Los gomeros acompañan a PSOE y NC en el plante al dictamen del 'caso Mascarillas'

Un Parlamento canario dividido aprobó este miércoles con el apoyo de CC, PP, AHI y Vox el dictamen de la comisión de investigación del caso Mascarillas, que sitúa al expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como máximo responsable político de las irregularidades detectadas en la compra de material sanitario durante la pandemia.

La sesión evidenció la fractura entre bloques y también una división de opiniones en el actual Gobierno autonómico, después de que la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que lidera Casimiro Curbelo, se desmarcara de sus socios en el Ejecutivo (CC, PP y AHI) para defender, junto al PSOE y Nueva Canarias, un voto particular en favor del anterior Ejecutivo del pacto de las flores (2019-2023), del que también formó parte.

CC, PP y Vox rechazaron ese voto particular al considerar que el dictamen recoge las responsabilidades políticas derivadas de la gestión de la pandemia, mientras que PSOE, NC y ASG sostuvieron que las conclusiones se basan en "suposiciones y relatos" y fueron construidas de antemano para atacar a Torres.

Torres responde: Es un ataque personal

De hecho, el ministro aseveró en las redes tras el pleno del Parlamento que durante tres años ha sufrido "un ataque personal, de calumnias e infundios, que hoy ha tenido un paso más en el Parlamento de Canarias, con las tres derechas -que se han quedado solas- intentando dañar, nuevamente, mi imagen".

El ministro fue taxativo: "Ningún dictamen tendencioso, partidista y sectario va a disuadirme de seguir defendiendo a los canarios y canarias". Es más, remarcó que "la sociedad canaria y el Gobierno del pacto de las flores (PSOE, NC, Podemos y ASG) dimos un ejemplo durante la pandemia, con el menor número de fallecidos por cada 100.000 habitantes de toda España; y por la protección de nuestros mayores".

Abandono del hemiciclo

¿Y que ocurrió en la Cámara canaria? Tras un agrio debate, PSOE, NC y ASG decidieron abandonar el pleno cuando se iba a producir la votación. Esta retirada dejó el hemiciclo prácticamente vacío, provocando que el secretario del Parlamento advirtiera a la Presidencia que no se podía proceder a la votación por falta de quórum, ya que en ese instante faltaba una persona para alcanzar el mínimo legal de 36 asistentes. La votación estuvo a punto de interrumpirse, pero finalmente se logró salvar al realizarse un nuevo recuento.

Justificación de ASG

El portavoz de ASG, Jesús Ramos Chinea, justificó el rechazo al dictamen tras analizar "miles de páginas de documentación" y decenas de comparecencias, donde "no se han alcanzado plenamente" conclusiones objetivas.

Remarcó que su decisión no respondía a "fines partidistas", sino a "hechos acreditados y no a sospechas". Recordó que el Servicio Canario de la Salud gestionó unos 1.400 expedientes de emergencia y criticó que el informe se centre únicamente en tres contratos (RR7, Soluciones de Gestión y Megalab), una "parte mínima" del total, para construir un "relato previamente construido" con el que responsabilizar a Torres.

También defendió que no puede juzgarse con la "serenidad del 2026" una gestión realizada en plena emergencia sanitaria, donde el sistema sanitario canario respondió con solvencia, y sostuvo que la comisión "no declara culpables ni es un tribunal paralelo", al recordar que el caso sigue judicializado.

Torres, responsable

El informe aprobado sitúa la responsabilidad principal en el Gobierno de Canarias y se proyecta "de manera especialmente intensa sobre Ángel Víctor Torres, así como sobre Antonio Olivera (exdirector del Servicio Canario de Salud y exviceconsejero de la Presidencia) y los responsables del área de Sanidad", según expuso en el pleno del Parlamento el presidente de la comisión parlamentaria de investigación, Raúl Acosta, de AHI.

El caso Mascarillas en Canarias partió de la adjudicación en mayo de 2020 a la empresa RR7 de un contrato de cuatro millones de euros para suministrar un millón de mascarillas FFP3, las cuales no fueron entregadas pero sí abonadas por el Servicio Canario de la Salud (SCS).

La comisión parlamentaria amplió el foco más allá y examinó también otros contratos sanitarios de la pandemia relacionados con la trama del caso Koldo, como las adjudicaciones a Soluciones de Gestión y a Eurofins Megalab.

Estructura paralela

En su intervención, la representante de CC Vidina Espino acusó a Torres de ignorar las advertencias de los funcionarios, de comprometer millones de euros en todas estas operaciones y de ocultar su verdadera implicación política.

Además, denunció que el Gobierno decidió "apartar los órganos legalmente establecidos" para sustituirlos por un "comité de gestión" que no existía jurídicamente ni tenía actas. Calificó este movimiento como la creación deliberada de una "estructura paralela y opaca" para actuar sin controles.

El diputado del PP Fernando Enseñat afirmó que la trama de corrupción de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama operó en Canarias porque Torres y Olivera "abrieron la puerta" a esta organización.

Defensa del PSOE y NC

Al respecto, la diputada del PSOE Nira Fierro acusó a los grupos proponentes de montar un "circo político" de bulos y conclusiones predeterminadas para satisfacer sus "urgencias electorales". Fierro defendió la gestión del anterior Ejecutivo y aseguró que el dictamen ignora "hechos probados", como que Canarias fue el territorio con menos fallecidos durante la pandemia. Aseveró que la comisión responde a un intento de desgastar al actual ministro, porque "la fortaleza electoral" de Torres preocupa a sus adversarios, y aseguró que el PSOE volverá a presentarlo como candidato en 2027.

En la misma línea, la portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Esther González, sostuvo que el dictamen busca "fabricar culpables" mediante una "acusación política" construida sobre una selección interesada de los hechos.

Suscríbete para seguir leyendo