La dependencia en Canarias, al límite: la nómina mensual se duplica mientras el Estado solo cubre el 22% del gasto

La gestión de la dependencia en Canarias ha dejado de ser una cuestión de buenas intenciones para convertirse en un desafío financiero de dimensiones críticas. Las cifras que la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, puso sobre la mesa en el último Consejo Territorial de Servicios Sociales este lunes no solo hablan de gestión, sino de un desequilibrio estructural que amenaza la sostenibilidad del sistema. La realidad es contundente: en apenas tres años, la nómina mensual para atender a las personas dependientes en las Islas ha pasado de los 7.916.285,33 euros de julio de 2023 a los 18.278.259,21 euros abonados este mismo mes de junio de 2026.

Este incremento de más del 130% en los pagos directos es el reflejo de un sistema que se ha transformado para atender a más personas. Sin embargo, este avance ha sido soportado casi en solitario por las arcas canarias, defiende la Consejería. Mientras la Ley de Dependencia establece que la financiación debería repartirse al 50% entre el Estado y las comunidades, la realidad en el Archipiélago es que Madrid solo cubre actualmente el 22% del coste total.

Eficiencia frente a infrafinanciación

El Gobierno canario defiende que ha "hecho la tarea". Los indicadores de gestión muestran un cambio radical: el número de personas pendientes de la resolución de su Programa Individual de Atención (PIA) se ha desplomado un 91,9%. Más significativo aún es el alivio para las familias en la espera burocrática, el tiempo medio de resolución ha bajado de los agónicos 782 días de julio de 2023 a los 335 días registrados en mayo de este año.

Pero este éxito administrativo tiene un reverso financiero preocupante. El balance de 2025 arroja una fotografía nítida del esfuerzo autonómico: Canarias certificó un gasto de 403,9 millones de euros, pero la aportación estatal se quedó en 101,8 millones. Para la Consejería, este "desajuste" ignora además que desplegar servicios en siete islas —como región ultraperiférica— dispara los costes de transporte y anula las economías de escala. Además, denuncian que el Estado no computa la millonaria aportación de los Cabildos insulares en sus certificados oficiales.

El temor a los fondos "no estructurales"

Aunque el Ministerio ha anunciado un incremento de 21,2 millones de euros para Canarias a través del 'Nivel Acordado' para 2026 y otros 22,43 millones por el tramo del IRPF, la noticia se recibe con cautela. El temor principal es que esta subida se tramite mediante un Real Decreto Ley, lo que implica que no es una financiación estructural garantizada para los próximos ejercicios.

"Es peligroso hacer creer a la ciudadanía que habrá un incremento inmediato", advierte Delgado, recordando que cualquier subida de prestaciones (como el 18% anunciado para el grado III) depende de una validación en el Congreso donde el Gobierno no tiene mayoría. La afirmación hace referencia al anuncio que realizó la semana pasada el Gobierno de Sánchez sobre un incremento de 237 millones para la financiación de la dependencia en las Islas. Canarias desconoce cuándo recibirá la partida.

Una reclamación compartida

El malestar de Canarias es un sentimiento extendido en el Consejo Territorial, donde comunidades como Andalucía denuncian deudas estatales de hasta 6.000 millones de euros. Solo el País Vasco, que ha negociado por su cuenta, parece acercarse al equilibrio del 50%.

Para Canarias, el objetivo es claro: la mejora en la gestión debe ir acompañada de una financiación justa. El Archipiélago ha cumplido su parte reduciendo las listas de espera a una fracción de lo que eran; ahora exige que el Estado deje de ser un invitado secundario y asuma la mitad del coste real de atender a los dependientes en las Islas.

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