Las claves del sistema de llamamientos del Servicio Canario de Salud que los sanitarios piden cambiar

El actual modelo de gestión de las listas de empleo en el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha alcanzado un nivel de saturación que los sindicatos califican de «problema histórico» y que ha tocado fondo. Bajo el paraguas de la Orden del 3 de junio de 2011, se rige un sistema de contratación que los profesionales tildan de «obsoleto», actuando más como un repelente de talento que como un imán para atraer sanitarios a las Islas. Esta normativa obliga a miles de enfermeros, médicos, auxiliares, celadores, fisioterapeutas, entre otros trabajadores eventuales del sistema sanitario, a permanecer en un estado de ansiedad constante, donde el sonido del teléfono móvil se percibe como una amenaza debido al miedo a las sanciones laborales y económicas inmediatas.

La vigilancia permanente anula cualquier posibilidad de vida privada, ya que si el terminal suena y no se responde en el acto, las consecuencias administrativas son fulminantes. Los trabajadores denuncian que se ignora sistemáticamente el derecho a la desconexión digital, obligando a los sanitarios a situaciones que rayan en lo surrealista, como ducharse con fundas impermeables para el móvil o renunciar a actividades básicas como hacer deporte o ir a la compra por miedo a perder la cobertura. Esta situación mantiene a los profesionales encadenados al servicio público las 24 horas del día, incluso en festivos o periodos de descanso semanal.

Diez días sin sueldo ni empleo

Según lo estipulado en el BOC N.º 121, cualquier llamada no atendida supone el paso automático a la situación de «no disponible» en las listas de empleo. Aunque el profesional logre devolver la comunicación en un plazo de 48 horas para intentar reactivarse, el sistema impone una penalización obligatoria de diez días hábiles. En la práctica, al sumar los fines de semana, este castigo administrativo supone casi medio mes sin recibir ingresos, una medida que los afectados consideran que «juega con la comida de la gente» en un contexto de alta precariedad.

La rigidez del protocolo genera escenarios absurdos donde se penaliza a los sanitarios por estar cumpliendo con su deber. Se han documentado casos de profesionales sancionados por no coger el móvil mientras realizaban intervenciones de cirugía, atendían urgencias de Atención Primaria o simplemente dormían tras haber completado una agotadora guardia nocturna. Incluso la enfermedad es motivo de castigo: profesionales como Pilar V. relatan haber sido sancionadas con diez días de inactividad por estar enfermas en el momento del llamamiento, bajo la amenaza de exclusiones de hasta un año si no se presenta un parte médico de forma inmediata.

Riesgos para la seguridad del paciente

La precariedad no solo se manifiesta en el acceso, sino en la calidad de los contratos. Sanitarios como Irene Toledo denuncian haber firmado casi cien contratos de días o incluso horas en apenas cuatro años, una inestabilidad que erosiona gravemente la salud mental del colectivo. A esto se suma un agravio económico notable; una enfermera en un turno de noche percibe unos 4,50 euros brutos la hora, una cifra que los sindicatos consideran «esclavista» para la responsabilidad que asumen. Además, en Atención Primaria, los enfermeros deben utilizar sus propios vehículos para visitas domiciliarias y transportar muestras biológicas sin protocolos de seguridad adecuados, asumiendo riesgos personales y materiales que la administración no cubre.

Otro punto crítico es la gestión por números que ignora la especialización, enviando a personal sin experiencia a unidades de cuidados críticos o de pediatría, lo que supone un grave riesgo asistencial tanto para el paciente como para el profesional. Esta ineficiencia es tal que el SCS llega a realizar hasta 100 llamadas para cubrir un solo contrato, ya que las sanciones masivas vuelven las listas inoperativas. Ante esta fuga de sanitarios al extranjero, organizaciones como SATSE y CESM exigen una reforma urgente que elimine las penalizaciones para dar oxígeno a las plantillas, mientras la Consejería de Sanidad mantiene la normativa bajo un análisis que los trabajadores consideran demasiado lento.

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