La oposición acusa al Gobierno de convertir la ley de licencias urbanísticas en una "norma ómnibus"

De norma limpia a "cajón de sastre". La oposición cargó este jueves contra el proyecto de ley para la agilización de licencias urbanísticas y el impulso a la construcción de viviendas al considerar que la norma ha acabado convirtiéndose en una "ley ómnibus" en la que "cabe todo". PSOE, Nueva Canarias y Vox aprovecharon la comisión de Obras Públicas en la que se debatió y aprobó el dictamen sobre el proyecto de ley -previo al debate en el próximo Pleno de la Cámara- para criticar la deriva de la tramitación parlamentaria que ha llevado a incorporar modificaciones vinculadas a la vivienda vacacional a pesar de que la norma nació con el objetivo principal de resolver el grave problema de demoras administrativas en el otorgamiento de licencias.

El proceso ha durado meses y ha estado marcado por la presentación de decena de enmiendas. Esta mañana solo prosperaron dos transaccionales, ambas relacionadas con la regulación de las viviendas vacacionales, un hecho que la oposición utilizó para cuestionar que el texto haya terminado alejándose de su objetivo inicial. La portavoz del PSOE, Patricia Hernández, sostuvo que la iniciativa ha terminado transformándose en un proyecto de ley "ómnibus". "Aquí cabe todo", resumió durante su intervención, tras recordar que el decreto ley original contaba con apenas diez artículos y que durante la tramitación se han incorporado decenas de modificaciones promovidas por los grupos que sustentan al Gobierno.

PSOE y NC se quejan de que la ley "no solventa" los problemas de los canarios

Según la diputada socialista, el proyecto ya no solo incorpora cambios sobre vivienda vacacional, sino también "cuestiones que nada tienen que ver con vivienda, licencias ni dar solución a los ciudadanos". Incluso advirtió de que algunas de las "enmiendas incluidas" suponen rebajar requisitos en las viviendas protegidas, permitiendo construcciones en Canarias sin todos los servicios terminados. En la misma línea se expresó la portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Carmen Hernández, quien aseguró que el proyecto "no va a aportar medidas para resolver el problema" de acceso a la vivienda y cuestionó que el Gobierno haya señalado únicamente a los ayuntamientos como responsables de la demora en la concesión de licencias. Recordó que muchos retrasos obedecen a informes sectoriales de otras administraciones o a proyectos presentados con deficiencias por los propios promotores.

"Privatizar las licencias"

La diputada nacionalista fue especialmente crítica con uno de los pilares de la norma, la posibilidad de recurrir a entidades colaboradoras para elaborar los informes técnicos municipales, una medida que calificó como un intento de "privatizar las licencias de obra". En su opinión, el sistema generará "inseguridad jurídica" y provocará conflictos entre los técnicos externos y los servicios municipales. También denunció que el Ejecutivo haya aprovechado esta ley para introducir cuestiones relacionadas con la vivienda vacacional mientras rechazaba propuestas encaminadas, según dijo, a movilizar vivienda vacía, ampliar el parque público o impulsar medidas fiscales para facilitar el acceso a una vivienda a las familias canarias.

La portavoz de Vox, Paula Jover, coincidió en reprochar que durante la tramitación se hayan incorporado materias ajenas al objeto inicial del proyecto. La diputada defendió que el texto "se ha adulterado" al endurecer aspectos relativos a la vivienda vacacional que, a su juicio, generan una mayor inseguridad jurídica para los propietarios. Precisamente la vivienda vacacional fue la protagonista de las dos únicas enmiendas transaccionales aprobadas esta mañana en comisión.

"Actividad inocua"

La primera, pactada por PSOE, Nueva Canarias-Bloque Canarista y ASG, declara el uso turístico de viviendas como "actividad inocua", y modifica artículos de la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible de Uso Turístico de Viviendas que refuerzan el régimen de declaración responsable y crean la figura del "uso turístico consolidado" para viviendas vacacionales ya habilitadas. La segunda, suscrita por CC, PP, ASG y el Grupo Mixto, abre un plazo hasta el 31 de julio de 2027 para que los titulares que no hubieran presentado la comunicación previa de actividades clasificadas puedan hacerlo, con la advertencia de que, si no cumplen ese trámite, deberán cesar la actividad turística. Será en el próximo Pleno de la Cámara donde se defina si la norma finalmente sale adelante con esos cambios.

Frente a las críticas de la oposición, los grupos que apoyan al Ejecutivo defendieron que el proyecto mantiene intacto su objetivo principal de reducir la burocracia y acelerar la construcción de viviendas. La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, aseguró que la ley pretende contribuir a poner más vivienda en el mercado facilitando la disponibilidad de suelo para los ayuntamientos. Desde el Partido Popular, Luz Reverón sostuvo que el Gobierno está adoptando medidas para afrontar la crisis habitacional y restó importancia a las críticas sobre la tramitación del texto. El diputado de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos Chinea, justificó la incorporación de modificaciones sobre vivienda vacacional para aportar seguridad jurídica a pequeños propietarios y cumplir compromisos adquiridos durante la tramitación de esa normativa. En términos similares se pronunció el portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta, quien defendió que la ley incorpora herramientas "innovadoras" para agilizar licencias, facilitar suelo destinado a vivienda protegida y reducir trámites burocráticos.

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