El «doble silencio» de las administraciones se enquista en la transparencia: la mitad de las reclamaciones se quedan 'en visto'

Los ciudadanos de a pie ya no son los únicos que se enfrentan al silencio administrativo cuando intentan ejercer su derecho de acceso a la información pública en Canarias. A la falta de respuesta a sus solicitudes se suma ahora un «doble silencio». El Comisionado de Transparencia tampoco recibe respuesta cuando interviene para tratar de esclarecer la reclamación. Las administraciones y entidades públicas canarias acumularon en 2024 y 2025 un total de 613 expedientes -el 49% del total-, en los que no respondieron ni a la petición de información formulada por el ciudadano ni, posteriormente, al trámite de audiencia concedido por el órgano garante.

Las instituciones dejaron sin responder el 49% de los expedientes entre 2024 y 2025, incluso después de que se les requiriera explicaciones

El problema, además, ha ido en aumento. En 2024, el Comisionado abrió 571 trámites de audiencia y recibió respuesta en 284, por lo que 287 quedaron sin atender. Un año después, fueron 669 los trámites iniciados y 343 los atendidos, lo que dejó otros 326 sin contestación. Son 39 casos más que el ejercicio anterior, un incremento cercano al 14%. Esta evolución evidencia que la intervención del órgano que, en principio, debería ser garante de esa transparencia tampoco consigue que las administraciones den explicaciones sobre por qué no facilitaron la información solicitada.

Sin respuesta tampoco al Comisionado

El trámite de audiencia es una de las fases que se inicia una vez admitida una reclamación y permite a la entidad afectada presentar alegaciones y aportar la documentación relacionada con la petición de información. Su falta de colaboración no impide que el Comisionado continúe con la tramitación del expediente y dicte la correspondiente resolución, pero sí supone que el procedimiento avance sin que la administración reclamada haya expuesto su posición ante el órgano encargado de resolver el conflicto.

Ocho de cada diez demandas ocurren porque el organismo público no atiende

La ausencia de contestación es, de hecho, la principal puerta de entrada de las reclamaciones al Comisionado. El pasado año, el 82% de las 912 presentadas tuvo su origen en el silencio administrativo, frente al 79% que representa este motivo en el conjunto del periodo comprendido entre 2015 y 2025. Las reclamaciones provocadas por la falta de respuesta aumentaron, además, un 19% respecto a 2024. El 18% restante se repartió entre impugnaciones de resoluciones estimatorias totales o parciales, que representaron el 11%; resoluciones de inadmisión, con un 4%; y desestimaciones, con un 3%.

El predominio del silencio administrativo confirma que la mayor parte de los conflictos no nace de una negativa expresa a facilitar la información, sino de la ausencia de cualquier respuesta por parte de la administración. Solo cuando el ciudadano decide reclamar interviene el Comisionado y, como reflejan los datos del informe, esa segunda oportunidad tampoco consigue romper el silencio en cientos de expedientes.

El número de reclamaciones ante el órgano garante también continúa creciendo. El Comisionado recibió 912 reclamaciones durante 2025, frente a las 773 contabilizadas un año antes, un incremento del 18%. La tendencia ya se había registrado en el ejercicio anterior, cuando las reclamaciones habían crecido un 20% respecto a las 644 de 2023. En apenas dos años, por tanto, el número de expedientes presentados ha pasado de 644 a superar los 900, reflejo de un aumento sostenido de los conflictos relacionados con el acceso a la información pública.

El Ayuntamiento de Fuencaliente 'por mucho' a la cabeza

La mayor parte de esas reclamaciones volvió a dirigirse contra las entidades locales. El 62% tuvo como destinatarios a ayuntamientos y organismos dependientes, frente al 23% correspondiente a la Administración autonómica y el 13% a los cabildos. En total, 122 entidades distintas fueron objeto de alguna reclamación durante 2025, una muestra de que el problema afecta a la práctica totalidad de los niveles de la administración pública.

Entre todas las administraciones, el Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma volvió a encabezar la clasificación con 90 reclamaciones, seguido por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, con 54, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con 52. El mayor incremento lo protagonizó el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que pasó de 10 a 40 reclamaciones en solo un año.

Presidencia destrona al Servicio Canario de la Salud

A diferencia de años anteriores, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad pasa a ser el departamento de la Administración autonómica que concentra un mayor número de reclamaciones, con 54 expedientes, cinco más que el año anterior. De esta forma releva al Servicio Canario de la Salud, que reduce las reclamaciones recibidas de 52 a 29.

Tras ambos organismos figuran la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, con 27 reclamaciones, y la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, con 21. Estas dos consejerías, junto con Presidencia, reúnen el 51% de las reclamaciones dirigidas a la Administración autonómica. Si se añade el Servicio Canario de la Salud, las cuatro entidades acumulan el 65% del total registrado en este ámbito durante 2025.

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