Inversiones verdes para frenar el avance de un mundo marrón

Canarias quiere convertirse en un hub de dinero verde. Cuatro consejerías -todas bajo el mando del PP- ultiman la creación de un registro de emisiones de gases nocivos para la atmósfera que permita al Archipiélago beneficiarse de la política global de reducción de carbono que persigue la preservación del clima y la biodiversidad, que son dos de los grandes activos con lo que cuentan las Islas. El objetivo es encontrar empresas dispuestas a compensar el perjuicio que su actividad genera sobre el medio ambiente mediante la inversión en iniciativas encaminadas a mejorar los niveles de sostenibilidad de la comunidad autónoma. Además, de manera amplia, no solo plantando árboles, que es en la actualidad casi la única moneda de cambio, sino promoviendo una completa regeneración de los parajes más afectados por la acción del hombre.

Ejemplo práctico. Una aerolínea genera una cantidad equis de CO2 por la combustión de queroseno durante los trayectos que cubre su flota de aviones. Probablemente supere el límite que tiene asignado, porque la Unión Europea aprieta cada vez más el cinturón con el fin de alcanzar en 2050 la meta de la neutralidad climática (cero emisiones). ¿Cómo puede librarse esa compañía de tener que comprar en una subasta derechos de emisión que les sobran a otras empresas más limpias y que no consumen su cupo por completo? Por ejemplo, compensando el exceso de contaminación con inversiones en iniciativas verdes: energías renovables, reciclaje de residuos, recuperación de barrancos para los vegetales autóctonos. investigación en combustibles sostenibles, etcétera.

Así se traduce al plano real la iniciativa planteada por el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, al final del pasado año. El contexto de obligada descarbonización -Canarias ha adelantado a 2040 la llegada al escenario de cero emisiones- hace innecesario justificar la pertinencia de la medida. Otra cosa es la dificultad que ha entrañado perfilarla en el plano técnico y jurídico. Sin las necesarias garantías jurídicas, ningún negocio iba a llegar a meta. Han sido varios los departamentos del Ejecutivo autonómico por los que la idea ha tenido que transitar hasta tomar la forma precisa. Entre ellos, las consejerías de Turismo, Transición Ecológica y Energía, y Hacienda, además de la propia vicepresidencia, que también tiene bajo su mando las competencias en materia de industria, entre otras. La parte positiva es que todos estos departamentos tienen al frente a un miembro del PP, lo que ha evitado el paso inicial de poner en sintonía a diferentes actores.

Está prevista la aprobación de este registro de huella de carbono en un próximo Consejo de Gobierno. Y a partir de ahí, habrán de perfilarse los correspondientes reglamentos que definan de manera detallada el cauce por el que habrán de discurrir las iniciativas para que tanto el Archipiélago como las empresas que decidan compensar en él sus emisiones obtengan el beneficio perseguido. El objetivo final es tener todo el mecanismo dispuesto para antes del final de la legislatura, es decir, en la próxima primavera.

Esto no es algo que esté inventando Canarias. Desde el año 2013, Costa Rica cuenta con su Mercado Doméstico de Carbono (MDC). La población costarricense asciende a 5,17 millones de habitantes y la recepción promedio de turistas se sitúa en torno a los 2,6 millones. Es decir, la presión de la actividad alojativa sobre el entorno del país centroamericano -si bien dibuja una curva en continuo ascenso- es mucho menor de la que soporta Canarias. Si el MDC tiene sentido en aquel país, más aún en el Archipiélago, con dos millones de habitantes y 17 millones de visitantes anuales. Además, ambos territorios comparten un perfil de alto contenido en biodiversidad altamente sensible. Y el costarricense no es el único estado que ha apostado por esta vía, también Ghana y Camboya, aunque sin mercados nacionales de derechos de emisión, han decidido jugar un papel muy activo en el marco mundial.

Mejorar lo que existe

Llegar después que los demás no siempre es negativo. Tener otros ejemplos en marcha, incluso dentro de la misma España, permite a las Islas mejorar lo que ya existe. Todos los mecanismos que funcionan en el país giran en torno al denominador común de la reforestación. Tiene pleno sentido y también operará de esa manera en el Archipiélago. ¿Cómo no iba a ser así si un solo pino canario absorbe todo el humo contaminante que expelen los tubos de escape de diez coches durante todo un año? Pero el mecanismo que ultima la comunidad autónoma no se quedará tan solo en ese punto. El objetivo es más ambicioso y, sin aparcar la plantación de árboles, se persigue una recuperación integral del paisaje. Barrancos enteros tomados por especies vegetales invasoras se repoblarán con endemismos.

