Cuando la herejía también era negocio en Canarias

En 1597, dos años después del ataque de Drake a Las Palmas, la Inquisición canaria hizo comparecer a 46 reos protestantes en un auto de fe. Para entonces, las aguas del Archipiélago eran cada vez más inseguras y los puertos ya no miraban igual a quienes llegaban desde el Atlántico europeo.

El comercio no podía parar, por muchas órdenes que llegaran desde Madrid. El puerto no estaba para obedecerlo todo. La guerra en el Atlántico y los ataques a las Islas habían enrarecido la atmósfera. Ya no hacía falta ser corsario para quedar bajo sospecha. Un inglés, un flamenco o un francés podían ser comerciantes, marineros, contrabandistas o enemigos; a veces, varias cosas a la vez. En ese terreno encontró también su sitio la Inquisición.

Aquel auto de fe no fue un arrebato, sino el estallido público de una tensión que llevaba décadas acumulándose. El protestantismo no había sido siempre una obsesión para el Santo Oficio en las Islas. Durante buena parte del siglo XVI, ingleses, flamencos, franceses y otros hombres del norte de Europa formaban parte del paisaje comercial canario. No estaban fuera del sistema ni vivían en la sombra. Estaban dentro del engranaje portuario, como una pieza incómoda, pero necesaria.

A medida que las ideas reformadas se extendían y empezaban a preocupar también dentro de la Monarquía Hispánica, cambió la forma de mirar a esos extranjeros. Durante años se les dejó estar. No hubo una persecución sistemática, pero tampoco vivieron nunca del todo tranquilos. Con Felipe II, la guerra con Inglaterra y el aumento del contrabando, ese margen se fue estrechando.

Vigilar sin romper el negocio

El comercio siguió, no quedaba otra. A veces disfrazado, a veces tolerado y casi siempre sostenido por redes locales que tenían demasiado que perder si aquello se cortaba de golpe. En ese contexto, la Inquisición no se limitó a vigilar creencias, sino que sirvió para intervenir contra enemigos de la Corona.

La segunda mitad del siglo XVI fue el periodo de mayor actividad procesal del tribunal canario. En esos años se abrieron 1.133 causas de fe, casi la mitad de todas las que instruyó el Santo Oficio en las Islas, según el historiador Francisco Fajardo Spínola. También entonces se concentró la persecución contra los protestantes. De los 190 procesados por esa causa en Canarias, 151 pertenecen a ese periodo.

Thomas Nichols fue uno de los primeros casos claros. Era inglés, trabajaba para una casa londinense y acabó denunciado en La Laguna por dos mujeres con las que había tenido relación. Pasó más de tres años preso en Las Palmas, lo enviaron después a Sevilla y salió libre gracias a gestiones diplomáticas inglesas. La Inquisición lo encerró como sospechoso y, al hacerlo, le dio material para contar su versión al volver a Inglaterra. Su caso terminó entrando en la Leyenda Negra, no como gran episodio central, sino como una pieza más de aquella literatura antiespañola.

No hacía falta una gran conspiración doctrinal para acabar ante el Santo Oficio, pero tampoco cada denuncia terminaba en condena, ni mucho menos en muerte. Un extranjero protestante podía tener socios, apoyos y buenos contactos, que siempre era mejor que no tenerlos. Y aun así tenía que medir cada paso y procurar no darle a nadie un motivo.

Con John Sanders se ve hasta dónde podía llegar una disputa menor. Llegó a Las Palmas en 1565 procedente de Plymouth y vendía sardinas y tejidos en una casa de la Herrería. Una discusión por el precio bastó para llevarlo ante la Inquisición. Lo acusaron de romper un papel con una figura religiosa y él, al darse cuenta de inmediato de lo que podía venírsele encima, lo besó y dijo que no sabía que aquello fuera una imagen. De poco le sirvió. Algunos dominicos calentaron el ambiente, Sanders fue detenido y terminó saliendo en el auto de fe de 1569, después de cuatro años preso.

Historias como la de Sanders suenan absurdas hoy, pero el mecanismo no queda tan lejos. En tiempos de guerra, una rencilla privada podía crecer si encontraba la acusación adecuada. En el siglo XVI, la religión ofrecía el lenguaje necesario para convertir una pelea comercial, una deuda o una enemistad en algo mucho más grave.

La paradoja canaria

En Canarias la contradicción se veía rápido. La Inquisición y las propias autoridades locales debían vigilar a hombres que movían buena parte del comercio insular. Peligrosos para la Corona, muy útiles para el puerto. Por eso no faltaron apoyos locales. En Tenerife, regidores, cosecheros y hacendados salieron a veces en defensa de aquellos extranjeros, incluso frente al propio Tribunal.

Pedro de Ponte, rico y poderoso regidor con negocios con ingleses, fue señalado por proteger a comerciantes que más de una vez también eran corsarios. Se decía que no dejaba que nadie hablara mal de los ingleses ni los tratara mal, como recoge Fajardo Spínola.

El puerto funcionaba con otras reglas. Desde 1558, las autoridades debían revisar los barcos extranjeros por si traían libros prohibidos. El control religioso servía también para saber quién llegaba, qué traía, de dónde venía y con quién trataba. Aquellos chequeos abrieron más de un problema diplomático.

Prohibiciones y disfraces

En 1585 se dio un paso más y se prohibió comerciar con Inglaterra y con los rebeldes de los Países Bajos. El tráfico no se cortó, solo se escondió mejor. A menudo se movía bajo banderas ajenas. Sobre el papel se obedecía; en la práctica seguían entrando mercancías y saliendo vinos.

La Inquisición empezó a mirar no solo lo que creía el extranjero de turno, sino lo que representaba en tiempos de guerra. Muchos no llegaban ante el Santo Oficio solo por herejía: pesaba también su vínculo, real o supuesto, con potencias enemigas.

La ironía es que Madrid terminó frenando al propio tribunal canario. El inquisidor Claudio de la Cueva había encarcelado a marinos extranjeros y embargado barcos y haciendas. Desde la Península se le recordó que no podía actuar sin constatar que se había cometido un delito contra la fe en territorio español.

La Corona quería vigilar, castigar y cerrar el paso al enemigo, pero tampoco podía asfixiar del todo un comercio que seguía haciendo falta. Cuando la presión económica apretaba, las prohibiciones se volvían más flexibles. No por tolerancia religiosa, sino por necesidad.

En la Canarias del siglo XVI, el protestante extranjero no era solo un disidente religioso. Por mucho que importara la fe y se persiguiera la herejía, no todo era doctrina. Hubo miedo religioso, cárcel y excesos, pero también guerra de fondo, comercio, intereses locales y rencillas personales. Después, los enemigos de España aprovecharon algunas de esas historias para alimentar en Europa la imagen de una España cruel e intolerante. No hacía falta inventarlo todo. Bastaba escoger bien los casos y contarlos como si fueran la norma.