Canarias denuncia la dejadez del Estado en Bruselas en defensa de las RUP

El Gobierno de Canarias y el sector primario del Archipiélago acusan al Estado de no defender con la firmeza necesaria ante la Unión Europea (UE) las reivindicaciones de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) sobre el futuro del Posei, el principal instrumento comunitario de apoyo a la agricultura y la ganadería de estos territorios.

La crítica se produce en plena negociación del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y después de que España fijara su posición inicial en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, donde se abordó el Reglamento de planes nacionales. Para Canarias, esa posición resulta insuficiente y no recoge todas las garantías que reclaman las regiones ultraperiféricas para evitar que el Posei pierda autonomía, seguridad jurídica y financiación propia.

Un mandato "sin ambigüedades"

El malestar del Ejecutivo autonómico va más allá de una discrepancia técnica. Canarias considera que el Estado está actuando con tibieza en un asunto estratégico para el Archipiélago y para el conjunto de las RUP, pese a que el Congreso y el Senado han respaldado recientemente una posición común en defensa de un Posei autónomo, reforzado y con ficha financiera diferenciada. A juicio del Gobierno canario, ese mandato político debe trasladarse sin ambigüedades a Bruselas.

El viceconsejero de Sector Primario, Eduardo García, valoró que el texto comunitario incluya una referencia expresa al Reglamento 228/2013 del Posei cuando se alude a las intervenciones en las regiones ultraperiféricas. Sin embargo, advirtió de que esa mención no basta. “Esta referencia permite confirmar que el Posei se mantendrá como instrumento específico para estos territorios, pero no resuelve cuestiones esenciales sobre su autonomía, su encaje jurídico y su financiación”, señaló.

El temor a que se diluya en planes nacionales

La principal preocupación de Canarias es que el programa quede integrado en los futuros planes nacionales de la Política Agraria Común, la PAC. Esa fórmula es rechazada de plano por el Ejecutivo autonómico y por el sector, que la interpretan como una pérdida de capacidad política y jurídica para defender las singularidades de las RUP. “Defendemos que el Posei debe conservar plena autonomía y quedar fuera de cualquier planificación nacional, como ya ocurrió en el actual periodo de programación, en el que no se integró en el Pepac”, sostuvo García.

La gran preocupación es que el programa se diluya entre los planes y recursos nacionales

El fondo del conflicto está en quién controla y garantiza el futuro de una herramienta considerada esencial para territorios como Canarias, Madeira, Azores y los departamentos franceses de ultramar. Las RUP sostienen que su realidad no puede quedar subordinada a los criterios generales de los planes estatales, porque sus problemas no son coyunturales ni comparables a los de las regiones continentales.

El artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce la singularidad de las regiones ultraperiféricas y permite adoptar medidas específicas para compensar condicionantes estructurales como la lejanía, la insularidad, la fragmentación territorial, la reducida dimensión de los mercados y los sobrecostes que soportan sus sectores productivos. Para Canarias, diluir el Posei dentro de una planificación nacional supondría debilitar precisamente ese tratamiento diferenciado que los tratados europeos reconocen.

El debate de la financiación

La financiación es el otro gran frente abierto. El Gobierno canario y los productores temen que, si el Posei se integra en los planes nacionales, sus recursos puedan salir de los fondos asignados a esos planes o quedar sometidos a fórmulas de cofinanciación estatal. Canarias reclama lo contrario: una ficha financiera propia, separada, perfectamente definida dentro del próximo marco presupuestario europeo y financiada al 100% con fondos comunitarios.

El Ejecutivo autonómico advierte de que introducir cofinanciación estatal supondría abrir la puerta a un trato desigual respecto al resto de ayudas directas de la Política Agraria Común, que mantienen financiación íntegramente europea. “No puede plantearse que el Posei tenga un tratamiento financiero menos garantista que las ayudas directas, cuando precisamente responde a especificidades reconocidas por los tratados europeos que se traducen en desventajas a la hora de producir y competir en los mercados”, afirmó García.

Una coordinación imprescindible

El reproche político al Estado se refuerza por el calendario. Canarias, Madeira y Azores han acordado coordinarse para defender enmiendas al Reglamento de la Política Agraria Común antes del 7 de julio, fecha límite para la presentación de propuestas. El objetivo es incorporar garantías y excepciones específicas para las RUP, en línea con el tratamiento singular previsto en la normativa comunitaria vigente.

En esa estrategia participaron representantes de las administraciones de Madeira, Azores y Canarias, junto a organizaciones del sector como la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, Asprocan, y Eurodom, que defiende los intereses de los departamentos de ultramar de Francia. Todos ellos mantuvieron una reunión de coordinación en Bruselas para analizar el alcance de las negociaciones y fijar una posición común.

Que España haga suya esa posición

Canarias quiere que España asuma esa posición como propia y la defienda con claridad en las instituciones europeas. El Gobierno autonómico entiende que el Estado no puede limitarse a aceptar una referencia genérica al Posei si al mismo tiempo se mantiene abierta la posibilidad de integrarlo en planes nacionales o de someter su financiación a incertidumbre presupuestaria.

“El Posei no puede diluirse dentro de un plan nacional ni quedar sometido a incertidumbre presupuestaria. Es una herramienta esencial para sostener la agricultura y la ganadería de las RUP y compensar desventajas que no son coyunturales, sino permanentes”, concluyó el viceconsejero.

Para el Gobierno autonómico no es una cuestión solo agrícola, sino del estatus mismo de las Islas en la UE

Con este mensaje, Canarias eleva la presión política sobre el Gobierno central y exige que la defensa de las regiones ultraperiféricas pase de las declaraciones institucionales a una posición firme en Bruselas. Para el Archipiélago, el debate sobre el Posei no es solo una negociación agrícola, sino una prueba de hasta qué punto el Estado está dispuesto a defender la singularidad canaria y de las RUP en el nuevo reparto presupuestario europeo.