El Informe Anual de Transparencia confirma mejoras en las administraciones y un aumento del 18% de las reclamaciones

La comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Noelia García, presentó este martes en el Parlamento de Canarias el Informe Anual correspondiente a 2025 en presencia de la presidenta de la Cámara Astrid Pérez. El documento constata que la transparencia continúa avanzando en el Archipiélago, aunque las reclamaciones aumentaron un 18% respecto al año anterior.

La responsable del Comisionado, que comparecerá este viernes en la Comisión de Gobernación para dar cuenta del informe, aseguró que "la transparencia en Canarias sigue consolidándose de manera importante" y defendió que el Archipiélago se ha convertido en una comunidad "referente" en esta materia. Según explicó, otras comunidades autónomas ya muestran interés por el sistema de evaluación desarrollado en Canarias, basado en el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), que calificó de "específico y único" en el ámbito nacional.

Durante 2025 el Comisionado recibió 912 reclamaciones y resolvió 892, siendo el silencio administrativo el principal motivo de los recursos presentados por la ciudadanía. Del total de expedientes admitidos a trámite, el 85% fueron estimados total o parcialmente, mientras que alrededor del 90% de las resoluciones emitidas acabaron siendo cumplidas por las administraciones afectadas.

"La ciudadanía cada vez es más exigente y quiere ejercer su derecho a conocer la información pública", afirmó García Leal, quien lamentó que muchas administraciones "siguen sin contestar" a las solicitudes de acceso. La comisionada recordó además que las resoluciones del órgano "no son meras recomendaciones", sino de obligado cumplimiento, por lo que las administraciones únicamente pueden ejecutarlas o recurrirlas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La responsable del Comisionado señaló que la mayor parte de las incidencias se concentran en la Administración local, donde los ayuntamientos acumulan el mayor número de reclamaciones. Atribuyó esta situación, en parte, a la falta de personal que sufren muchos consistorios, aunque insistió en que esa circunstancia no puede justificar que las solicitudes ciudadanas queden sin respuesta.

Mejora de las evaluaciones

El informe también constata un avance en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa. Durante 2025 fueron evaluadas 408 entidades del sector público, de las que el 92,4% participaron en el proceso. La nota media alcanzó los 8,44 puntos, mientras que las administraciones públicas territoriales obtuvieron un 8,33, mejorando los resultados del ejercicio anterior y consolidando una tendencia positiva iniciada con las primeras evaluaciones en 2016.

Entre las entidades mejor valoradas figuran las universidades públicas, que obtuvieron la máxima calificación (10), seguidas de los cabildos insulares (9,61), la Comunidad Autónoma (9,02) y las asociaciones públicas (9,23). El informe destaca además la consolidación del Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias) como un sistema de evaluación "objetivo y homogéneo" y señala que durante 2025 se incorporaron herramientas de inteligencia artificial para facilitar tanto la evaluación como el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

En el ámbito privado fueron convocadas a evaluación 1.101 entidades, entre ellas, por primera vez, los partidos políticos con representación parlamentaria, así como las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Participaron 784 entidades, con una nota media de 7,47 puntos, y más del 82% superó la evaluación.

Más medios para el Comisionado

Pese a los avances, García Leal insistió en la necesidad de reforzar el Comisionado de Transparencia. El organismo cuenta actualmente con una plantilla de 11 personas, que considera insuficiente para atender el incremento de las reclamaciones y las nuevas funciones asumidas en materia de evaluación, formación, asesoramiento y acompañamiento a las entidades obligadas.

En este sentido, el informe concluye que el aumento sostenido de la actividad hace "imprescindible" reforzar los recursos humanos y técnicos del órgano garante para responder con eficacia a las demandas ciudadanas. Asimismo, recuerda que durante 2025 se aprobó el primer Plan Estratégico 2025-2029, concebido para modernizar la institución, mejorar la accesibilidad de la transparencia y consolidar el papel del Comisionado como referente nacional en esta materia.

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