Canarias aprueba su primera Ley de Ciencia en 25 años

Canarias estrena Ley de Ciencia. Un año y tres meses después de entrar en trámite parlamentario y pese haber atravesado una profunda controversia, el Gobierno de Canarias ha conseguido sacar adelante la normativa que viene a renovar los "obsoletos" preceptos por los que se ha regido la ciencia durante los últimos 25 años. Una ley que rescata algunas de las demandas históricas del sector científico, como la financiación plurianual de las universidades , la reducción de burocracia o la atracción de talento; y añade consideraciones adicionales para atender a la doble insularidad y para atender a la idiosincrasia de Canarias como Región Ultraperiférica (RUP); pero que se queda demasiado corta a ojos del sector científico y la oposición.

El Parlamento de Canarias ha votado esta mañana por la nueva ley, que ha salido adelante gracias a los grupos que apoyan al Ejecutivo (AHI, ASG, PP y CC) que son mayoría en la cámara. La norma ha salido adelante pero con críticas. Por parte de PSOE y NC porque consideran que no es lo suficiente ambiciosa y, por parte de Vox porque, directamente, considera que no debería existir tal ley.

"Canarias lo necesitaba", sentenció la parlamentaria nacionalista, Cristina Calero, quien destacó que esta es "la ley que queríamos". "Es una ley científica a la altura de nuestras necesidades y los retos que tenemos que enfrentar" y conclusión: "hoy Canarias de La Graciosa hasta El Hierro va de mano de la investigación para ser arquitecta de su propio destino".

Viejas reivindicaciones

El nuevo texto contiene viejas reivindicaciones del colectivo, incluida la captación y retención activa de talento, un marco de financiación plurianual para las universidades, la simplificación administrativa, la creación de un calendario de convocatorias anual (para dar garantías de estabilidad a los investigadores), la creación de un entorno científico-empresarial más sólido y una promesa de inversión pública que pasará, progresivamente, del 1,3% en 2026 al 3% en 2030.

También se plantea la posibilidad de impulsar una simplificación aduanera, para agilizar o suprimir las cargas o trámites aduaneros que afecten a la importación o circulación de equipamiento, muestras, prototipos o cualquier otro servicio para desarrollar actividades de investigación.

Calero destacó, entre las novedades, la puesta en marcha de la plataforma Pasaporte Científico Canario para reducir la burocracia o la posibilidad de que los científicos tengan un marco jurídico que facilite la conciliación familiar.

El esqueleto del Sistema de Ciencia

La ley también integra otras novedades que ayudarán a configurar el que será el esqueleto del futuro de Sistema Canario de Ciencia, Tecnología e Innovación. La más importante sea, quizás, la creación del Consejo Canario Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo objetivo es asesorar al Gobierno mediante resoluciones y evaluaciones, así como una memoria anual sobre el estado de la ciencia en Canarias. El Consejo lo integrarán cuatro representantes de las universidades públicas –dos por cada una– y uno, respectivamente del Servicio Canario de la Salud, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, del Instituto Tecnológico de Canarias, del Instituto de Astrofísica de Canarias, de la Plataforma Oceánica de Canarias, de los municipios y los cabildos (Fecai y Fecam), de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera, de los parques científicos y tecnológicos, de los consejos sociales, y de los centros o institutos públicos o privados de investigación con actividad relevante en Canarias.

Esto último abre la posibilidad de que la delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Canarias corra el riesgo de quedarse fuera de este consejo, ya que el puesto solo lo puede ocupar una persona y lo disputaría, por ejemplo, con la Fundación Observatorio de Energías Renovables. Tampoco se encuentra ninguna mención a los jóvenes investigadores, aunque sí se permitirá la participación a cinco personas con una reconocida trayectoria científica o empresarial.

Entre otros menesteres, este Consejo Asesor deberá ayudar al Gobierno en la elaboración de dos de las normas clave para el desarrollo de la ley: la Estrategia Canaria de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan Canario de I+D+i.

Cambios necesarios 25 años después

La norma viene a cambiar la concepción en sí misma de la investigación en las Islas. No en vano, mientras la ley hasta ahora vigente (la ley 5/2001, de Promoción y Desarrollo de la Investigación Científica y la Innovación) estaba orientada principalmente a ordenar y coordinar la investigación que se hacía en Canarias; la Ley Canaria de la Ciencia aspira a convertir la ciencia en una política estratégica de desarrollo económico, atracción de talento, innovación empresarial y transformación del Archipiélago.

