El Estado ‘abandona’ en Canarias dos edificios y una decena de inmuebles

El patrimonio olvidado por el Estado incluye viejos juzgados, solares, oficinas, parcelas, plazas de garaje, viviendas, locales e incluso murallas y castillos. Se trata de 828 bienes inmuebles de titularidad pública repartidos por toda España a los que la Administración no les atribuye ningún uso. La lista, elaborada por la dirección general de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, incluye diez inmuebles vacíos ubicados en Canarias, seis en la provincia de Las Palmas y otros cuatro en Santa Cruz de Tenerife.

El inventario canario lo conforman varios pisos que pertenecieron a las Autoridades Portuarias y tres edificios de oficinas que el Estado utilizó durante años para distintos fines, pero que ahora están sin uso o casi vacíos. Desde la Dirección General de Patrimonio explican que dentro del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado no se incluye como tal una categoría de «edificios públicos vacíos», pero sí de «edificaciones de carácter patrimonial» –es decir, que no están afectadas a un uso o servicio público– «que no están arrendadas o cedidas a terceros». O, lo que es lo mismo, que no tienen utilización alguna, al menos según consta oficialmente a la Administración.

70 metros cuadrados

Canarias no es de las comunidades con más propiedades abandonadas, pero tampoco ocupa los últimos puestos. En la provincia oriental el Estado cuenta con tres pisos construidos en 1965, ubicados en la calle Juan Rejón, de la capital grancanaria. Viviendas de unos 70 metros cuadrados en bloques que pertenecieron a la Autoridad Portuaria y que se destinaban a alojar a los trabajadores del puerto. Inmuebles similares, también en Las Palmas de Gran Canaria y con el mismo tamaño, se ofertan actualmente en los portales digitales por un coste de 2.840 euros el metro cuadrado. El valor de las tres viviendas alcanza, según los datos de evolución del precio de la vivienda de Idealista, los 596.400 euros.

En Santa Cruz de Tenerife el Gobierno central también cuenta con un par de viviendas. Una casita de 100 metros cuadrados en el municipio de La Orotava, en la calle Claudio, con una parcela de 159 metros cuadrados, y otro piso, en la capital de la isla, de 78 metros cuadrados en la calle Ramón Pérez Ayala. Las estadísticas de precios de Idealista sitúan en valor de ambas propiedades en unos 432.317 euros.

En total, cinco inmuebles vacíos valorados en más de un millón de euros en un momento en el que la crisis habitacional ahoga a las familias canarias. Una problemática causada, en parte, por la escasez de oferta.

Sin actividad

Además, el Estado tiene en las dos islas capitalinas dos edificios de oficinas que ahora se encuentran vacíos y otro con varias plantas sin uso. En Tenerife, en los números 27 y 29 de la avenida Francisco La Roche –más conocida como avenida de Anaga–, no hay actividad desde hace años. Uno de los edificios funcionó mucho tiempo como edificio de «usos múltiples» y el otro perteneció a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y se utilizaba para albergar a los estibadores.

En el listado que ofrece la Dirección General de Patrimonio aparece también un tercer edificio de oficinas y viviendas en el número 12 de la Avenida Primero de Mayo, en la capital grancanaria. La edificación, de 1967, se construyó con la idea de ser la sede del Movimiento Nacional, pero con el paso del tiempo ha tenido múltiples usos. El inmueble cuenta, según los datos de Catastro, con nueve oficinas, seis plazas de garaje y seis viviendas repartidas en seis plantas. Aunque el inmueble aparece como «vacío» lo cierto es que una parte sí que se está utilizando.

Segunda y tercera planta

La segunda y la tercera planta pertenecen a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y están cedidas a la Fundación Canaria de Juventud IDEO y a la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (Fucas). En la primera planta el Ministerio de Trabajo y Economía Social cuenta con una sede del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). El resto está sin uso.

¿Cómo le han llegado al Estado todos esos inmuebles? La procedencia es variada; hay desde antiguas viviendas de funcionarios hasta promociones públicas, viviendas transferidas entre organismos, inmuebles que nunca llegaron a venderse, herencias, decomisos, expropiaciones... ¿Por qué el Estado los mantiene vacíos? Preguntado por el asunto, el Ministerio de Hacienda no ha dado explicaciones.

La dirección general subraya también que se trata de bienes de naturaleza muy diversa y «no siempre susceptible de habitabilidad». En algunos casos, el Estado ha tratado de enajenar el bien a través de subastas, que en algunos casos quedaron desiertas; y en otros ha abierto procedimientos para conocer si era el legítimo propietario.

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