La Asociación Francisco de Vitoria denuncia el colapso informático de la Justicia por los fallos en el sistema Atlante

Las Secciones Territoriales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) manifiestan su más absoluto y firme respaldo al acuerdo adoptado elviernes por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), mediante el cual se elevó una queja formal y contundente al Ejecutivo autonómico por las reiteradas y graves incidencias del sistema de gestión procesal Atlante.

Desde la AJFV denuncian que en este lunes, 13 de julio, la situación de colapso informático persiste. El sistema continúa inoperativo, sumando ya cinco días consecutivos de ralentización extrema y bloqueos que imposibilitan el trabajo diario en los órganos judiciales del Archipiélago.

Paralización de la Administración de Justicia

"Resulta inaceptable que los miembros de la carrera judicial se vean imposibilitados para realizar un trámite tan esencial como la firma electrónica de resoluciones procesales", denuncian los jueces de la AJFV. "Esta anomalía técnica se traduce en una paralización material y absoluta del servicio público".

Los representantes comparten "la alarma expresada por el TSJC respecto a los servicios de guardia". "La imposibilidad de tramitar actuaciones urgentes e inaplazables sitúa a la Justicia en Canarias en una situación de extrema gravedad, poniendo en serio riesgo la protección de los derechos fundamentales y vulnerando frontalmente el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva", explican.

Exigencia de soluciones urgentes y definitivas

Los integrantes de la carrera judicial en Canarias no pueden seguir prestando sus funciones en estas "condiciones de precariedad tecnológica constante", que además afectan de manera injusta a su rendimiento y a la percepción ciudadana del funcionamiento de la Justicia, por causas que son totalmente ajenas a los propios órganos judiciales.

Por todo ello, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria se suma a la exigencia del TSJ de Canarias y requiere al Gobierno autonómico la implementación inmediata de un plan de contingencia técnico, integral y definitivo que ponga fin a las carencias estructurales del sistema Atlante de una vez por todas.