Entre las principales novedades, esta norma contiene menciones expresas – en diversos capítulos de la norma– a las universidades como el "núcleo estructural" del sistema científico, al tiempo que preserva la autonomía y libertad de investigación (mencionada hasta en 10 ocasiones a lo largo del texto). También se realiza una vinculación de la ciencia con el sistema económico y productivo, lo que queda patente en sus menciones al Régimen Económico y Fiscal (REF) que la ley no solo considera como un conjunto de incentivos tributarios, "sino como una pieza estructural del modelo de desarrollo canario".

La IA es una de las principales apuestas de esta norma y, pese a las reticencias de la oposición y las críticas de las universidades, el capítulo dedicado a esta tecnología ha resistido el periodo de enmiendas sin apenas variaciones con respecto a lo presentado en el proyecto de ley.

Una ley más integral, pero insuficiente

La oposición mostró de nuevo sus reticencias a la norma, que sale adelante, pero sin el apoyo unánime de toda la Cámara y bajo una intensa bronca política. Lo ha hecho incluso cuando el texto que ha llegado al Parlamento está mucho más cerca de la realidad científica que el Proyecto de Ley que se presentó hace un año a la Cámara, pero incluso con los avances, a la oposición y al sector científico les ha parecido insuficiente. Durante el trámite parlamentario, el Gobierno ha aceptado solo un tercio de las 82 enmiendas que recibió por parte de los grupos parlamentarios.

Precisamente este fue uno de los puntos a los que aludió Nueva Canarias, que recordó que solo se han aceptado dos de sus enmiendas. El grupo parlamentario mantuvo su negativa a apoyar la ley, ya que consideró que el texto "es pura literatura, márketing mediático", afirmó que la "ciencia está detrás de todos los desafíos" y recalcó que invertir en ciencia "no es un gasto, sino una inversión estratégica". "Tener una ley de ciencia después de 25 años debería ser un acontecimiento histórico, capaz de marcar el rumbo de la ciencia canaria los próximos años, pero no es así", recalcó Carmen Hernández, parlamentaria de NC, que insistió: "Canarias necesita una buena ley de ciencia". Además, Nueva Canarias criticó varios puntos, entre ellos la creación de la Fundación Canaria de la Ciencia, por competir en funciones con la ACISII; la falta de compromisos vinculantes con respecto a la inversión en ciencia; y el no crear una verdadera carrera científica.

La falta de apoyo a la carrera científica fue también uno de las críticas vertidas por el grupo socialista, que consideró que "a la Ley le queda aún más trabajo para ser la que necesita Canarias". Aunque la socialista Alicia Pérez admitió que "el texto presentado es mejor", criticó la falta de consenso, la falta de concreción con respecto a la carrera científica y el haber destinado "un capítulo entero" a una herramienta que "en cuatro años puede desaparecer", como es la IA.

En su turno de intervención, el parlamentario de Vox, Nicasio Galván, criticó la existencia en sí misma de la ley y se negó a apoyar la normativa. "Blas Cabrera no necesitó ley alguna para convertirse en una figura de la física, necesitó que le dejaran trabajar en paz", sentenció. También criticó las alusiones a la perspectiva de género y a la negativa del Gobierno para realizar prospecciones de tierras raras y a estudiar la viabilidad de la energía nuclear.

Críticas desde el sector científico

La norma ha salido adelante, pero con un sabor agridulce para el sector científico, que considera que mucho de lo propuesto es "papel mojado". Es el caso de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife (Jinte), que asegura que la norma ha dejado de lado a la juventud investigadora y advierten de que muchas de las medidas (como la creación del pasaporte científico canario o el calendario de convocatorias) no tendrán "alcance real". Su vocal, Sergio Siverio, critica que no hayan tenido en cuenta al colectivo y que algunas medidas solo vienen a duplicar lo que ya existe a nivel nacional.

Las universidades, por su parte, a través de una carta institucional firmada por los propios rectores han criticado su visión economicista.  "La investigación constituye mucho más que un instrumento al servicio del desarrollo económico; es una actividad esencial para el progreso del conocimiento, la formación de personas, el pensamiento crítico, la cultura, la salud, la sostenibilidad, la cohesión social y la capacidad de una sociedad para comprender y afrontar los grandes desafíos de su tiempo", remarcan los rectores.

"Resulta difícilmente justificable que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna cuenten únicamente con dos personas representantes cada una con voz y voto en un órgano cuya composición con derecho a voto es amplia y heterogénea", sentencia en la misiva, donde insiste: "no se trata de reclamar una posición de privilegio. Se trata de que la composición del Consejo Asesor responda a la realidad del sistema canario de ciencia".

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