El Estado plantea que abogados de oficio representen a los menores migrantes sin aclarar quién financiará el servicio

Todo son incógnitas sobre quién representará a los menores migrantes que llegan a Canarias sin la compañía de un adulto familiar. El Ministerio de Juventud e Infancia plantea que esa función recaiga en abogados de oficio a través del sistema de justicia gratuita, pero sigue sin aclarar cómo se implantará el mecanismo ni quién asumirá su financiación. Una cuestión especialmente relevante, ya que la asistencia jurídica gratuita corresponde financiarla a las comunidades autónomas, es decir, en este caso a Canarias.

La propuesta abre un nuevo escenario de incertidumbre en torno a una figura clave en el proceso de identificación y protección de los menores. Las dudas podrían empezar a despejarse la próxima semana, durante la Conferencia Sectorial de Inmigración. "¿Quién va a correr con los gastos de la figura del representante del menor? Porque la justicia gratuita les corresponde financiarla a las comunidades autónomas, y a nosotros no se nos ha dicho nada", planteó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, al término de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este jueves con el Estado. La reivindicación del Ejecutivo autonómico es clara: "Lo que queremos es que se oiga a las comunidades. No podemos seguir en la ignorancia de cómo se va a articular esta medida", reclamó Delgado. Si se atiende a los precedentes de Canarias en esta materia, el Ejecutivo autonómico ha destinado alrededor de 4,5 millones de euros en los dos últimos años a la asistencia jurídica de oficio vinculada a la migración.

Es el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), en vigor desde hace más de un mes, el marco que prevé la creación de la figura del representante del menor, llamada a velar por sus derechos y reforzar sus garantías. Es, prácticamente, la única novedad que incorpora el texto en materia de infancia migrante. Pero las incógnitas que rodean su aplicación mantienen la medida, por ahora, en el aire. Ese limbo era precisamente el que Canarias pretendía despejar este jueves. Las respuestas, o al menos las esperadas, no llegaron.

La situación actual de las Islas

"El Ejecutivo ha destinado alrededor de 4,5 millones en los dos últimos años a la asistencia jurídica vinculada a la migración"

El escenario preocupa especialmente a Canarias, porque mientras las incógnitas siguen sin despejarse, las costas del Archipiélago continúan recibiendo embarcaciones con menores a bordo. Solo en los últimos tres días han llegado más de 80 niños y adolescentes, y aun cuando, por la situación de contingencia migratoria declarada en las Islas tras triplicar su capacidad de acogida, estos menores deberían ser trasladados a la Península en un plazo máximo de 15 días, la realidad es muy distinta. "Pueden pasar cuatro, cinco o incluso seis meses entre que se dicta la resolución de traslado, la comunidad autónoma de destino habilita la plaza y el traslado se hace efectivo", denunció la consejera Candelaria Delgado. Los efectos en la red de acogida son claros. Mientras tanto, el Archipiélago asume la atención de los menores en un sistema de acogida sometido desde hace meses a una fuerte presión por la llegada sostenida de niños y adolescentes sin referentes familiares. A esa sobrecarga se suma ahora una nueva incertidumbre: quién velará por sus derechos desde el momento en que pisan territorio europeo.

La financiación

Otro de los asuntos que Canarias llevó a la Conferencia Sectorial fue la reclamación de un aumento de la financiación destinada a la atención de la infancia migrante. Si bien la Conferencia Sectorial acordó el reparto de 35 millones de euros para la acogida de menores, con la ausencia de Castilla y León, Aragón y Extremadura (donde las consejerías o áreas del ramo tienen a Vox a los mandos) y la abstención de Murcia, el Gobierno de Canarias considera insuficiente esa dotación para hacer frente a la situación que mantiene el Archipiélago. Una demanda cuya respuesta se complica en un contexto sin Presupuestos Generales del Estado. "Estamos acogiendo a más del triple de los 783 menores que nos corresponderían según los criterios de reparto, por lo que es necesario que la financiación estatal se adapte a la realidad asistencial que soporta Canarias", defendió la consejera. En este sentido, reclamó que el Estado recupere la aportación extraordinaria de 100 millones de euros que el pasado año destinó a financiar la aplicación del real decreto-ley que modificó la Ley de Extranjería.

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