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Emergencia habitacional

Competencia avala la estrategia de Canarias para construir más vivienda

La comisión nacional propone revisar la clasificación del suelo no protegido, agilizar licencias y simplificar la normativa para aumentar la oferta de casas

El consejero Pablo Rodríguez preside este martes la reunión con los representantes de los cabildos.

El consejero Pablo Rodríguez preside este martes la reunión con los representantes de los cabildos. / LP

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Las Palmas de Gran Canaria

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avala con su último informe la estrategia emprendida por el Gobierno de Canarias desde el inicio de la actual legislatura para incrementar la construcción de viviendas. El organismo independiente propone una batería de medidas para facilitar el desarrollo de nuevas promociones, entre las que destaca que todo el suelo que no esté expresamente protegido pueda destinarse a usos residenciales, además de simplificar la normativa urbanística, reducir las cargas administrativas, agilizar la concesión de licencias, reforzar la seguridad jurídica con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda y facilitar el acceso al mercado residencial.

Un sistema más ágil

En el estudio sobre la transformación urbanística del suelo para vivienda, dado a conocer el pasado lunes, la CNMC sostiene que resulta necesario revisar el funcionamiento del sistema para hacerlo más ágil, previsible y eficiente. El organismo considera que la transformación de suelo continúa siendo un proceso excesivamente largo y complejo, condicionado por numerosos trámites administrativos que ralentizan el inicio de las promociones y terminan repercutiendo en el precio final de las viviendas. A su juicio, facilitar el desarrollo de suelo y reducir los plazos de tramitación contribuiría a incrementar la oferta residencial y mejoraría el funcionamiento del mercado de la vivienda.

Aval a la estrategia del Gobierno de Canarias

Las conclusiones del informe fueron recibidas con satisfacción por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez. Desde el departamento autonómico subrayan que el informe «viene a respaldar el diagnóstico y la línea de trabajo que el Gobierno de Canarias ha impulsado desde el inicio de la legislatura». La Consejería sostiene que la crisis de la vivienda «no puede abordarse únicamente desde la demanda, sino que exige aumentar la oferta disponible, y para ello resulta imprescindible actuar sobre aquellos obstáculos normativos y administrativos que durante años han dificultado la construcción de nuevas viviendas».

En ese sentido, el Gobierno considera que las principales recomendaciones formuladas por la CNMC van en la misma línea de las reformas que ya viene ejecutando Canarias. «La simplificación de los procedimientos, la reducción de los plazos de tramitación, la mejora de la seguridad jurídica y la puesta a disposición de más suelo apto para uso residencial son medidas que coinciden plenamente con las reformas que ya está desarrollando el Ejecutivo autonómico», señala la Consejería.

Medidas urgentes

El Ejecutivo de Canarias recuerda que esa estrategia comenzó con la aprobación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, una norma diseñada para facilitar la construcción de nuevas promociones, favorecer la disponibilidad de suelo, impulsar la vivienda protegida y promover fórmulas de colaboración público-privada para aumentar la oferta residencial.

Posteriormente, el Gobierno aprobó el decreto ley para la agilización de licencias urbanísticas, con el objetivo de reducir los tiempos de tramitación que soportan numerosos proyectos residenciales. Entre otras medidas, la norma permite que los ayuntamientos puedan apoyarse en entidades urbanísticas colaboradoras y colegios profesionales para acelerar la emisión de informes técnicos y la concesión de licencias, además de incorporar nuevos instrumentos para facilitar el desarrollo de vivienda.

La Consejería destaca igualmente el nuevo decreto regulador del Registro Público de Demandantes y del sistema de adjudicación de viviendas protegidas, al que se suma la Bolsa Activa de Vivienda Asequible como instrumento para movilizar inmuebles desocupados e incorporarlos al mercado residencial, además de otras iniciativas dirigidas a incrementar la oferta mediante la colaboración con el sector privado.

Canarias avanza en la senda adecuada

«Que un organismo independiente como la CNMC sitúe estas medidas entre las prioridades para afrontar la emergencia habitacional confirma que Canarias está avanzando en la dirección adecuada: construir más, construir mejor y eliminar las barreras que durante demasiado tiempo han impedido dar una respuesta eficaz a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía», sostiene la consejería.

1.966 viviendas en construcción

El Gobierno de Canarias subraya que esa estrategia ya se está traduciendo en nuevos proyectos residenciales. Según los datos del departamento, el Ejecutivo ha impulsado 4.033 viviendas públicas, de las que 1.966 se encuentran en construcción, 1.819 están planificadas y 248 ya han sido finalizadas. Unas cifras que, según el Gobierno autonómico, reflejan el avance de las medidas adoptadas para incrementar la oferta de vivienda protegida y acelerar la puesta en marcha de nuevas promociones en el Archipiélago.

El nuevo Plan de Vivienda avanza

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha iniciado la elaboración del Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030 con la apertura del proceso de consulta pública, una vez completado el diagnóstico previo, aprobadas las directrices por el Consejo de Gobierno e iniciado el procedimiento administrativo. El consejero, Pablo Rodríguez, y la directora del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Pino de León, presentaron el martes las líneas estratégicas del documento a los cabildos insulares para incorporar las necesidades y singularidades de cada isla.

El Ejecutivo ha solicitado a las corporaciones insulares que trasladen información sobre aspectos como la disponibilidad de suelo, la presión turística, la situación del planeamiento urbanístico o la despoblación en las zonas rurales, con el objetivo de elaborar un plan adaptado a la realidad de cada territorio y reforzar la coordinación entre administraciones para su futura ejecución.

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