Canarias vota en contra de la regla de gasto del Estado por "asfixiante" con las necesidades de las Islas

Otro desencuentro entre los Gobiernos de España y de Canarias. El Ejecutivo regional votó este lunes en contra de los objetivos de estabilidad propuestos por el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), como el resto de comunidades del Partido Popular (PP). A pesar de valorar el "buen tono" y la voluntad de colaboración del ministro Arcadi España, la consejera de Hacienda canaria, Matilde Asián, calificó los números presentados como "lamentablemente no positivos" para el Archipiélago.

El absurdo de ahorrar con una recaudación récord

La base del rechazo canario reside en la "asfixia" que la regla de gasto impone a las Islas desde principios de 2024. Asián expuso una contradicción aritmética insostenible, pues mientras la recaudación en Canarias está creciendo a ritmos de entre el 8% y el 9%, la regla de gasto que pretende imponer el Estado se limita a un 4% (tras haber sido elevada ligeramente desde el 3,2% inicial).

Este desfase genera un "superávit forzoso" que Canarias tiene prohibido utilizar en sus ciudadanos. "Si los ingresos suben el 8 o el 9 y la regla de gasto es el 4, tendríamos un superávit enorme que no nos podemos gastar", explicó la consejera, señalando que esta norma impide que fondos que son propios de la comunidad se destinen a sus funciones básicas de sanidad, educación y políticas sociales.

Prioridad social frente al pago a los bancos

El Gobierno de Canarias tacha de "poco razonable" que se exija a una comunidad saneada generar ahorros para amortizar deuda pública a los bancos cuando sus niveles de endeudamiento ya son ejemplares. Según los datos aportados por la consejera, Canarias ya tiene, actualmente, la mitad de la deuda que se le va a exigir para el año 2029, y al no contar apenas con deuda que amortizar, el superávit acabaría simplemente en las entidades bancarias o inmovilizado, en lugar de revertir en la ciudadanía.

"¿Con qué cara vamos a decirles a los canarios que les vamos a someter a un sacrificio y reducir la inversión porque tenemos que tener un superávit para amortizar deuda?", cuestionó Asián, insistiendo en que la regla de gasto solo tiene sentido cuando existe una deuda real que corregir.

Un malestar compartido por otras comunidades

Durante la reunión, Canarias expuso que esta situación no es exclusiva de las Islas. Asián explicó que incluso comunidades que votaron a favor (como Castilla-La Mancha, Cataluña o Asturias) coincidieron en sus discursos en que la regla de gasto es inviable y debe ser modificada. Según la consejera, la norma es tan ajena a la realidad que "la incumple todo el mundo", incluyendo a la Administración central y a la mayoría de las corporaciones locales.

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De hecho, Canarias incumplió la regla de gasto en 444 millones de euros durante 2024 para atender necesidades extraordinarias como la reconstrucción de La Palma, la atención a los menores migrantes no acompañados y el pago de sentencias judiciales.

La consejera ha exigido, por tanto, al Ministerio una "reflexión profunda" para que se permita a Canarias gastar los ingresos que genera en satisfacer las necesidades de su población, siempre respetando la disciplina fiscal y el equilibrio estructural, pero sin verse castigada por una regla de gasto que ignora la particular bonanza recaudatoria y la solvencia financiera del Archipiélago, que además es una región ultraperiférica con singularidades específicas.

Costes laborales

Un punto de especial preocupación para el Ejecutivo autonómico, que la consejera apuntó antes de entrar en la reunión, es el efecto de los acuerdos en materia salarial adoptados por el Gobierno de España con los sindicatos. Asián destacó que estas decisiones estatales afectan directamente a los presupuestos de las comunidades, pero sin que se haya aclarado aún cómo se van a compensar económicamente esos sobrecostes.

Canarias alerta de una doble contradicción en este sentido: si el Estado no transfiere fondos adicionales para cubrir estas subidas salariales, la comunidad se ve obligada a detraer ese dinero de otras prioridades y partidas esenciales para la ciudadanía.

Presupuestos generales

Sobre la tramitación de los Presupuestos del Estado, Asián subrayó que lo que ocurra con las cuentas generales dependerá exclusivamente de las mayorías parlamentarias en las Cortes. A su juicio, es una "cuestión distinta" a lo tratado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque este último sea un paso previo para fijar los objetivos de estabilidad. En este sentido, recuerda que las cuentas deben superar primero el trámite en el Congreso y, posteriormente, en el Senado.

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