquisición de otros bienes, pero es la compraventa de vivienda el que supone un mayor porcentaje de sus ingresos. Entre enero y marzo de este año –de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria Canaria– se han recaudado 88 millones de euros a través de esta figura fiscal. ¿Mucho o poco? Desde luego bastante más que hace unos años atrás. Si nos fijamos en la recaudación de 2023, los números han aumentado un 13%. En lo que llevamos de año la subida ha sido del 3,28%.

El ITP es un tributo que debe abonar el comprador en el momento en el que adquiere una propiedad de segunda mano. Está transferido a las haciendas autonómicas y en Canarias se abona, de forma general, un 6,5% del coste del inmueble que se adquiere. El mismo porcentaje que se pagaría de IGIC en el caso de que la vivienda fuera nueva. Y este es uno de los motivos de que la recaudación tributaria vinculada a esta figura haya aumentado tanto. Si cada vez las casas son más caras, la cantidad que hay que pagar a la administración por su adquisición también lo es. Porque no es lo mismo pagar un 6,5% de una vivienda que vale 100.000 euros que ese mismo porcentaje de esa misma vivienda pero que ahora vale 160.000.

Algo similar ocurre con el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que también paga el comprador, y que grava la formalización de ciertos actos y contratos en documentos notariales, mercantiles y administrativos. En Canarias se recaudaron entre enero y marzo de este año 24,9 millones de euros a través de él. La cantidad se ha mantenido estable respecto al año pasado, pero si se compara la cifra con la de tres años atrás la subida es del 45%. El tipo general de este impuesto es del 1%, por lo que la cantidad final depende igualmente del valor de la propiedad de la que se obtienen las llaves.

Otros impuestos

Pero estos no son los únicos impuestos a través de los que las administraciones públicas reciben ingresos a través de las viviendas. En la compraventa de una casa también se debe pagar la plusvalía, es decir, un impuesto que cobran los ayuntamientos y que grava el incremento del valor de la propiedad durante el tiempo que ha permanecido en sus manos.

Los ayuntamientos también despliegan todas sus armas recaudatorias alrededor de la vivienda. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) –una de las principales vías de ingresos municipales–, pero también otras figuras destinadas, principalmente, a gravar la construcción de viviendas en sus localidades.

Figuras tributarias que, de acuerdo con el informe de Ernst & Young favorecen el encarecimiento de la vivienda nueva en un momento de auténtica emergencia habitacional en muchos puntos del país. Además de dificultar el acceso a ella, sobre todo a los más jóvenes, al generar un sobrecoste a las promotoras y constructoras que acaban repercutiendo a los compradores.

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