El absentismo dispara la demanda de detectives privados en Canarias

Un empleado acude a su centro médico con un dolor de espalda que le incapacita llevar a cabo actividades cotidianas pero, a la mañana siguiente, ayuda a un familiar con unas obras y derriba el techo de una vivienda. En otra ocasión una trabajadora que visita a su médico de cabecera en Gran Canaria en muletas viaja ese mismo sábado para irse de fiesta a Lanzarote. Estos son dos de los casos reales con los que se han topado algunos detectives privados en Canarias. Su servicio, cada vez más demandado entre las empresas, responde a un absentismo crónico que crece cada año, con cerca de un 3% de casos de fraude, y que le cuesta al Archipiélago unos 3.000 millones de euros, lo que equivale al 3% de su PIB.

Desde el ámbito de los investigadores, Julio Gutiez, detective privado y criminólogo con más de 40 años de ejercicio, señala que la baja laboral fraudulenta ha aumentado de forma notable en los últimos años. No obstante, matiza que no todas las incapacidades temporales responden a este patrón. Según datos del Ministerio de Seguridad Social y de la Confederación Canaria de Empresarios, el 70% de los trabajadores no se acoge a bajas laborales. Y, del 30% restante, aproximadamente la mitad corresponde a casos con enfermedades reales y justificadas. Por su parte, Ángel Castillo, director autonómico de Asepeyo, apunta que el perfil más habitual del trabajador en situación de baja es el de una mujer de entre 31 y 50 años, con procesos de incapacidad temporal de entre uno y 15 días. Además, explica que el lunes suele ser el día más frecuente para iniciar una baja laboral.

El otro 15% pertenece a casos en los que algunos trabajadores realizan actividades incompatibles con su situación de incapacidad temporal. En este contexto, uno de los datos que más preocupa es el 3% de empleados que acumula más de tres bajas al año. En este sentido, los investigadores particulares se han encontrado con situaciones muy diversas, desde empleados que acuden a una cita médica con muletas y salen de la consulta cargándolas como si fueran un simple accesorio, hasta trabajadores que juegan partidos de tenis pese a tener, supuestamente, un brazo roto.

Cuando existen sospechas, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y, sobre todo, las propias empresas recurren a los servicios de detectives privados. Unos encargos que acaparan el 80% de la actividad de los detectives en todo el país. Gutiez destaca, además, un cambio de tendencia, en especial, entre la gente joven. Mientras que antes era habitual que una baja fraudulenta se utilizara para obtener un beneficio económico adicional –por ejemplo, trabajando en otro lugar mientras se seguía cobrando–, ahora «muchos casos se orientan hacia el ocio, el descanso, las vacaciones o el disfrute personal», advierte. Es decir, algunos trabajadores optan por dedicar ese tiempo a actividades ajenas al entorno laboral. El detective señala la pandemia como un punto de inflexión en este cambio de mentalidad. «La gente ha dicho: lo primero, mi vida; lo segundo irme de viaje; y ya lo último, trabajar».

Proceso de investigación

¿Pero, cómo operan estos investigadores? Cuando un caso llega a una agencia de detectives, suele haber una criba previa. Las sospechas parten, en muchas ocasiones, del propio entorno laboral. En Canarias, donde abundan las empresas de menos de diez trabajadores, la ausencia de un empleado tiene un efecto inmediato sobre el resto de la plantilla, que debe asumir su carga de trabajo. Esa presión acaba generando quejas y comentarios internos. «Los propios compañeros muchas veces dicen que lo han visto el otro día por aquí o que estuvo por allá», subraya Gutiez.

A partir de ahí comienza el trabajo del detective. La investigación debe formalizarse mediante un contrato tras el cual se estudia dónde vive la persona, cómo se mueve, si realiza alguna actividad visible en su entorno y qué hábitos pueden observarse. Luego se inicia el seguimiento, que normalmente dura entre cuatro y cinco días. «Ese periodo se considera suficiente», dice el detective Gutiez, «para comprobar si existe una conducta repetida o continuada que pueda ser relevante en un procedimiento laboral».

Una vez terminada la investigación, el detective elabora un informe por escrito con fotografías, vídeos y documentación si fuera necesario. Este puede presentarse en el juzgado de lo social, donde el detective actúa como testigo cualificado y debe ratificar lo observado. La finalidad no es solo obtener imágenes aisladas, sino demostrar una conducta sostenida que pueda resultar incompatible con la baja.

Impacto económico

Por su parte, las patronales asisten con preocupación al impacto del absentismo laboral en la economía de las Islas. El vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, tilda la situación de «tremenda». La incapacidad temporal lleva años creciendo, especialmente en las bajas por contingencias comunes, como puede ser un resfriado. Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, el año pasado se registraron en Canarias más de 400.000 casos, lo que supuso un incremento del 19,1%.

Con estas cifras, la comunidad autónoma se sitúa entre las regiones con mayor intensidad de absentismo laboral, junto con Madrid, Cataluña o Murcia. El dato más contundente, sin embargo, está en la evolución del fenómeno, ya que si se toma como referencia 2015, el incremento alcanza el 130%.

Así, el principal problema que denuncian las patronales no es solo el aumento de las bajas, sino el ritmo al que crecen y el efecto que generan sobre la actividad económica. «Esto afecta directamente a la productividad, a la competitividad de las empresas y al funcionamiento general de la economía regional», subraya García. Desde la pandemia las bajas laborales se han disparado y ya superan los 3.000 millones de euros en pérdidas. Solo en 2025, las Islas acumularían cerca de 23 millones de jornadas perdidas.

Suscríbete para seguir leyendo