El Estado amenaza a Canarias con actuaciones si no designa en 15 días al representante de menores

"Profunda perplejidad". El limbo jurídico en el que permanecen los menores migrantes no acompañados ante la ausencia de un representante durante la fase de triaje —el primer procedimiento de identificación y evaluación tras su llegada— ha abierto un nuevo frente de tensión entre Canarias y el Estado.

El Gobierno autonómico pretendía abordar este jueves, en la Conferencia Sectorial de Migraciones —finalmente suspendida por falta de quórum tras una "espantada" de las comunidades autónomas gobiernadas por el PP—, la falta de información sobre la atención que deben recibir los menores, tal y como establece el Pacto Europeo de Migración y Asilo. La ausencia de respuestas ha derivado en un choque institucional con el Gobierno de España.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha dado un plazo de 15 días para que la Comunidad Autónoma designe a los representantes de los niños que llegan a las Islas sin la compañía de un familiar adulto. Una figura prevista en el Pacto Europeo de Migración y Asilo que, un mes después de su entrada en vigor, sigue sin concretarse. En caso de incumplimiento, el Estado amenaza con posibles actuaciones.

Ante la postura del Estado, la respuesta del Ejecutivo autonómico es clara y su negativa al requerimiento es contundente: "Vamos a responder a ese requerimiento negándonos porque no se ha establecido por parte de los ministerios del Estado español cómo se va a hacer ese protocolo ni quién tiene que estar en ese triaje", denunció la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado. La Delegación del Gobierno en Canarias ha evitado pronunciarse sobre el asunto.

Todo son incógnitas en torno a esta figura, la única medida específica que el pacto prevé para reforzar la protección de la infancia migrante. Aunque hace apenas una semana el Estado planteó que esa representación pudiera recaer en abogados de oficio, la propuesta llegó sin aclarar cómo se financiaría ni cómo se articularía su aplicación. Ahora, y con un plazo de 15 días sobre la mesa para cumplir con la orden, Canarias denuncia que tampoco existe un protocolo que defina cómo debe desarrollarse esta obligación, quién debe asumir esa representación o cuáles serán sus funciones. La única cuestión que fija con claridad la normativa europea es la ratio de representantes: cada uno podrá hacerse cargo de hasta 30 menores en situaciones de crisis y de 15 en circunstancias ordinarias.

Las comunidades autónomas

"Lo que no pueden hacer es actuar de manera unilateral. Hay que abrir vías de diálogo y de colaboración institucional porque, aunque sea una competencia del Estado, así lo establece el Pacto Europeo de Migración y Asilo, muchas de las actuaciones que contempla ese pacto corresponden a las regiones. Tenemos que intervenir y participar en ese proceso. Eso no se le escapa a nadie. Por eso vamos a seguir exigiendo formar parte de la toma de decisiones que afecta a esta materia", defendió Delgado, quien insistió además en la voluntad de colaboración del Gobierno de Canarias.

Pero si hay algo que han denunciado las comunidades autónomas - especialmente Canarias y el País Vasco, como principales fronteras sur y norte de España - es la escasa implicación de las regiones en la implantación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. En este contexto, la consejera Candelaria Delgado trasladó a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, con quien se reunió tras la suspensión de la Conferencia Sectorial, que resulta "especialmente llamativo" que esta exigencia se formule sin haber explicado previamente a las comunidades autónomas el alcance de las obligaciones derivadas del reglamento ni haber fijado criterios comunes para su aplicación en todo el territorio nacional.

La "espantada" del PP

Por su parte, Elma Saiz lamentó la "espantada" de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. "Esto es lo que el PP tiene para España: la nada, la ausencia y la espantada. El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para convertirse en un partido antisistema", afirmó. Además, anunció la convocatoria de una reunión bilateral con Canarias el próximo 26 de agosto para abordar los asuntos que estaban previstos en el orden del día de la reunión de este jueves. "Nos reuniremos para tratar todos los puntos del orden del día y abordar todas las cuestiones pendientes", explicó Delgado tras un encuentro privado mantenido con la ministra.

Más allá del pacto europeo, otro de los asuntos que el Gobierno esperaba abordar en la Conferencia Sectorial era el balance del proceso extraordinario de regularización impulsado por el Ejecutivo central, con el que inicialmente se esperaba regularizar la situación de más de medio millón de personas migrantes. Los resultados han superados las expectativas, pero la suspensión de la reunión impidió conocer los datos sobre el desarrollo de la medida. En este contexto, la ministra reprochó a la Comunidad de Madrid que "no le interesaba saber que hay más de 50.000 personas que ya están cotizando" en la región "y que vienen precisamente del importantísimo proceso de la regularización extraordinaria".

Las reuniones

Antes del inicio del encuentro, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, que ejerció de portavoz de las comunidades gobernadas por el PP, criticó la "política migratoria opaca e irresponsable" del Ejecutivo central. "El Gobierno ha vaciado la Conferencia de su verdadera finalidad, que es la cooperación entre administraciones", afirmó en declaraciones a los medios.

Desde el Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el PP, evitaron pronunciarse sobre el plantón protagonizado por las comunidades del Partido Popular. Eso sí, Delgado defendió la necesidad de mantener el diálogo institucional y reivindicó la Conferencia Sectorial como el espacio adecuado para trasladar las discrepancias con el Estado. "Yo le tengo que recriminar a los ministerios muchísimas cosas y vengo a las conferencias sectoriales o a las reuniones bilaterales para hacerlo. Y cuando no me hacen caso en esas conferencias, acudo a los tribunales, que es lo que hay que hacer en un Estado de Derecho. Tenemos libertad de expresión y, si un asunto no está en el orden del día, existen los ruegos y preguntas para plantearlo. Lo que hay que hacer es venir aquí y hablar. Si hay que pelear, se pelea aquí, y si hay que llamar la atención al Estado, lo hago dentro y fuera de estas reuniones", defendió Candelaria Delgado.

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