Desarrollo del Estatuto de Autonomía
Voz y voto en aeropuertos: Canarias quiere decidir sobre las tasas y nombramientos de directores
El Gobierno autonómico exige que el nuevo órgano bilateral tenga capacidad para definir inversiones en el Archipiélago: «No es que se nos oiga; el Estatuto ya nos dice que tenemos la posibilidad de decidir», sostiene Nieves Lady Barreto

Pasajeros esperando para facturar en un aeropuerto de Canarias. / José Pérez Curbelo
El Gobierno de Canarias tiene claras las principales reivindicaciones que defenderá en la negociación del futuro órgano bilateral aeroportuario con el Estado. El Ejecutivo autonómico aspira a que el acuerdo permita desarrollar plenamente el artículo 161 del Estatuto de Autonomía y reclama participar en las decisiones estratégicas que afectan a los ocho aeropuertos de interés general del Archipiélago, desde las inversiones y las tasas hasta los nombramientos de sus responsables.
Tras la reunión técnica celebrada este jueves con representantes del Gobierno de España, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, defendió este viernes que Canarias no pretende reproducir el modelo acordado entre el Estado y el País Vasco, sino alcanzar un acuerdo adaptado al Estatuto de Autonomía de 2018, que, a su juicio, reconoce un marco competencial más amplio.
Decidir sobre tasas
La principal diferencia que plantea el Ejecutivo canario respecto al modelo vasco radica en el alcance de la participación de la comunidad autónoma en la gestión aeroportuaria. Según Barreto, mientras el acuerdo suscrito con Euskadi se apoya en un estatuto más antiguo que limita esa participación «a ser oído» en determinadas materias, el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias permite avanzar hacia una participación «más activa» en la toma de decisiones en materias críticas como las tasas y los precios públicos.
«No es que se nos oiga; el Estatuto ya nos dice que tenemos la posibilidad de decidir», enfatizó la consejera, señalando que el Archipiélago debe tener capacidad para tomar decisiones ejecutivas en esta materia debido a su condición de región ultraperiférica (RUP), donde el avión es un servicio esencial y el único medio de transporte viable para la movilidad.
Nombramientos e inversiones
Otro de los pilares de la negociación es el nombramiento de los directores y directoras de los aeropuertos de interés general. Canarias exige dejar de ser un sujeto pasivo ante las designaciones estatales. El objetivo es que la comunidad sea partícipe o, al menos, tenga opinión y conocimiento previo de estos nombramientos, evitando que se conviertan en una «imposición» unilateral por parte del Estado.
La consejera remarcó además el peso económico de los aeropuertos canarios para el conjunto del sistema nacional. Barreto recordó que las infraestructuras de las Islas «producen mucho dinero» y que son, en gran medida, las que permiten «mantener la red de aeropuertos de España». En este sentido, Canarias defiende que el órgano bilateral debe ser el espacio donde la comunidad pueda pedir y definir inversiones estratégicas. Las propuestas concretas se incorporarán a las aportaciones que el Gobierno de Canarias remitirá al borrador del Estado la próxima semana.
El precedente de Euskadi
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el Ejecutivo vasco crea el órgano bilateral aeroportuario Euskadi-Estado como un instrumento de colaboración, coordinación y cooperación para los aeropuertos de Bilbao, Hondarribia y Foronda. Según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el órgano funcionará por consenso, «carecerá de competencias ejecutivas» y no modificará el régimen jurídico de Aena ni el modelo de gestión de la red de aeropuertos de interés general.
Funciones del órgano bilateral vasco
El documento prevé la participación del Gobierno vasco en cuestiones estratégicas relacionadas con la planificación aeroportuaria. Entre sus funciones figura la formulación de propuestas previas al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), el instrumento mediante el que el Estado fija cada cinco años las inversiones, los niveles de calidad, las tarifas y las previsiones de tráfico de la red de aeropuertos de interés general. Asimismo, podrá emitir informes sobre los planes directores aeroportuarios y realizar el seguimiento de las inversiones, la conectividad aérea y otros proyectos vinculados al desarrollo de estas infraestructuras.
Un órgano ya constituido
El órgano bilateral aeroportuario vasco quedó constituido oficialmente el 22 de abril de 2026 y está integrado por ocho miembros, cuatro representantes de Euskadi y otros cuatro de la Administración General del Estado. La presidencia será rotatoria entre ambas administraciones.
Voluntad de acuerdo
Este acuerdo se traslada a Canarias. Barreto aseguró este viernes haber percibido una «voluntad real» por parte del Gobierno de España para avanzar en la negociación, aunque advirtió de que deberá recoger las aspiraciones del Archipiélago. «Irá rápido si nos aceptan las peticiones... Si deciden trabarlo, estarán trabando el Estatuto de Autonomía de Canarias y tardará más», sentenció la consejera.
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