Aviso del Ejecutivo al Estado: «No vamos a renunciar a ningún punto del 'decreto Canarias'»

El viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, aseguró este lunes que el Ejecutivo autonómico mantiene abiertas las negociaciones con el Gobierno central para sacar adelante los asuntos pendientes incluidos en el denominado decreto Canarias. Según explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno, el objetivo es aprovechar el margen de negociación existente con el Estado para materializar las medidas que aún permanecen sin resolver.

Cabello recalcó que "Canarias no va a renunciar a ninguno de los puntos del decreto" y defendió que el Ejecutivo autonómico seguirá negociando cada una de las reivindicaciones planteadas al Gobierno central. El portavoz sostuvo que la estrategia tiene como objetivo obtener "el mayor rendimiento posible" para el Archipiélago, ya sea a través del propio decreto o mediante acuerdos específicos con los distintos ministerios, y puso como ejemplo el reciente acuerdo alcanzado con el Gobierno central para transferir 23,1 millones de euros destinados a compensar el impacto del encarecimiento energético derivado de la guerra en Irán, en Oriente Medio.

El viceconsejero explicó que algunas de las iniciativas vinculadas al decreto se están abordando por otras vías, como ocurre con la cogestión aeroportuaria, sobre la que ambas Administraciones, la regional y la estatal, mantienen conversaciones. El Estado ha remitido una propuesta basada "en un 99%" en el acuerdo alcanzado con el País Vasco, sin contemplar las especificidades competenciales del caso canario. "El Gobierno del Estado nos ha hecho llegar una propuesta que lo que hace es adaptar en un 99% los términos del acuerdo entre el Gobierno vasco y el Gobierno del Estado", indicó.

Por este motivo, el Ejecutivo autonómico no estuvo del todo conforme con la propuesta remitida por el Estado y consideraron insuficiente ese planteamiento al entender que el marco jurídico de Canarias ofrece un mayor margen de participación que el modelo vasco. Según explicó, durante la reunión mantenida con los representantes del Gobierno central, la delegación canaria trasladó que el artículo 161 del Estatuto de Autonomía reconoce expresamente la participación de la comunidad autónoma en las decisiones relacionadas con la gestión aeroportuaria del Archipiélago, por lo que insiste en que el acuerdo con el Estado debe responder al Estatuto de Autonomía de 2018 y no ser una simple traslación del modelo vasco, al considerar, cabe insistir, que el texto canario reconoce un mayor margen competencial.

Tasas y precios públicos

En concreto, el Gobierno reivindica la participación de Canarias en la fijación de las tasas aeroportuarias y los precios públicos que se aplican en las instalaciones aeroportuarias del Archipiélago. El Ejecutivo autonómico considera que este aspecto tiene una incidencia directa sobre la competitividad del destino turístico y sobre la movilidad de los residentes, por lo que entiende que el Gobierno regional debe intervenir en este tipo de decisiones. Esta petición se apoya directamente en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que, según el Ejecutivo, reconoce un mayor nivel de participación de la comunidad autónoma en la gestión aeroportuaria que el previsto en el acuerdo alcanzado entre el Estado y el País Vasco.

Asimismo, el Gobierno de Canarias reclama una mayor participación en la planificación de las inversiones que Aena desarrolla en los ocho aeropuertos de interés general del Archipiélago. El objetivo es que las prioridades de inversión respondan también a las necesidades planteadas por la comunidad autónoma y no sean determinadas exclusivamente por el Estado o por el gestor aeroportuario. El Ejecutivo pretende que el futuro órgano bilateral permita intervenir en la definición de las actuaciones estratégicas que afecten a la red aeroportuaria canaria.

Un 'saco' de demandas pendientes

Otra de las demandas trasladadas durante la negociación hace referencia al nombramiento de los directores de los aeropuertos canarios. Cabello defendió que el Ejecutivo regional debe tener conocimiento previo y capacidad de participación en estas designaciones, de forma que deje de ser un mero receptor de decisiones adoptadas por la Administración General del Estado y pueda intervenir en cuestiones que afectan directamente al funcionamiento de unas infraestructuras consideradas estratégicas para Canarias.

Según explicó el portavoz, el Gobierno central ha considerado "razonables" las observaciones planteadas por el Ejecutivo autonómico y ha solicitado a la comunidad autónoma que concrete por escrito las modificaciones que considera necesarias para incorporarlas al texto actualmente sin cerrar. Una vez recibidas las aportaciones de Canarias, ambas Administraciones volverán a sentarse para revisar los cambios propuestos y continuar la negociación. La previsión del Gobierno regional es que ese nuevo encuentro se celebre antes de que finalice julio, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo que incorpore las singularidades de las competencias canarias recogidas en el Estatuto.

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