El primer plan de playas permitirá a 45 municipios disponer de socorristas

El primer plan de seguridad de las playas de Canarias permitirá que 45 de los 88 municipios de las Islas –los que tienen menos de 20.000 habitantes– desplieguen de forma regular y con todas las garantías legales equipos de salvamento y socorrismo en sus principales zonas de baño. La Consejería de Política Territorial prepara un programa con el que poner fin a un vacío normativo que hace que muchos de estos ayuntamientos carezcan de este servicio esencial. El problema es especialmente grave al ser el Archipiélago la segunda comunidad española con más muertes por ahogamiento (69 en 2025 en sus 1.500 kilómetros de costa), solo superada por Andalucía (81). Hay otro dato que hace que esta carencia sea relevante: el 61% de estas muertes eran evitables, al producirse porque no se respetaron las prealertas y otras señales como las banderas rojas.

El plan canario de playas es una demanda de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que lleva años exigiendo un programa regional de socorrismo para los municipios con menos población que aporte la financiación y la regulación suficiente para garantizar una prestación que muchos no pueden ofrecer por falta de medios y presupuesto. Este instrumento no solo aportará fondos con partidas específicas, sino que incluirá un sistema de coordinación entre administraciones, campañas de sensibilización y un censo pormenorizado –en elaboración– de las zonas de baño con sus principales características y el nivel de necesidad de medios presenciales de vigilancia, en base a factores como el número de visitantes o el grado de riesgo.

La Consejería de Política Territorial ha decidido coger el toro por los cuernos tras la laguna jurídica y administrativa provocada por una sentencia de hace tres años. El Tribunal Supremo anuló en 2023 el Decreto 116/2018 del mismo Gobierno de Canarias que regulaba las medidas de seguridad, prevención y coordinación de emergencias en las playas y otras zonas de baño marítimas de las Islas. Fue la Fecam la que llevó este decreto a los tribunales pues obligaba a los municipios de menos de 20.000 habitantes a contratar estos servicios profesionales de control, comprar material y redactar complejos planes de seguridad sin asignar partidas presupuestarias concretas, ni ayudas económicas para cubrir estos elevados costes, ni criterios para su redacción.

El Supremo concluyó que el Decreto 116/2018 carecía de rango legal y de una previsión financiera suficiente. Pero lo anuló sobre todo porque según la Ley de Bases de Régimen Local, la norma que regula el funcionamientos de los ayuntamientos, los municipios con menos de 20.000 habitantes no tienen la obligación legal de prestar servicios de protección civil o vigilancia costera por sí mismos.

Marcos Lorenzo, viceconsejero de Emergencias del Ejecutivo regional, anuncia que la elaboración del plan «ya ha comenzado» y que la idea es ponerlo en marcha «lo antes posible», sin imposiciones pero con un contenido centrado en la colaboración, a través de un decreto. Luego se incorporaría a la Ley de Protección Civil de Canarias, que el Ejecutivo espera dejar encarrillada esta legislatura. Lorenzo sabe muy bien cómo proceder para evitar los problemas legales del decreto de 2018. Era alcalde de Tijarafe (La Palma), es decir, responsable de uno de los ayuntamientos afectados y miembro de la Fecam, cuando la federación llevó el Decreto 116/2018 a los tribunales.

Ahora, en el otro lado, ha entendido desde el principio que el Gobierno de Canarias debía resolver ese vacío aportando un marco regulatorio claro, completo y con plenas garantías para ofrecer una asistencia regular y continuada en el tiempo –en especial en las fechas de mayor afluencia de bañistas a la costa– que considera «imprescindible» para extender la seguridad a todas las playas de las Islas, no solo a aquellas de los municipios con más población –más de 20.000 habitantes– y por tanto más medios.

Ya desde el inicio de esta legislatura, y en espera de poder desarrollar el plan de playas –en el que ya se trabaja–, el Ejecutivo presidido por el nacionalista Fernando Clavijo tuvo claro que debía dar ayudas a aquellos ayuntamientos pequeños que las solicitaran para desplegar medios de salvamento en sus zonas de baño más importantes. Marcos Lorenzo admite que se ha venido haciendo sin ese marco regulatorio esencial, pero al menos ha servido para cubrir una demanda en aquellos consistorios que las han solicitado . Estas subvenciones han permitido que algunas de estas localidades dispusieran de vigilantes en puntos determinados de sus costas.

Las ayudas de 2025

En 2025 se repartieron 1,5 millones de euros. Se acogieron a estas ayudas menos de la mitad de los ayuntamientos a los que iban destinadas, en concreto 20 de 45. Los que recibieron las mayores partidas fueron El Rosario (Tenerife, 217.000 euros) y Yaiza (Lanzarote, 168.000 euros). También lo hicieron con cantidades inferiores los siguientes consistorios: , San Juan de la Rambla, Los Silos, Buenavista del Norte, Garachico (Tenerife), San Andrés y Sauces, Breña Baja, Breña Alta, Tazacorte, Puntallana, Barlovento (La Palma), San Sebastián de La Gomera, Alajeró, Valle Gran Rey (La Gomera), San Bartolomé (Lanzarote), Valverde, El Pinar (El Hierro), Agaete y Moya (Gran Canaria).

Uno de los municipios que ha exigido con más insistencia acabar con este limbo es Arico. El Ayuntamiento recuerda que «no corresponde a los municipios» resolver este vacío, sino al Gobierno canario, que es la administración competente para legislar en esta materia, establecer el marco jurídico que ampare a los ayuntamientos y dotar de la financiación necesaria para garantizar un servicio «esencial» para la seguridad de residentes y visitantes. Por algunos puntos de su litoral –Playa Grande, Abades, El Porís– pasan miles de personas y en ninguno de ellos hay socorristas.

El primer plan de las playas nace para rellenar este agujero. La idea es que el decreto se pueda aprobar antes de mayo de 2027, cuando acaba la legislatura. Los ayuntamientos no tendrán que sufragar este servicio pero sí deberán cumplir algunos requisitos, como actualizar los planes de seguridad o desplegar la señalética de advertencia en caso de riesgo, para lo que también recibirán ayuda y orientación.

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