Una de cada tres entidades privadas que recibe ayudas públicas en Canarias 'pasa' de las obligaciones de transparencia

La comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno de Canarias, Noelia García, hizo entrega este miércoles en el Parlamento de Canarias del Informe anual de Transparencia 2025. El documento presentado a la presidenta de la Cámara autonómica, Astrid Pérez, revela que 31 entidades que percibieron cantidades de 500.000 euros o superiores en subvenciones o ayudas públicas incumplen las obligaciones de publicidad activa. Siete de ellas ya habían sido declaradas incumplidoras en evaluaciones anteriores.

El informe analiza, entre otras cuestiones, el comportamiento de las 1.066 entidades privadas obligadas a someterse al sistema de evaluación del Comisionado. Están obligadas aquellas entidades privadas que perciban ayudas de la Administración autonómica por un importe superior a 60.000 euros, o bien que reciban más de 100.000 euros en conjunto de una o varias administraciones públicas canarias.

Las corporaciones analizadas gestionaron 516 millones de euros en subvenciones del estado.

En conjunto, estas organizaciones gestionaron durante 2024 hasta 516,2 millones de euros de fondos públicos. De esa cantidad, 416 millones de euros (80,6%) correspondieron a entidades que sí cumplieron con sus obligaciones de transparencia, mientras que 100 millones de euros (19,4%) fueron percibidos por esas entidades catalogadas como incumplidoras.

El Comisionado considera incumplidoras a aquellas entidades que, pese a estar obligadas por la Ley de Transparencia, no presentan la declaración ni la documentación necesarias para ser evaluadas. Entre otras obligaciones, deben publicar información sobre su organización y responsables, las subvenciones y ayudas recibidas, los contratos y convenios suscritos con las administraciones públicas, sus cuentas anuales y otra información económica y de gestión que garantice el acceso de la ciudadanía a esos datos.

El 82,7% de las compañías que se sometieron al examen cumplió con los requisitos exigidos por el órgano público.

Aunque el informe constata una mejora respecto al ejercicio anterior, el volumen de incumplimientos sigue siendo relevante. El porcentaje de entidades subvencionadas que no se sometieron a la evaluación descendió ligeramente, pasando del 30% al 29%, lo que supone una reducción de apenas un punto porcentual. No obstante, entre las organizaciones que sí participaron en el proceso, el grado de cumplimiento mejoró de forma notable: 625 entidades aprobaron y 131 suspendieron, situando el índice de aprobados en el 82,67%, frente al 70% registrado en la evaluación correspondiente a 2022-2023.

Las entidades incumplidoras que más fondos recibieron

Sin embargo, el informe pone el foco en algunas entidades que, pese a recibir importantes cantidades de dinero público, no cumplieron con las obligaciones de transparencia. Entre ellas figuran Skydweller Canarias SL, beneficiaria de 7,66 millones de euros; SPV Scala SL, con 5 millones; la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro), con 4 millones; Cruz Roja Española, que recibió 3,98 millones de euros, o la Comunidad Energética de la Zona Industrial de Arinaga, con 3,46 millones de euros en subvenciones públicas.

El listado de reincidentes incluye, además, entidades como la Asociación de Familias de Personas con Autismo de Las Palmas, Didácticas Galois SL o Canarias Auxiliares y Suministro SL, que ya figuraban como incumplidoras en la evaluación anterior. Pese a ello, y a que han recibido nuevas subvenciones por parte del Gobierno autonómico, volvieron a no someterse al control correspondiente del Comisionado.

Pese a estos datos, el balance general del sector privado ha resultado positivo. La nota media de las entidades perceptoras de subvenciones aumentó de 6,15 a 7,45 puntos, consolidando una tendencia ascendente en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. El Comisionado destaca que más del 82% de las entidades evaluadas superó el examen y que cada vez son más las organizaciones que incorporan la transparencia como una práctica habitual de gestión.

Entre las medidas impulsadas para favorecer ese cumplimiento figura la creación de un portal de transparencia estandarizado, utilizado ya por el 37,3% de las entidades evaluadas, con el objetivo de facilitar la publicación de la información exigida por la normativa y homogeneizar los criterios de transparencia entre organizaciones de muy distinto tamaño y capacidad técnica.

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