Canarias avanza en la protección a la infancia con la hoja de ruta del modelo Barnahus

El Gobierno de Canarias está elaborando una hoja de ruta para implantar el modelo Barnahus, de atención integral para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, especialmente de abuso sexual infantil, en el sistema de protección de la infancia y adolescencia del Archipiélago. El objetivo es mejorar la atención a los menores y adaptar la respuesta institucional a los principios de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi). Así lo manifestó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, en el marco de la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que tuvo lugar este jueves en Madrid.

La iniciativa contempla el desarrollo de proyectos piloto, la formación de profesionales y la coordinación entre las distintas administraciones implicadas, con la finalidad de extender este modelo a todas las islas.

La propuesta apuesta por crear espacios integrales en los que jueces, psicólogos, médicos y trabajadores sociales puedan intervenir de manera coordinada, reduciendo el impacto que los procedimientos judiciales tienen sobre los niños y niñas.

La experiencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, primer órgano judicial de España especializado en la atención a menores víctimas de violencia, ha servido como referencia para avanzar en esta implantación. Tras varios años como proyecto piloto, su funcionamiento y el volumen de casos atendidos permitieron su consolidación como sección especializada.

La hoja de ruta del Ejecutivo autonómico incluye también la incorporación de recursos destinados a proteger a los menores durante las diligencias, como sistemas de grabación de alta calidad para evitar la repetición de testimonios y programas de intervención con perros de apoyo que contribuyen a reducir el estrés y la ansiedad durante el proceso judicial.

Violencia vicaria

Delgado recordó que el Gobierno de España aprobó el pasado martes un proyecto de ley contra la violencia vicaria, que ahora deberá ser sometido a debate en el Congreso de los Diputados, y que entre otras medidas, contempla la retirada de la patria potestad a los padres condenados por agredir a sus parejas o a sus hijos.

"En los diferentes comités de crisis en los que hemos visto el análisis de todos los asesinatos de violencia machista ocurridos en los meses anteriores y también en el Observatorio Estatal de violencia contra las mujeres, hemos hecho aportaciones a esos cambios normativos que debían producirse para que las leyes estuvieran acompañando y protegiendo a las mujeres", anotó la consejera. "Nos parece muy importante que ahora en la ley ya esté definida qué es la violencia vicaria, a qué afecta y que nos dé mayores instrumentos para actuar contra ella. Lo que es muy relevante es que se retire la patria potestad desde que haya una sentencia contra un maltratador", agregó.

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