En un ejercicio de imaginación, a la comunidad autónoma, carente de las grandes extensiones de territorio que pueden ofrecer otros lugares para que las empresas puedan compensar, le toca convertir en virtud la necesidad. De ahí que el catálogo de posibilidades que va a poner sobre la mesa incluya iniciativas nunca contempladas hasta la fecha. Ya no solo con la creación de áreas de alta densidad vegetal, sino también promoviendo que el mantenimiento y mejoras a introducir en estas también computen a la hora de restar tensión al balance contaminante de los negocios. También el tratamiento de los residuos, uno de los grandes retos que tiene ante sí la comunidad autónoma en un cortísimo plazo de tiempo.

El otro es el de la generación de energía. El petróleo es la fuente primaria al 95%, sumados el transporte de mercancías, la movilidad ciudadana, la actividad industrial o la generación de electricidad. En este último caso, la penetración de energía renovable se enfrenta al parón que provoca la inexistencia de infraestructuras de almacenamiento, algo que Salto de Chira solucionará en una parte importante, pero solo en Gran Canaria. Las baterías anejas a los parques eólicos y plantas fotovoltaicas tendrán que llegar más temprano que tarde, y también la inversión en este ámbito podría ser refugio para la compensación de las emisiones de gases contaminantes. Del mismo modo, el despliegue de la tecnología eólica marina y la investigación en el aprovechamiento de la fuerza de las mareas (mareometriz) y las olas (undimotriz). El 88% de las emisiones de las Islas se generan en el campo de la energía, y son entre 10 y 14 millones de toneladas de CO2 las que se lanzan a la atmósfera cada año. Hay terreno por ganar, mucho, y poco tiempo para poner a funcionar a pleno rendimiento la maquinaria necesaria para conseguirlo.

La búsqueda más allá de las fronteras de la comunidad autónoma de empresas interesadas en afrontar inversiones verdes es saludable, pero ya dentro mismo del territorio canario la estrategia de algunas compañías pasa necesariamente por esa línea. Todas las que desarrollan su actividad en el ámbito turístico, que en las Islas son legión, tienen que, necesariamente, hacer cuanto esté en su mano para que el entorno, el paisaje, y la costa se mantengan en perfecto estado. También reparar el daño que puedan haber sufrido durante las últimas décadas, incluso antes de que la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático ocuparan un lugar destacado en las agendas políticas.

Presión sobre el territorio

La llegada de visitantes a lo largo de los últimos años no cesa de crecer. Evidentemente, el negocio alojativo reparte mayor o menor cantidad de beneficios y genera más o menos empleo en función de esta variable, pero no por ello puede desatenderse la presión que el incremento de la clientela ejerce sobre el territorio. Lo contrario promovería el serio riesgo de morir de éxito en todos los sentidos. Al evidente daño al medio ambiente y las consecuencias que de ello se derivan para la población local, se suma el hecho constatado de que los turistas cada vez conceden más importancia al clima y el medio ambiente como elementos diferenciales a la hora de escoger destino para su descanso.

El último informe sobre Sostenibilidad del Turismo en Canarias, correspondiente al año 2024, señala que las tres cuartas partes (75,6%) de los viajeros que escogen las Islas consideran «muy importante» el clima como variable que les lleva a tomar la decisión. Tras él, ponen sobre la mesa el mar un 45,1%, y las playas, un 38,8%. Datos que exponen la importancia de oponerse con cuantas actuaciones se pueda al cambio climático, que a su vez debilita el litoral; aparte de preservar este último de la contaminación marina y evitar así la pérdida del hábitat natural para miles de especies marinas que conforman la fauna del océano Atlántico.

En tierra, los paisajes y el entorno ambiental son definitivos para el 35% de los turistas que llegan a las Islas. Cada vez es mayor la exigencia medioambiental de la demanda turística, con lo que el registro de emisiones y los mecanismos de compensación que van a poner en marcha las Islas permiten a las compañías, además de dar cuenta de su compromiso verde, preservar los activos naturales que mantienen sus negocios entre las preferencias de la demanda.

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